Museo de la memoria

Cuando se llega a Bogotá desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, y se avanza por la calle 26 hacia los cerros verdes que cobijan a nueve millones de almas, aparece el Museo de la Memoria de Colombia. No es un edificio terminado, pero sí una presencia difícil de ignorar: una obra en construcción que, en medio del tránsito cotidiano, plantea preguntas sobre lo que el país recuerda y lo que aún evita nombrar.

Desde cerca, es algo más complejo: un intento de darle forma a una memoria que sigue en disputa.

Una tarde lluviosa de estos días entrevisté a su directora, Adriana María González Maxcyclack, para entender qué significa hoy la reactivación de la obra del museo.

En Colombia, la memoria no fracasa: se interrumpe. Se aplaza, se discute, se pone en duda, se vuelve sospechosa. Y, a veces, cuando intenta tomar forma concreta, cuando se vuelve edificio, presupuesto, cronograma, el país parece exigirle una pureza que no le exige a nada más.

Durante años, el Museo de Memoria de Colombia fue el blanco perfecto de esa impaciencia. Una estructura detenida, un esqueleto de concreto en Bogotá que permitía una conclusión fácil: aquí no pasó nada. “Elefante blanco”, repetían muchos, como si el nombre resolviera la incomodidad de fondo. Pero en Colombia, lo inconcluso rara vez es simple negligencia. A menudo es síntoma.

Porque mientras el museo parecía detenido, el conflicto no lo estaba.

“Esto sucede porque la ciudadanía aún no ve el avance que nosotros desearíamos, pero esa situación tiene una lógica y una razón de ser”, dice la directora del museo. Y en esa frase hay una defensa, pero también una constatación: el país mira rápido, juzga rápido, olvida rápido. La memoria, en cambio, funciona con otra velocidad.

El retraso, tres años acumulados desde que inició la obra en 2020, tiene explicaciones técnicas: un contratista que incumple, una Agencia Nacional Inmobiliaria que declara ese incumplimiento, un entramado de demandas que paraliza todo. Pero incluso esa explicación, precisa y necesaria, no alcanza a tocar el núcleo del problema.

Aquí la directora se detiene en lo que pocas veces se entiende afuera: “hay unos temas jurídicos asociados a esto que nos está atendiendo la Agencia Nacional Inmobiliaria. Ellos están demandando al contratista y a la interventoría, y el contratista, a su vez, está demandando al Estado. Entonces lo primero fue entender el estado real del contrato, organizar absolutamente toda la información y, a partir de ahí, saber cuánto cuesta reactivar el proyecto”.

Ese cálculo no es menor. Reactivar la obra implica cerca de 100.000 millones de pesos en precios de 2024. “Y ahora la tarea es conseguir los recursos”, dice. De ahí la estructuración de un nuevo proyecto de inversión que se extiende entre 2025 y 2027, con asignaciones progresivas que apenas empiezan a materializarse.

Porque el museo no se retrasó solo por razones jurídicas. Se retrasó también en un país donde la memoria sigue siendo incómoda.

El reciente anuncio del reinicio de la construcción, presentado como “un hito de dignidad para las víctimas”, llega en un momento en el que hablar de memoria sigue siendo, en sí mismo, una toma de posición. No porque deba serlo, sino porque el país lo ha vuelto así.

En ese contexto, el lema que impulsa hoy el Centro Nacional de Memoria Histórica, “todas las memorias, todas”, suena menos a consigna y más a desafío.

¿Cómo se narra “todo” en un país donde el diálogo es frágil, donde las versiones del pasado no solo difieren sino que se excluyen mutuamente? ¿Cómo se construye un relato común en una sociedad atravesada por desconfianzas, miedos y silencios heredados?

La apuesta es, de facto, radical. Y también riesgosa.

“Había que poner la casa en orden”, dice la directora del museo sobre la llegada de la actual administración. Pero ordenar, en este caso, no fue solo resolver un litigio o conseguir recursos. Fue también hacerse una pregunta más difícil: qué memoria se está construyendo, y para quién.

Ahí aparece el nombre de María Valencia Gaitán, cuya gestión ha insistido en revisar y reactivar no solo la obra física sino el relato que la sostendrá. Porque un museo de memoria no es una colección de hechos, es una forma de organizarlos, de darles sentido, de decidir qué voces se escuchan y cómo.

