Durante años, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca, han construido un sistema de control que combina armas, extorsión, economías ilegales y regulación de la vida cotidiana. No estamos hablando simplemente de una banda que cobra extorsiones de manera ocasional. Estamos hablando de una organización armada que, según investigaciones recientes, ha conseguido imponer mecanismos de control sobre una parte importante de la economía y del territorio de Santa Marta y de su corredor turístico.

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz estimó que cerca del 95 % de los prestadores de servicios del corredor turístico entre Santa Marta y Palomino estarían sometidos a extorsiones y calculó esas rentas entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales. El dato debería obligarnos a mirar el problema de otra manera: cuando una organización armada obtiene miles de millones de pesos de una economía legal mediante amenazas, ya no estamos únicamente frente a un problema de seguridad. Estamos frente a una disputa por el control económico de una región.

Y hay una contradicción particularmente dolorosa.

Santa Marta es uno de los lugares más extraordinarios de Colombia. Pocas ciudades tienen una geografía semejante: el Caribe frente a la ciudad, la Sierra Nevada elevándose detrás de ella y, en esa Sierra, una de las mayores riquezas culturales del país, representada por los pueblos indígenas que han habitado ese territorio durante siglos y que han construido alrededor de él una relación espiritual y cultural profundamente distinta de nuestra concepción convencional del territorio.

Los pueblos indígenas de la Sierra la llaman el corazón del mundo.

Resulta difícil pensar en una contradicción mayor: uno de los lugares más bellos y culturalmente ricos de Colombia sometido a una realidad en la que organizaciones armadas pretenden imponer reglas, cobrar tributos y disputar al Estado el control efectivo del territorio.

Los Pachenca no son una autoridad. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra no son una autoridad. No son los dueños de la Sierra Nevada ni de Santa Marta. El nombre que una organización armada se dé a sí misma no transforma su naturaleza ni le concede legitimidad.

No hay conquista legítima cuando el control se sostiene mediante armas, amenazas y extorsiones.

Por eso lo que está ocurriendo en Santa Marta puede convertirse en la batalla más importante que está dando en este momento el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

No necesariamente por el tamaño de la ciudad ni por el número de habitantes. La importancia está en otra parte. Santa Marta representa una prueba concreta de la capacidad del Estado para recuperar una función elemental de cualquier República: que ninguna organización armada pueda convertirse en autoridad paralela y decidir quién trabaja, quién paga, quién circula y quién puede desarrollar una actividad económica.

Ese es el verdadero problema político.

Un comerciante que paga una extorsión no está haciendo una transacción comercial. Está reconociendo, bajo amenaza, una autoridad distinta a la del Estado. Un empresario turístico que tiene que pagar para poder operar no está simplemente asumiendo un costo ilegal. Está siendo sometido a un sistema de poder que pretende reemplazar la autoridad pública.

Y allí está la dimensión más importante de esta crisis.

Santa Marta es hoy una batalla por la legitimidad del Estado.

La respuesta, por eso, no puede consistir únicamente en enviar más uniformados durante una coyuntura de violencia. El Estado tiene que recuperar el control territorial, pero también debe desmontar el poder económico que permite a estas organizaciones sobrevivir. Tiene que perseguir las estructuras de extorsión, seguir las rutas del dinero, proteger a los comerciantes que denuncien, intervenir las redes asociadas al narcotráfico y evitar que las cárceles se conviertan en centros de coordinación criminal.

Tiene que conseguir algo mucho más sencillo de decir que de lograr: que un ciudadano pueda abrir un negocio sin pedirle permiso a un grupo armado.

Y aquí aparece el turismo.

El turista llega a Santa Marta para conocer una ciudad, descansar, comer, contratar una excursión, visitar la Sierra o recorrer el Caribe. No llega pensando que una parte de la economía en la que está participando puede encontrarse sometida a una estructura de extorsión.

Por eso resulta inaceptable que el turismo, que debería ser una de las grandes fuentes de empleo, inversión y desarrollo de Santa Marta, pueda convertirse en una de las fuentes de financiación de quienes pretenden controlar la ciudad.

El turista no puede terminar financiando, aunque sea indirectamente y sin saberlo, el poder de quienes amenazan a los comerciantes que hacen posible su experiencia.

Esto convierte el problema en un asunto nacional.

Santa Marta no es únicamente de los samarios. Es una de las principales puertas turísticas de Colombia y uno de los lugares mediante los cuales el país se presenta ante el mundo. Su bahía, su patrimonio histórico, sus playas, el Tayrona y la Sierra Nevada hacen parte de un patrimonio que trasciende a la ciudad.

Por eso este es un momento en el que el Estado debe ejercer toda la legitimidad que le corresponde.

No se trata solamente de recuperar una carretera después de un paro armado. No se trata solamente de impedir que una organización cierre los comercios durante unos días. Se trata de demostrar que en Colombia la autoridad no se negocia con grupos armados.

Que la extorsión no es un impuesto.

Que el narcotráfico no es una economía legítima.

Que una organización armada no puede convertirse en gobierno local.

Que una montaña no puede tener dueños armados.

Y que los ciudadanos no tienen por qué escoger entre pagar o arriesgar su vida.

Por eso Santa Marta merece la atención de todo el país. De los empresarios, de los trabajadores del turismo, de los comerciantes, de los samarios y, especialmente, del Gobierno nacional.

Esta puede ser una oportunidad para demostrar que la recuperación de la seguridad no consiste solamente en responder a cada episodio de violencia, sino en desmontar las estructuras que producen esa violencia y recuperar las condiciones para que la economía legal vuelva a funcionar sin intermediarios armados.

Lo que está en juego en Santa Marta es mucho más que la temporada turística.

Está en juego quién manda.

Y esa pregunta, en una República, solamente puede tener una respuesta.

Santa Marta no necesita otro dueño. Necesita que vuelva a mandar la República.