«El título de esta publicación surge de la frase pronunciada por una persona simpatizante del partido de gobierno en medio de la marcha de rechazo al atentado realizado por el ELN a la Escuela de Cadetes General Santander en enero de 2019: “No se va a negociar, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene”. Sus palabras fueron premonitorias; este fue el camino elegido por el gobierno de Iván Duque. Así lo muestra la realidad de los territorios mayormente afectados por la guerra que hoy, otra vez, transitan, en palabras del profesor Gutiérrez Sanín, un nuevo ciclo de violencia.»
La Fundación Paz y Reconciliación (PARES) recientemente publica un informe que no deja de preocupar de cara a las elecciones y de cara a la próxima presidencia. Las cifras y el estudio riguroso muestra una situación crítica en varias regiones del país.
Hay 22 conclusiones claves en el informe pero para efectos de está columna quisiera resaltar 11 puntos que dan suficiente contexto para comprender el terrible atraso en materia de seguridad, DDHH y política regional que tenemos en Colombia, y en dónde el gobierno de Iván Duque ha sido un actor importante:
1) En 420 municipios del país hay presencia de Grupos Armados Organizados, es decir, en el 37% del territorio nacional.
2)En el periodo 2016-2022 se registraron 191 masacres en el territorio nacional. A partir de 2018, año de posesión del gobierno Duque, las masacres aumentaron exponencialmente. El aumento más dramático ocurrió entre 2019 y 2020, en más del 300%.
3)Según cifras recopiladas por el Ministerio de Defensa,
en el año 2020 los casos de secuestro, terrorismo, atentados
a infraestructura crítica y las acciones subversivas aumentaron
con respecto de los años anteriores. El caso más dramático es el de las acciones terroristas que pasaron de 208 en 2019 a 405 en 2020.
4)Durante 2020, prácticamente en todo el territorio nacional hubo un aumento en los asesinatos contra líderes y lideresas sociales. Solo en Cauca ocurrieron 61 hechos. A esta cifra le siguió Antioquia con 29 casos; y Nariño, con 22.
5)Aunque en el grueso de asesinatos no se reconocen presuntos perpetradores, las disidencias de FARC-EP son las principales responsables de ataques contra líderes y lideresas sociales, con por lo menos 60 casos. Le sigue el Clan del Golfo, con 33 casos y el ELN con 24. Llama la atención que presuntamente, la Fuerza Pública sería responsable de 16 asesinatos contra esta población.
6)Desde la firma del Acuerdo, el año 2018 fue el año que más registró homicidios, víctimas de minas antipersonal y desplazamiento a nivel nacional, en gran medida, producto de la agudización de las confrontaciones entre Grupos Armados Organizados. A partir de este año, la tasa de homicidios de los 281 municipios del posconflicto se distancia en más de 10 casos del promedio nacional.
8)los vencederos de las violencias organizadas del posconflicto son el Clan del Golfo, el ELN y los GAPF o disidencias (principalmente la línea de “Gentil Duarte”). Se hace una mención especial a estos últimos por su vertiginoso crecimiento desde el año 2017 llegando a equiparar al ELN en términos de presencia territorial.
9)• Aunque las investigaciones-y ojo con esto- de la
Casa Blanca y de Naciones Unidas se contradicen alrededor de las hectáreas con hoja de coca —la primera sostiene que están en aumento desde 2016 y la segunda en reducción desde 2018—,concuerdan en que en 2020 la producción de cocaína aumentó un 8%. De hecho, concuerdan en que cada año se produce más cocaína en el país.
10) Según Naciones Unidas, en el 92% de hectáreas de coca que han sido erradicadas de manera forzada hay resiembra, mientras que en el caso de la sustitución de cultivos, pactada el Acuerdo, la resiembra llega solamente al 0.8%.
11) Colombia, como otros países con altos niveles de biodiversidad en los que hubo acuerdos de paz, se vio afectada por un aumento significativo en la deforestación. La Amazonía es una víctima ambiental del posconflicto, con 612.300 hectáreas deforestadas entre 2016 y 2020.
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Es difícil situar en grado de importancia esta lista, pero lo cierto es que la situación actual que vive Colombia es crítica, se han desaprovechado 4 años de pos-conflicto y quien sea que quede de Presidente, se encontrará con un país devastado por la pobreza (20 millones de seres humanos bajo la línea de pobreza, personas que viven con menos de 3000 pesos diarios) y un problema profundo de orden público e ingobernabilidad. Las anacronías de nuestro conflicto y la tragedia humanitaria que quizás alcanza su cúspide en un hecho como la masacre de El Remanso Putumayo hacen pensar en Colombia como una quimera Garciamarquiana, una guerra eterna y comunidades condenadas a cien años de soledad.♦
Para leer el Informe Completo:
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Diego Aretz es un periodista y activista Colombiano, ha sido columnista de medios como Revista Semana, Nodal, El Universal, colaborador de El Espectador, ha sido jefe de comunicaciones del Festival Internacional de Cine de Cartagena, jefe de Comunicaciones del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Así mismo es jefe de comunicaciones del Consejo Nacional de Bioética y consultor de Terre Des Hommes Alemania.