Petro y la Lista Clinton

Ernesto Samper entendió algo hace décadas, cuando Estados Unidos le retiró la visa en medio del proceso 8.000: el castigo no era administrativo. Era político. Era un mensaje de poder. Y frente a eso tomó una decisión que, les guste o no sus críticos, terminó convirtiéndose en un gesto de dignidad personal: nunca más volvió a pedirla.

Podían aislarlo. Podían señalarlo. Pero no iban a verlo rogando.

Con Gustavo Petro ocurrió exactamente lo contrario.

Durante meses, buena parte de los movimientos políticos y diplomáticos del presidente parecían atravesados por una obsesión silenciosa: evitar terminar —o salir cuanto antes— de la llamada Lista Clinton. Y no era paranoia. Cualquiera que entienda lo que significa entrar allí comprende por qué un mandatario, un empresario o una figura pública harían prácticamente cualquier cosa por impedirlo.

Porque la Lista Clinton —las sanciones OFAC administradas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos— no es simplemente una lista negra. Es una muerte financiera internacional. Quien entra allí queda prácticamente expulsado del sistema económico occidental: bancos que cierran cuentas, empresas que rompen relaciones, activos congelados, restricciones para mover dinero y un efecto devastador sobre familiares, socios y entorno político. No hace falta una condena penal. Basta la decisión política de Washington.

Y entonces ocurrió lo que durante meses parecía imposible para un presidente colombiano en ejercicio.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti.

El mensaje fue demoledor.

Porque Washington no sancionó solamente al jefe de Estado colombiano. Sancionó a su círculo más íntimo. A su familia. A su entorno político más cercano. Y con ello convirtió el problema en algo mucho más profundo que una disputa diplomática.

Ya no se trataba solamente de restricciones financieras.

Se trataba de destruir legitimidad.

Porque las sanciones OFAC tienen precisamente esa característica: contaminan todo alrededor. Nadie quiere hacer negocios con alguien incluido allí. Bancos internacionales bloquean operaciones. Empresas evitan relaciones. Gobiernos toman distancia. El sistema entero actúa como si la persona estuviera marcada.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurrió alrededor de Petro durante los meses posteriores.

La Presidencia de Colombia terminó firmando un contrato de diez mil millones de pesos para buscar una salida jurídica y política frente a las sanciones estadounidenses. Pero el escándalo no fue solamente la cifra. Fue el destinatario.

El Gobierno contrató a una microempresa británica de apenas dos empleados llamada Amadeus Consultancy. Una firma con activos cercanos a las 57 mil libras esterlinas, sin trayectoria reconocida como gran bufete internacional y operando desde una oficina prefabricada en un polígono industrial del noroeste de Inglaterra.

La empresa recibiría cerca de 2,7 millones de dólares en apenas 112 días. Treinta y cinco veces su patrimonio.

Y el detalle más impactante quizá sea otro: el contrato no incluía defender jurídicamente al Estado colombiano ni litigar formalmente ante tribunales estadounidenses. La consultora debía simplemente elaborar “recomendaciones”, análisis y conceptos técnicos sobre cómo enfrentar las sanciones internacionales.

Es decir: diez mil millones de pesos públicos para intentar recuperar legitimidad frente a Washington.

Pero además apareció un elemento todavía más delicado políticamente: distintos reportes periodísticos comenzaron a señalar vínculos y relaciones previas entre Amadeus Consultancy y el entorno de Alex Saab, el empresario colombiano recientemente extraditado y convertido en una de las figuras más sensibles del entramado financiero del chavismo.

Y ahí la situación deja de ser solamente escandalosa para convertirse en profundamente simbólica.

Porque el gobierno que durante años construyó un discurso moral contra las élites, el imperialismo y las redes tradicionales de poder internacional terminó recurriendo a una pequeña firma extranjera, ligada además a personajes del universo político venezolano, para intentar resolver su crisis frente a Washington.

