Créalo o no he escuchado esta pregunta varias veces. No de gente mala, todo lo contrario, de gente que quiere un mejor país pero que no le es del todo evidente cuál es el perjuicio real de que nuestras instituciones sean manejadas por corruptos y clientelistas porque es que “siempre ha sido así”. Lo cierto es que el clientelismo es igual de perjudicial para el goce de los derechos como la violencia o el terrorismo.
En términos generales podríamos describir la práctica del clientelismo político como un sistema completamente extraoficial por medio del cual poderosos servidores públicos (actuales o futuros) intercambian apoyo electoral (o incluso de otra índole) a su favor. Lo hacen con otras figuras públicas de menor representación pero de gran influencia electoral a cambio de beneficios que se pueden otorgar en ejercicio de la posición que se ocupará. En términos prácticos y sencillos ocurre cuando, por ejemplo, un Presidente de la República reparte notarías a los amigos de los senadores a cambio de su apoyo en un proyecto del gobierno o cuando nombra en los cargos públicos de instituciones independientes a los familiares y amigos de los ministros para no incomodarse con mayores límites reales a las decisiones que quiera tomar.
Veamos el sistema operando con un ejemplo sencillo y general (cualquier parecido con la realidad NO es pura coincidencia): imagínese usted un presidente elegido con el apoyo de las maquinarias tradicionales a quienes se les ofrece una gran cantidad de puestos disfrazados como de “representación política” viéndose obligado a nombrar a personas poco capacitadas en puestos de control regional de gran importancia. Presuma, también, que en uno de los departamentos del país hay un gobernador corrupto que ha querido malversar fondos para sí y para sus amigos por cerca de 25.000 millones de pesos “maquillando” balances de la gobernación. Suponga, por último, que importantes contribuyentes de la campaña del nuevo presidente están muy interesados en ganar una licitación para hacer una carretera que llegue hasta este departamento.
Lo que ocurre a continuación es la consolidación de una perfecta cadena de irregularidades cuyo único perjudicado termina siendo el ciudadano. Veamos: es fácil presumir que el supervisor regional va a ser una simple marioneta del gobierno y de los congresistas que lo recomendaron, luego no será gran problema a la hora de adjudicar la concesión para los amigos del presidente. Mientras tanto, y -para no ser tan pesimistas- digamos que por falta de conocimiento y capacitación, el supervisor deja pasar los balances financieros de la gobernación sin mayores observaciones permitiendo que se malversen 25.000 millones de pesos. Todo esto se traduce en una sola cosa: falta de oportunidades y desarrollo para las regiones y el país. La gente no puede comerciar sus productos por falta de vías y formas de comunicación, los jóvenes no tienen a dónde ir a estudiar, los viejos se quedan sin pensión, las víctimas sin reparación y el país sin desarrollo (entre muchas otras cosas).
Pero lo más preocupante de todo esto, en primer lugar, es que mi ejemplo no es más que una de las infinitas formas en que esto pasa a diario en nuestro país y que, en segundo lugar, este tipo de prácticas corren el riesgo de perpetuarse en Colombia. La Guajira, por ejemplo, ha recibido el 8.3% de las regalías totales del país, una suma cercana a los 3 billones de pesos, entre 1995 y 2008 y tiene mas o menos el 65% de las necesidades insatisfechas mientras que importantes concesiones como la del Aeropuerto el Dorado o la de la calle 26 en Bogotá se han adjudicado a amigos cercanos de los mandatarios nacionales y distritales mostrando fuertes retrasos y sobre-costos para los ciudadanos. Con este panorama y en vísperas de las elecciones venideras, creo que todos los ciudadanos tenemos el derecho, el deber y la responsabilidad de soñar, votar y exigir más, mucho más que sólo seguridad. Lo invito a que soñemos, a que creamos en ese sueño y a que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para convertir ese sueño en realidad.