Hay historias que llegan a Bogotá después de recorrer un camino mucho más largo. El pasado 3 de septiembre, una delegación del Cabildo Indígena Páez de Jerusalén, en Santander de Quilichao, Cauca, llegó al Centro Nacional de Memoria Histórica con una preocupación que tiene la dimensión de una pregunta y la urgencia de una alarma: ¿qué ocurre cuando los jóvenes de una comunidad indígena vuelven a ser el objetivo de los grupos armados?

La delegación estuvo encabezada por la lideresa indígena y defensora de derechos humanos Diana Socorro Perafán, acompañada por el gobernador del cabildo, Julián Mensa; el fiscal, Mauricio Mensa; el abogado y asesor legal José Jairo Collazos; la alcaldesa, Dioselina Secué, y la integrante de la comunidad Ana Correa. Fueron recibidos por el director general del CNMH, D’Mar Córdoba Salamanca.

El motivo de la reunión fue exponer la situación que, según los representantes del cabildo, atraviesa actualmente la comunidad, particularmente por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras armadas que operan en el Cauca.

La preocupación no era solamente una cifra. Perafán contó que pocos días antes la comunidad había tenido que recibir el cuerpo de un joven que murió en combate en el Guaviare y que, según su testimonio, había sido reclutado en el Cauca por una estructura disidente de las antiguas FARC.

“No son combatientes voluntarios”, afirmó la lideresa.

Según Perafán, el fenómeno afecta de manera particular a comunidades indígenas y existe un riesgo que podría alcanzar a más de 15.000 menores de los territorios que representa. Su denuncia es que algunos jóvenes son sacados de los resguardos y posteriormente terminan en diferentes estructuras armadas.

El relato de la comunidad plantea así una paradoja dolorosa: territorios en los que durante décadas se ha hablado de autonomía, identidad y protección de los pueblos indígenas siguen enfrentando la posibilidad de que sus niños y adolescentes sean incorporados a una guerra que no escogieron.

Durante la reunión apareció además otro elemento que, según los representantes del cabildo, está agravando la situación: la persecución contra indígenas cristianos y evangélicos.

Perafán aseguró que algunos miembros de estas comunidades son señalados por los grupos armados como opositores políticos y que existen amenazas de muerte y órdenes de captura en contra de líderes. Según su denuncia, más de 30.000 indígenas cristianos y evangélicos del suroccidente colombiano estarían en riesgo de terminar involucrados en un conflicto ajeno a sus comunidades.

Son afirmaciones que deberán ser contrastadas y documentadas por las autoridades correspondientes, pero que para quienes llegaron a Bogotá constituyen una realidad cotidiana.

La propia Perafán manifestó además sus diferencias con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización a la que cuestionó por considerar que se habría alejado de principios que, en su opinión, deberían estar concentrados en la resistencia, la cultura y la unidad de los pueblos indígenas.

La acusación es especialmente sensible en un departamento donde la relación entre las comunidades indígenas, el Estado y los grupos armados ha estado marcada durante décadas por la disputa territorial y política.

Durante la conversación también aparecieron historias más antiguas, que muestran que la violencia contra los dirigentes comunitarios no comenzó con las actuales estructuras armadas.

El abogado José Jairo Collazos recordó amenazas contra su vida que, según relató, se remontan a 1986. También habló de la existencia de presuntas fosas comunes en el resguardo de Vilachí.

La alcaldesa Dioselina Secué contó la historia de su hijo, cuya muerte ocurrió años después de que ella hubiera acudido a la Fiscalía para denunciar situaciones relacionadas con la violencia. Su intervención estuvo acompañada de otras preocupaciones menos visibles, pero igualmente determinantes para la vida cotidiana: las dificultades educativas y la falta de infraestructura.

Para el gobernador Julián Mensa, la discusión también pasa por la posibilidad de construir un proyecto de vida distinto para los jóvenes. Defendió un plan de vida para el cabildo basado en sus principios religiosos y alejado de los cultivos ilícitos, al tiempo que denunció la persecución contra maestros y dirigentes comunitarios.

Su compañero de delegación, el fiscal Mauricio Mensa, planteó una idea sencilla frente a un problema complejo: educación, deporte y cultura como herramientas para impedir que los grupos armados terminen convirtiendo a los jóvenes en parte de la guerra.

Ana Correa puso sobre la mesa otro problema estructural: la tierra. Según explicó, la comunidad no cuenta con suficientes tierras productivas y por eso pidió la intervención del Ministerio de Educación y de la Agencia Nacional de Tierras.

Porque detrás del reclutamiento hay también una disputa por las posibilidades de futuro. Un adolescente que no encuentra escuela, tierra, empleo, deporte o espacios culturales tiene menos alternativas frente a quienes llegan a su territorio ofreciendo dinero, pertenencia, poder o simplemente una salida.

La reunión terminó con un compromiso institucional: documentar lo que está ocurriendo en el territorio.

D’Mar Córdoba Salamanca señaló que uno de los retos del Centro Nacional de Memoria Histórica durante esta vigencia es precisamente fortalecer el trabajo territorial y recoger las memorias de comunidades que han vivido distintas formas de violencia.

El reclutamiento forzado, las denuncias de persecución religiosa y las dificultades relacionadas con el acceso a la tierra aparecen, en ese sentido, como algunos de los asuntos que la entidad busca documentar.

Pero para una comunidad como la de Jerusalén la memoria no es solamente un asunto del pasado. El joven cuyo cuerpo regresó recientemente desde el Guaviare pertenece a una historia que todavía está ocurriendo.

Por eso la pregunta que llevaron hasta el Centro Nacional de Memoria Histórica no se refiere únicamente a cómo recordar lo que sucedió durante el conflicto armado. También plantea cómo impedir que una nueva generación de niños y jóvenes termine convertida en parte de él.

En el Cauca, la memoria parece tener todavía una tarea pendiente: llegar a tiempo.