Todo esto hace todavía más simbólico el origen político de la historia.

Porque meses antes, en Central Park, Nueva York, Petro apareció con un megáfono lanzando discursos incendiarios contra el poder estadounidense y contra Donald Trump. No fue en cualquier lugar. Fue en el corazón simbólico de Estados Unidos. En la ciudad que representa el mito personal de Trump. La ciudad donde construyó su fortuna, su apellido y su narrativa de poder. La ciudad donde se levanta la Trump Tower.

Hay algo que muchos todavía no terminan de comprender sobre Trump: negocia todo, pero no olvida nada.

Trump puede sentarse con sus adversarios, sonreír, conversar y tomarse fotografías. Lo ha hecho toda su vida. Una semana antes de destruir políticamente a alguien puede estar negociando con esa misma persona. Así funciona su lógica de poder.

Por eso las fotografías posteriores, los acercamientos diplomáticos y los permisos especiales nunca significaron necesariamente reconciliación.

Semanas antes de la captura y traslado de Nicolás Maduro a territorio estadounidense —uno de los gestos más contundentes de poder militar y dominación geopolítica de la administración Trump en América Latina— existían conversaciones y contactos. Porque Trump es un negociante. Pero también es un hombre profundamente resentido.

Se resiente con periodistas que lo contradicen. Con celebridades que lo atacan. Con antiguos aliados que considera desleales. Y probablemente también con líderes extranjeros que decidieron desafiarlo públicamente en su propia ciudad.

Petro quizás confundió capacidad de negociación con ausencia de memoria.

Y ahí apareció el verdadero problema político.

A pocos meses de abandonar la Presidencia, Gustavo Petro ya no tenía margen suficiente para negociar directamente con Washington una eventual salida de la Lista Clinton. Un eventual gobierno de continuidad progresista tampoco tendría demasiado capital político para lograrlo.

Paradójicamente, quien sí podría tener capacidad real de interceder por el presidente Petro sería un gobierno de derecha.

Un gobierno alineado históricamente con Estados Unidos. Un gobierno dispuesto a reconstruir una relación clásica, disciplinada y estratégica con Washington. Un gobierno capaz de pedir “ese favor” dentro de una lógica de cooperación irrestricta.

Pero surge entonces la pregunta más incómoda de todas:

¿por qué lo harían?

¿Por qué ayudarían ellos políticamente al hombre más importante del progresismo colombiano?

Porque mantener a Petro cercado internacionalmente tendría una enorme utilidad política interna. No afectaría solamente a un expresidente. Afectaría a la principal figura simbólica de la izquierda colombiana durante años. A su familia. A su entorno. A su capacidad económica y de movimiento internacional.

Sería, además, un mensaje continental.

La izquierda latinoamericana pasó años construyendo un relato antiestadounidense mientras, al mismo tiempo, dependía profundamente de la legitimidad financiera y diplomática del propio sistema occidental.

Quizás, en tres años, un cambio de administración en Estados Unidos podría abrir una ventana distinta. Tal vez un presidente demócrata estaría dispuesto a revisar las sanciones, reconstruir canales diplomáticos o desescalar políticamente el caso Petro. Pero incluso eso es profundamente incierto. Porque las sanciones de Washington rara vez dependen solamente de afinidades ideológicas. También dependen de intereses estratégicos, de presiones internas y, sobre todo, de símbolos de poder.

Y ahí es donde la comparación con Samper termina siendo demoledora.

A Samper le quitaron la visa y jamás volvió a pedirla. Transformó la sanción en una forma de dignidad política. Petro, en cambio, termina dejando la imagen opuesta: la de un hombre que pasó del discurso antiimperialista a la necesidad desesperada de recuperar legitimidad ante el mismo poder que desafió durante años.

Porque al final, la tragedia política de Gustavo Petro no fue entrar a la Lista Clinton.

Fue demostrar cuánto necesitaba nunca haber entrado allí.