Las FARC aparecieron como brazo armado del Partido Comunista en 1964 y como consecuencia de una serie de ataques indiscriminados a sus predecesores, los grupos de autodefensa liberales que huían de la persecución conservadora durante la época de la Violencia. Decidieron alzarse en armas cuando vieron que sus ideas políticas no tenían espacio en nuestra democracia. Para llevar a cabo esta lucha, como en cualquier otra empresa, son necesarios recursos materiales.
No han sido las FARC el primer ejército en apalancarse del contrabando. Ni el primero en lucrarse de la droga en Colombia. Es insensato pensar que las FARC hubiesen podido asegurar su posición en el conflicto manteniéndose al margen de este negocio.
Aun siendo una actividad criminal internacional, el Estatuto de Roma no cubre el tráfico de droga, no está dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, no es un crimen de guerra. Tampoco es un crimen de lesa humanidad. No es como el tráfico humano que en la mayoría de los casos sí lo es.
No se puede argumentar que si el narcotráfico es conexo a la rebelión de las FARC entonces de ahora en adelante el narcotráfico será siempre delito político y nunca más un delito común. El usufructo que las FARC ha sacado del negocio de la droga es para su lucha armada. No es al contrario, que sería usar la capacidad bélica para garantizar su posición en el negocio. Prueba de esto es que aun cuando la producción de cocaína en el país no se ha reducido, las FARC están interesadas en firmar la paz y entregar información sobre las rutas de tráfico.
Así, plantear que el narcotráfico no sea delito conexo, sino delito común, solo es sostenible desde la posición según la cual las FARC no son una guerrilla sino un grupo organizado de delincuencia común. Quien defienda tal perspectiva, debe advertir inmediatamente que no está de acuerdo en negociar con las FARC. Pues no hay nada que negociar con delincuentes comunes a parte de su rendición.
Más aún, plantear que el narcotráfico no sea delito conexo es asegurar que los comandantes de las FARC deben ser extraditados a los EEUU. En este escenario, nunca se esclarecerán los otros delitos mucho más grave, como los múltiples asesinatos, porque allá no se les imputarán cargos por ellos. Esto es justamente lo que ha sucedido con los paramilitares que fueron extraditados durante el gobierno de Uribe. Reciben protección como testigos y no aclaran nada sobre las matanzas.
¿Moralmente, entonces, es más grave el narcotráfico que las matanzas y los desplazamientos que generan? Porque esa es más o menos la jerarquía que hemos aceptado. ¿Qué clase de moral es aquella que sugiere que es más importante revelarle al gobierno de los Estados Unidos información sobre el funcionamiento de las redes de narcotráfico que esclarecer los horrores de la guerra ocurridos en el país?