A nivel global contados son los mandatarios que han mencionado la posibilidad de reemplazar la prohibición por un mercado regulado, en particular en lo que concierne a la cocaína.
Como lo expone Pascual Gaviria, la coyuntura de las declaraciones de Santos difícilmente las hace vanguardistas. Esta semana, justamente en Inglaterra, por donde andará el presidente, en la cámara de los lores se discutió la efectividad de la política prohibicionista. Allí se expuso las posiciones de la ya usual, y creciente, comitiva de ex-mandatarios y personajes públicos ávidos por una reforma en la materia: ex-secretario General de la ONU, ex-jefe de la reserva federal, ex-presidentes, celebridades, empresarios, premios nobel…
Aunque lo que dijo el presidente es tautológico:
«podría considerar la legitimación de la cocaína si hubiese un consenso mundial«
(léase: nunca), su ministro del interior sí fue más enfático:
Es que ese es justamente todo el problema de la política internacional de control de psicoactivos: se trata de un consenso incuestionable pues solo se puede modificar bajo unanimidad global.
Hasta el viceministro de justicia cuestiona la validez de la estrategia actual. Dice que los mas de 8 000 millones de dólares que le costó la guerra contra las drogas al país entre 1995 y 2009 representan
(el presupuesto del tesoro de la Nación para el 2011 fue de 78 000 millones de dólares). Esta posición es un gran avance. No se está justificando la prohibición bajo el pretexto de que Colombia tiene necesidades más inmediatas que el capricho de unos hedonistas, sino que por el contrarío es esa lucha parte de lo que obstruye atender nuestras necesidades.
Todas estas declaraciones apuntan a una opinión según la cual a Colombia le tocó asumir todo el asunto de la prohibición a regañadientes. El perdón de esta obligación no vendrá así de los victimarios: Estados Unidos, que apoya la guerra contra las drogas más por inercia política que por convencimiento (tres de cada cuatro gringos la considera un fracaso), o la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Crimen, que la administra bajo las directivas de un consejo que se reúne a puertas cerradas.
¿Donde encontrar consenso para la reforma?
La posición del presidente es que Colombia no puede echarse al agua, legalizando unilateralmente, por que para nosotros es una cuestión de seguridad. Se sigue que entonces le tocaría asumirla a los países consumidores donde el problema es solo de salud pública. Pero esto no resuelve el impasse: los que sufren la violencia son adictos a la guerra contra las drogas, dejarla los expondría al síndrome de abstinencia; y los que de verdad la consumen no quieren asumir la realidad, la causa del consumo no es la oferta.
Si dos partes opuestas se enfrentan mostrándose cada una como víctima de la otra, la situación no avanza si estas se plantan cada una tratando de justificar quien es víctima y quien es victimario. O bien la balanza se pone en favor de una parte y esta impone su posición (que es lo que ha pasado por más de 50 años: la fuerza es la razón y el dedo acusatorio es de los países del norte, el victimario se muestra como víctima) o bien alguna de las partes hace un gesto de humildad y templanza y lidera el cambio mediante el ejemplo.
Por una lado la posición según la cual el problema de consumo en Estados Unidos se va a resolver mantándonos entre latinoamericanos es francamente ridícula. Es falso que el consumo de cocaína allá es culpa nuestra: acá hay mas, es muchísima mas barata, pero se consume menos. Y por el otro, por más de que se regule en el país, en la región o en el mundo entero la distribución de psicoactivos en un mercado legal, a Colombia le tocará seguir combatiendo todo tráfico ilegal (tal y como sucede con el alcohol).
Así pues, Colombia no tiene que buscar apoyo para la reforma en un consenso mundial, ni en un consenso con los políticos de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Brasil y Suecia, pues estos no han mostrado interés alguno. Colombia debe hacer una reforma con países con posiciones afines: los de la UNASUR, la América hispanohablante, el Caribe, la península Ibérica, Israel (… hasta Grecia, Holanda, República Checa, Dinamarca, Nueva Zelanda, Australia y posiblemente Canadá).
¿Qué se puede ganar con una reforma que no involucre un consenso mundial?
Las premisas de las que se parte para justificar la guerra contra las drogas son todas falsas.
No es cierto que la guerra contra las drogas hará de estas un articulo de lujo que solo los más pudientes podrán adquirir, ni que los distribuidores tendrán que cortar tanto su mercancía que los consumidores rechazarán un producto tan diluido. Lo único que se logra es hacer el tráfico increíblemente rentable (¡Solo el mercado global de comida y petroleo son más grande!) y vuelve el consumo tan precario que agrava los problemas ligados a este.
En un interesante análisis en The Atlantic Cities, se relaciona la reducción de los crimines violentos en Estados Unidos con la baja en los precios de la cocaína. La razón es muy simple: traficar, enfrentarse a la ley, ajustar cuentas y luchar por un territorio es todo supremamente costoso. Si el producto no se vende a buen precio, la venta ya no es tan rentable y la mafia no contrata. La competencia es menos agresiva, la violencia disminuye.
Si la región regula el mercado de psicoactivos, el microtráfico será muchísimo menos rentable pues sería asfixiado por una oferta legal que no tiene que cubrir los gastos de enfrentarse a la ley, y además minaría también el trafico entre los países participantes. Naturalmente seguiría combatiendo el tráfico destinado a los gringos, pues constituiría transporte de drogas sin licencia.
De esta forma se lograrían cuatro cosas: reduciría la criminalidad en el país; haría palpable que el modelo prohibicionista es alarmista e ineficiente; mejoraría la vida de las minorías en el continente; pero sobre todo, podríamos empezar a preocuparnos por el problema de fondo, que es el de consumo, de una forma abierta y eficiente, que es por donde el tema de las drogas empezó.
No le haría daño al país que el mayor número posible de figuras publicas e intelectuales rodeasen al presidente alrededor de la reforma de la política de psicoactivos.
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