¿puede la UBPD seguir dando resultados con pocos recursos?
Desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016, la búsqueda de las más de 124,000 personas desaparecidas en Colombia ha sido una de las tareas más desafiantes y fundamentales para la construcción de una paz duradera. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) fue creada como un mecanismo esencial para atender esta deuda histórica con las víctimas. Sin embargo, la cruda realidad es que esta institución enfrenta una asfixia presupuestal que amenaza con frenar su ya compleja labor.
En 2023, la UBPD recibió un presupuesto de aproximadamente 78,000 millones de pesos colombianos. Aunque esta cifra podría parecer considerable, queda muy por debajo de lo necesario para cumplir con las exigencias logísticas, técnicas y humanas que implica la recuperación e impulso a la identificación de cuerpos de personas dadas por desaparecidas en un país donde los crímenes del conflicto armado dejaron un legado de fosas comunes y desapariciones sistemáticas. Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto actual de esta institución equivale a menos del 0.05% del presupuesto general de la nación, una proporción absolutamente baja si se considera la magnitud del problema.
El impacto de este subfinanciamiento es evidente. Hasta la fecha, la UBPD ha logrado recuperar poco más de 2.100 cuerpos, de los cuales menos de la mitad han sido identificados plenamente. Si bien estos resultados representan un avance para las familias que buscan respuestas, también reflejan el lento ritmo impuesto por la falta de recursos. La institución no solo necesita equipos técnicos sofisticados, como las tecnologías necesarias para detectar fosas clandestinas, sino también un personal altamente capacitado para trabajar en condiciones que muchas veces son hostiles y riesgosas.
A pesar de estas limitaciones, la UBPD ha mostrado que es una institución que da resultados. Un ejemplo emblemático es el caso de La Escombrera, una zona en Medellín considerada una de las fosas urbanas más grandes de América Latina. Gracias al trabajo de la UBPD, se han intensificado las búsquedas y se han recuperado cuerpos que representan un rayo de esperanza para las familias. Además, en los últimos años, se ha registrado un aumento en el encuentro de cuerpos, evidenciando que, con los recursos adecuados, los avances podrían ser mucho más significativos.
En contraste, países como Argentina y Perú han logrado avances significativos en la identificación de víctimas de desaparición forzada gracias a inversiones sustanciales y sostenidas en sus programas de búsqueda. Por ejemplo, el Equipo Argentino de Antropología Forense, una referencia internacional en la materia, cuenta con un presupuesto anual que supera los 4 millones de dólares, a pesar de trabajar con una cantidad mucho menor de casos. ¿Cómo puede Colombia pretender cumplir con sus compromisos de justicia transicional si asigna a esta tarea un presupuesto que apenas permite operar a nivel básico?
El argumento de la austeridad fiscal no es más que una excusa fría. En el mismo periodo en que se recortaron fondos para la UBPD, el país asignó billones de pesos a proyectos de infraestructura que, si bien necesarios, no tienen la urgencia moral ni la trascendencia histórica que implica reparar el daño causado a las familias de los desaparecidos. Este desequilibrio presupuestal no solo es un error político; es un fracaso ético que perpetúa la impunidad y el olvido.
La falta de recursos también pone en jaque la confianza de las víctimas en el sistema. Cada día que pasa sin avances significativos en la búsqueda de sus seres queridos se refuerza la percepción de que el Estado no está realmente comprometido con la paz y la justicia. En un contexto donde la violencia y la inseguridad siguen siendo una amenaza latente, ¿qué mensaje se está enviando al país cuando la lucha contra la desaparición forzada es tratada como una prioridad de segunda categoría?
Es hora de que el gobierno y el Congreso de Colombia actúen con la responsabilidad que exige este momento histórico. Incrementar el presupuesto de la UBPD no es un acto de generosidad, sino una obligación moral y legal. Cada peso invertido en esta tarea representa un paso hacia la reconciliación nacional, un esfuerzo por sanar las heridas de un conflicto que dejó cicatrices profundas en el tejido social.
El olvido tiene un costo, y ese costo se mide en la soledad de las familias que siguen buscando a sus desaparecidos. Si el Estado colombiano realmente quiere construir un futuro de paz, debe empezar por demostrar, con acciones concretas, que las vidas de sus ciudadanos son invaluables. Una de las maneras de hacerlo, es darle a la búsqueda los recursos que necesita para cumplir su misión.
Diego Aretz
Diego Aretz es un periodista, investigador y documentalista colombiano, máster en reconciliación y estudios de paz de la Universidad de Winchester, ha sido columnista de medios como Revista Semana, Nodal, El Universal y colaborador de El Espectador. Ha trabajado con la Unidad de Búsqueda y con numerosas organizaciones defensoras de DDHH.