Seykutukunumaku: la Línea Negra que protege la vida en la Sierra

Quien ha visto la Sierra al amanecer entiende que no se trata solo de montañas. Es una respiración antigua que desciende desde los picos nevados hasta el mar. Hace unos años, en uno de mis viajes, un mamo arhuaco me dijo: “si cuidas la naturaleza, la naturaleza cuidará de ti”. Entonces comprendí que la Sierra no es únicamente un paisaje: es una enseñanza viva. Es el murmullo de los ríos abriéndose paso entre piedras sagradas. Son los pueblos y sus historias, transmitidas en voz baja alrededor del fuego, mientras el viento recorre los caminos invisibles que conectan la montaña con la costa.

En ese entramado espiritual y natural existe algo que el Estado llamó “Línea Negra”. Pero para el pueblo kogui su nombre es Seykutukunumaku. No es una línea en el mapa. No es una frontera administrativa. Es una red viva de sitios sagrados que enlaza el agua, la tierra, el aire y el fuego; un sistema de equilibrio que, según los mamos, sostiene no solo a quienes habitan la Sierra sino a todo el Caribe.

Por eso resulta tremendamente lamentable que el Consejo de Estado haya anulado el decreto 1500 de 2018, expedido por el gobierno de Juan Manuel Santos, que ampliaba de 54 a 348 los sitios sagrados reconocidos dentro de ese territorio ancestral en la Sierra Nevada de Santa Marta. Más allá de las discusiones técnicas sobre cartografía y consulta previa, lo que se cae no es solo un acto administrativo: es un intento de ordenar y proteger integralmente un ecosistema en riesgo.

La decisión, reseñada por la revista Cambio, argumenta que el decreto fue expedido sin contar con la cartografía oficial definitiva y sin agotar la consulta previa con todas las comunidades étnicas involucradas. Son observaciones jurídicas que deben tomarse en serio. Pero mientras el debate se libra en expedientes y despachos, la Sierra sigue enfrentando amenazas muy reales.

La Sierra es una fábrica de agua. De sus montañas nacen ríos que abastecen pueblos enteros en Magdalena, Cesar y La Guajira. Lo que ocurre allí no se queda allí: fluye hacia el mar Caribe, hacia las planicies, hacia los sistemas que sostienen la agricultura y la vida urbana. Dañar la Sierra no es un problema local; es un riesgo regional.

En los senderos que conducen a Ciudad Perdida, uno puede escuchar hoy una mezcla de lenguas: turistas, guías, vendedores, autoridades indígenas. El turismo ha traído ingresos, sí, pero también una presión creciente sobre ecosistemas frágiles. Cuando no existe una planificación ambiental rigurosa ni una coordinación clara entre Estado y autoridades tradicionales, el impacto se acumula en silencio: residuos, erosión, expansión informal.

A esa presión económica se suma una realidad más oscura. En varias zonas de la Sierra persisten estructuras criminales que controlan rutas, imponen extorsiones y condicionan la vida cotidiana de comunidades indígenas y campesinas. En territorios donde el Estado llega tarde o llega débil, cada vacío normativo es una oportunidad para que otros impongan su ley.

El decreto de 2018 buscaba precisamente evitar esa fragmentación: establecer un marco claro para que cualquier proyecto —turístico, minero, portuario o de infraestructura— supiera de antemano cuáles eran los límites sagrados y cómo debía coordinarse con las autoridades indígenas, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional a lo largo de varios fallos.

Sin ese marco integral, el país vuelve al escenario de litigio permanente. Cada obra deberá discutirse caso por caso. Cada intervención podrá ser suspendida. Cada tensión escalará. Y en esa incertidumbre suelen imponerse quienes tienen más recursos o más capacidad de presión, no necesariamente quienes defienden el equilibrio ecológico.

Seykutukunumaku no es una metáfora romántica. Es una forma de entender el territorio como un sistema interdependiente. Es reconocer que la montaña y el mar están conectados, que el agua que baja de los picos nevados sostiene ciudades enteras, que los sitios de pagamento no son vestigios del pasado sino puntos vivos de relación con la naturaleza.

Lo verdaderamente grave de la anulación no es solo la caída de un decreto. Es el mensaje de fragilidad institucional que deja en un territorio que ya carga demasiadas tensiones: turismo mal gestionado, intereses económicos en expansión, inseguridad persistente y comunidades que siguen defendiendo su derecho a existir según su cosmovisión.

Si algo debería surgir ahora es un compromiso urgente y serio: reconstruir la delimitación con cartografía definitiva, consulta amplia e inclusión de todas las comunidades, pero sin diluir la protección. Porque el deterioro ambiental no espera a que se resuelvan las controversias jurídicas.

Quien ha caminado la Sierra sabe que allí todo está conectado. Desatar uno de sus hilos —por técnico que parezca el argumento— puede desbalancear el tejido entero. Y ese tejido, el de Seykutukunumaku, no pertenece solo a los pueblos indígenas: sostiene la vida de una región entera.