“La obra es el cascarón, pero lo de adentro es lo que realmente se va a mostrar”, dice la directora del museo. Y enseguida aterriza esa idea en decisiones concretas: “hemos avanzado en las narrativas de las salas, en espacios como ‘Cacofonía’ o ‘Nuestra América, nuestra memoria’, y en todo el recorrido central. Pero eso solo es posible si la obra física avanza, porque sin ese espacio no hay dónde poner esa conversación”.

Y ese “adentro” es, quizás, el lugar más conflictivo de todos.

El museo propone tres salas iniciales: conflicto, territorios, resistencias. Una línea de tiempo que intenta explicar las causas estructurales de la guerra, desde las disputas por la tierra hasta la irrupción del narcotráfico y los distintos actores armados. Luego, una mirada a cómo esa guerra se vivió en las regiones. Y, finalmente, un espacio para las respuestas de las comunidades: sus formas de resistir, de narrar, de reconstruir.

Pero esa propuesta no nace de cero. “Esto es un trabajo que se ha venido haciendo con las organizaciones desde hace años”, explica. “El museo recoge procesos como ‘Voces para transformar Colombia’ y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Lo que hicimos fue actualizar ese plan museológico bajo un concepto que llamamos ‘umbral’, que invita a las personas a entrar en experiencias donde van a ser parte del proceso”.

Sobre el papel, la secuencia es clara. En la práctica, no lo es tanto.

Porque contar el conflicto en Colombia implica inevitablemente tocar heridas abiertas. Implica nombrar responsabilidades en un país donde aún hay actores armados, donde las violencias mutan, donde el pasado no termina de pasar.

Dialogar, en ese contexto, no es fácil. Y quizás nunca debió serlo.

Tal vez haya algo que reconocer ahí: que la dificultad misma del diálogo es prueba de que sigue siendo necesario.

El museo insiste en que no es solo un edificio en Bogotá. Habla de una dimensión territorial, de más de 300 lugares de memoria en el país, de comunidades que deciden cómo quieren recordar. Habla de una dimensión virtual, de acceso abierto a esos relatos.

“Son espacios construidos por las comunidades para dignificar lo ocurrido”, dice la directora. “No necesariamente son lugares del horror. Pueden ser bosques, casas, senderos. Lugares donde la gente decide cómo recordar”.

Es, en teoría, un intento de descentralizar la memoria.

Pero incluso esa apuesta enfrenta un límite: el país sigue profundamente fragmentado. No todas las memorias quieren encontrarse. No todas confían en las otras. No todas creen en el Estado como mediador.

Y aun así, el museo propone reunirlas.

El 9 de abril habrá una puesta en escena: testimonios, música, una línea de tiempo, experiencias sensoriales. No será la inauguración del edificio, sino algo más provisional. Una especie de ensayo público de lo que podría ser el museo.

“Va a ser un evento muy emotivo”, explica. “Van a estar organizaciones de víctimas, cantaoras, familias buscadoras, pueblos indígenas. La idea es que la gente entienda el museo antes de que exista completamente”.

“Es conectar a la gente con algo: decirle ‘esto está vivo’”, añade.

La frase tiene algo de insistencia, casi de urgencia. Como si el mayor riesgo no fuera el retraso de la obra, sino la pérdida de sentido.

Sería fácil reducir esta historia a una narrativa de ineficiencia estatal o, en el otro extremo, a una épica institucional. Ninguna de las dos alcanza.

Lo que ha ocurrido con el Museo de Memoria es más incómodo: revela la dificultad de un país para mirarse a sí mismo sin simplificaciones.

Y, al mismo tiempo, evidencia el esfuerzo, parcial, discutible, pero real, de intentar hacerlo.

Hay que decirlo con claridad: reiniciar esta obra no era inevitable. Requería decisiones, recursos, voluntad política. Requería asumir el costo de continuar algo que muchos ya daban por perdido.

En ese sentido, la administración actual ha hecho algo que no siempre se reconoce: volver posible lo que estaba detenido.

Cualquiera que llegue después tendrá que entender ese punto de partida. Y, más aún, tendrá que decidir qué hacer con él.

En Colombia, la memoria no es un terreno estable. Es un espacio en disputa permanente.

Quizás por eso el museo, incluso antes de terminarse, ya es lo que intenta ser: un lugar incómodo.

Un lugar donde no todo encaja. Donde las versiones chocan. Donde el diálogo se hace urgente. Y donde, precisamente por eso, algo importante puede ocurrir. No porque el país haya resuelto su pasado. Sino porque, a pesar de todo, todavía insiste en no dejar de mirarlo.