Mientras el debate público colombiano se consume entre polarización política, crisis coyunturales y disputas ideológicas, hay una realidad silenciosa que amenaza el crecimiento económico, la competitividad y la cohesión territorial del país: Colombia se está quedando rezagada en infraestructura, transporte y logística.

Y el costo ya lo están pagando los ciudadanos.

Hoy, de cada 100 pesos que factura una empresa colombiana, 15,6 se destinan a costos logísticos. Es casi el doble del promedio de los países de la OCDE. En otras palabras: producir en Colombia es más caro, transportar en Colombia es más lento y competir desde Colombia es más difícil. Esa ineficiencia termina encareciendo alimentos, bienes, exportaciones y oportunidades.

Lo más preocupante es que el deterioro no responde únicamente a problemas históricos. También refleja una pérdida reciente de capacidad institucional y de ejecución. Hace apenas una década, la inversión en infraestructura de transporte representaba cerca del 3 % del PIB. Hoy apenas alcanza el 1 %. La desaceleración del sector coincide con la parálisis de proyectos estratégicos, congelamientos presupuestales y un debilitamiento progresivo del modelo de asociaciones público-privadas (APP), precisamente el mecanismo que permitió transformar la infraestructura nacional en los últimos años.

Las cifras son contundentes. Mientras las autopistas 4G aún arrastran rezagos, la quinta generación (5G) permanece prácticamente detenida: solo cuatro proyectos han iniciado obras, mientras 18 continúan atrapados en etapa de preconstrucción pese a representar inversiones cercanas a los $49 billones. El resultado es un país más desconectado y menos competitivo.

El problema no termina en las carreteras.

Colombia sigue dependiendo excesivamente del transporte terrestre. Apenas el 17 % de la carga se moviliza por ferrocarril y casi toda corresponde al carbón. En materia portuaria, el país continúa rezagado frente a competidores regionales, mientras proyectos críticos como la profundización del canal de acceso a Buenaventura, la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena o la modernización del canal del Dique avanzan con lentitud desesperante.

En los aeropuertos, el panorama tampoco es alentador. De las 23 recomendaciones realizadas por IATA en 2023 para aumentar en 47 % la capacidad operativa aeroportuaria del país, solo tres se han implementado. Entretanto, la fragmentación institucional y las dificultades de gestión amenazan incluso estándares internacionales de operación y certificación.

No se trata únicamente de cemento, puertos o pistas aéreas. Se trata de productividad, integración regional y oportunidades sociales. La infraestructura es la base sobre la que se construye el desarrollo moderno. Un país que no conecta sus regiones condena territorios enteros al atraso económico y a la exclusión.

Por eso el reciente pronunciamiento conjunto de universidades y centros de pensamiento merece atención nacional. Organizaciones como ANIF, el Consejo Privado de Competitividad, Corficolombiana, la Universidad EAFIT, la Universidad EIA, la Universidad de Medellín y la Universidad de Ibagué coincidieron en advertir que el país enfrenta una situación crítica en materia de conectividad, competitividad e inversión estratégica. Más allá de diferencias académicas o sectoriales, el mensaje es común: Colombia no puede darse el lujo de perder otro cuatrienio.

El próximo gobierno tendrá que asumir esta agenda como prioridad de Estado. La primera tarea será recuperar la confianza institucional y destrabar de inmediato la cartera de proyectos 5G. Sin señales claras de estabilidad jurídica, cumplimiento de vigencias futuras y reactivación presupuestal, la inversión seguirá paralizada.

También será indispensable acelerar iniciativas privadas ya estructuradas —como El Dorado MAX, Aeropuertos del Suroccidente, Bayunca o Conexión Centro— que no requieren grandes desembolsos fiscales inmediatos y podrían convertirse en motores rápidos de reactivación económica.

Pero el desafío exige algo más profundo: visión estratégica.

Colombia necesita ejecutar realmente el Plan Maestro de Transporte Intermodal, conectar Pacífico y Orinoquía, recuperar el modo férreo, modernizar puertos, fortalecer aeropuertos regionales y convertir la logística en política nacional de competitividad. Eso implica modernizar licencias, consultas previas y marcos regulatorios sin sacrificar sostenibilidad ambiental ni derechos de las comunidades.

No es una discusión técnica aislada. Es una conversación sobre el futuro económico del país.

Cada proyecto detenido significa empleo que no llega, exportaciones que no despegan, regiones que permanecen aisladas y empresas que pierden competitividad frente al mundo. Mientras otros países aceleran corredores logísticos, integración multimodal y modernización portuaria, Colombia corre el riesgo de quedarse atrapada en la infraestructura del siglo pasado.

La advertencia ya fue hecha por la academia, los centros de pensamiento y expertos del sector. Ahora corresponde decidir si el país reaccionará a tiempo o si seguirá administrando el rezago como si fuera normal.

Porque la infraestructura no da espera.

Y Colombia tampoco.