Profesionales de la seguridad procedentes de 18 países (Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Reino Unido, Suiza y Uruguay) se han reunido para repensar las políticas de represión al comercio y al uso de drogas ilícitas. De esta reunión nace la Declaración de Río de Janeiro:
«Nos preocupa el bajo rendimiento de tantos años de lucha, como si estuviéramos condenados a girar en un círculo vicioso. Nos preocupan, aún más, ciertas consecuencias negativas, que mucho nos han costado en recursos y vidas. Reafirmamos la necesidad de represión rigurosa al crimen organizado, al lavado de dinero y a la corrupción, pero ya no nos satisface la doctrina de la “Guerra contra las Drogas”. Buscamos otros abordajes más eficaces y más constructivos.
«Las decisiones individuales que llevan al uso indebido de drogas resultan de factores complejos, psíquicos y sociales, que envuelven a los individuos desde la infancia y que se acentúan en la adolescencia. La familia, la fe religiosa, la escuela, la comunidad, están todas implicadas, pero en muchos países la política actual concentra el problema en la policía y en el sistema penal. Resentimos esta situación, que pone nuestra vida y la vida ajena, nuestra moral y la imagen de nuestras corporaciones frente a amenazas perversas; esta situación no es justa y no enfrenta el problema de raíz. Una policía ciudadana, en una sociedad democrática, debe servir a objetivos más inteligentes y más consecuentes, inclusive a la hora de garantizar el cumplimiento de la ley.»