El progreso no tiene dueño

Hablar de progresismo en Colombia obliga, casi inevitablemente, a volver a Alfonso López Pumarejo. No solo porque fue uno de los grandes reformistas del siglo XX, sino porque su idea de progreso —la Revolución en Marcha— partía de una premisa que hoy parece olvidada: el progreso no era patrimonio ideológico de un sector, sino una necesidad nacional. Educación, derechos laborales, modernización del Estado y ampliación de la ciudadanía fueron banderas levantadas desde el liberalismo, no desde una izquierda homogénea ni mucho menos dogmática.

El concepto de progreso, de hecho, nace muy lejos de nuestras disputas actuales. Surge con fuerza en la Ilustración europea, cuando se empieza a creer que la sociedad puede mejorar mediante la razón, la ciencia y las reformas institucionales. No era una idea revolucionaria en el sentido violento del término, sino una apuesta por el cambio gradual, por la ampliación de derechos y por la superación de privilegios heredados. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, el progreso fue defendido por liberales, socialdemócratas e incluso sectores conservadores reformistas en distintos países del mundo.

Por eso resulta peligroso que hoy un concepto tan amplio, tan necesario y tan históricamente plural sea monopolizado por un solo sector de la izquierda, y peor aún, por uno que tiende a asumirse como el único intérprete legítimo del cambio. Cuando el progreso se vuelve una etiqueta cerrada, pierde su capacidad transformadora y se convierte en un instrumento de exclusión política.

Colombia tiene ejemplos claros de esa pluralidad progresista. Jorge Eliécer Gaitán, tantas veces invocado desde discursos que poco tienen que ver con su tradición política, fue liberal. Su lucha por la justicia social, por la dignidad del pueblo y por la ampliación de la democracia se dio dentro de un proyecto popular, sí, pero también profundamente institucional. Gaitán no concebía el progreso como una ruptura total con la democracia liberal, sino como su profundización.

Hoy, más que nunca, existe una necesidad liberal urgente: recuperar la capacidad de contar más relatos. Colombia no se agota en una dicotomía permanente entre Petro y Uribe. Esa narrativa binaria, que durante años estructuró el debate público, empieza a sonar anacrónica frente a una sociedad mucho más diversa, más compleja y más cansada de los mismos antagonismos. Persistir en esa lógica no solo empobrece la discusión política, sino que bloquea la aparición de nuevas ideas, liderazgos y consensos posibles.

En ese contexto, la discusión actual sobre la consulta en el campo del progresismo cobra una importancia que va más allá de nombres propios. La salida forzada de Iván Cepeda de la consulta es lamentable, no solo por lo que representa su figura, sino porque envía una señal equivocada: la de un progresismo cada vez menos tolerante con la diferencia interna. Precisamente por eso, la consulta debería continuar.

Seguir adelante con la consulta es un mensaje político poderoso: que en el progresismo hay pluralidad, matices, debates reales. Renunciar a ella sería regalarle al país la idea de que solo existe una forma válida de ser de izquierda o de centro izquierda. Del otro lado, no estar en esa consulta implica perder una oportunidad histórica: permitir que millones de colombianos conozcan rostros, trayectorias y proyectos distintos, y que puedan escoger, de manera democrática, qué perfil representa mejor una visión de cambio responsable.

Las consultas no son un capricho ni una debilidad. Son instrumentos democráticos. Permiten tramitar las diferencias sin anularlas, y convierten la diversidad en fortaleza política. El error de no participar sería grave, no solo estratégicamente, sino éticamente. Porque el progreso, si algo exige, es más democracia, no menos.

El progresismo colombiano no puede reducirse a una sola voz ni a una sola corriente. Su riqueza histórica —desde López Pumarejo hasta Gaitán— demuestra que el cambio real siempre ha sido plural. Recuperar esa tradición liberal, abierta y democrática no es nostalgia: es la única manera de que el progreso vuelva a ser una promesa compartida y no un eslogan con dueño.