El argumento y el resultado nos son ya familiares: el congreso invoca la protección de unos para pasar leyes que convierten a otros simultáneamente en juez y en ejecutor. Se propone regular pero se impone la ley de la selva, la ley de las bestias, la ley natural: la fuerza es la razón.
En la guerra contra las drogas se evoca la protección de la juventud. En la guerra de los derechos de autor se evoca protección de los artistas, de los científicos o de cualquier otro inventor. Se habla de cuidar la salud pública y la cultura. Y el método es el mismo: prohibir el acceso al que no se tiene permiso, y los permisos quedan en manos de unos mandamases. Sin permisos especiales, no hay drogas; sin pagar por derechos de autor extorsivos [1] no hay acceso a la cultura.
Para cumplir tales objetivos se crean agencias anti-narcóticos, se le obliga a los prestadores de servicios a perseguir infractores y a los editores y productores se les entrega derechos completos sobre lo que ellos publican o promueven. En todos los casos, los mismos que deciden que medidas aplicar son los que deciden como y a quien se las van a aplicar; y de paso juzgan su eficacia. Legislativo, judicial y ejecutivo en uno solo.
Se presume que el que se droga le hará daño a la sociedad, y sin necesidad de probarlo es arrestado. ¿Quiere comerse un hongo que crece por ahí o compartir de una tradición milenaria? Prohibido, eso es de uso exclusivo para los que tienen permisos especiales. ¿Y donde saco ese permiso? Usted no lo puede tener. Se entorpece el acceso a las drogas de tal forma que su consumo se vuelve precario.
Esa misma dinámica es la que ahora quieren imponer con los derechos de autor bajo las legislaciones en curso en el congreso gringo: el SOPA (Stop Online Piracy Act), el PIPA (Protect IP Act) y el RWA (Research Work Act). ¿Se presume que alguien está «fomentando» la violación de los derechos de autor? Lo «sacan» de Internet, sin juicio (adiós al pilar del derecho moderno: la presunción de inocencia) ¿Se quiere hacer pública la investigación pagada con dinero público? Nada, es mejor que sólo la puedan acceder los que pueden pagar por ella una segunda vez.
¿Qué se logra? Se hace precario el acceso a la cultura. Por ejemplo, si al bravucón que presta el servicio de Internet, que tiende a ser el mismos que ofrece acceso a la televisión, le parece que algún sitio ofrece contenido que puede competir con su oferta, no tiene que hacer más que negar el acceso a ese sitio. Fácil. La carga ahora de probar la inocencia le cae al censurado. Al final, solo se hará más complicado acceder a ese mismo contenido o servicio, se empeoran las condiciones con que se presta; y además, no combatirá la piratería.
Toca entonces apegarse a las reglas de los duros: ¿no le gusta psicoactivarse con el alcohol o el cigarrillo? se fregó. ¿No le gusta las películas que traen Cine Colombia, Blockbuster o Netflix Latinoamérica? se fregó. ¿Y la música? Lo mismo, se fregó si no le gusta lo que esta en boga. ¿Quiere consultar un artículo científico? Al menos que haga parte de una universidad muy acaudalada, se fregó. ¿Y no podría conseguirse directamente con el autor? Probablemente, pero en ese caso el mismo autor estaría violando los derechos de autor.
No se protege a la juventud pues se le está criminalizando su curiosidad, ni se protege a los artistas ni a los científicos pues ellos deben renunciar a los derechos de su creación para ser promovidos. A la larga, se subvenciona al crimen organizado, a los grandes productores [2] y a los grandes editores [3]. Son los jóvenes, los pequeños artistas, científicos e inventores los que quedan frustrados.
Las grandes farmacéuticas, las licoreras y tabacaleras, los que controlan los medios de comunicación, los grandes editores y las grandes productoras no les interesa ni la salud, ni la cultura. A ellos solo les interesa el beneficio económico. Y como los nuevos medios los pueden amenazar, lo mejor es minarlos.
Y no es que las drogas no sean una amenaza contra la salud pública, ni que los derechos de autor no sirvan para promover la producción cultural, ni que los editores y productores no refinen los productos, ni que la piratería no deba ser combatida; el problema es que los legislaciones acá discutidas no hacen sino lo contrario: minan la salud pública, entorpecen la innovación y hacen precario el acceso a la cultura.
Notas
[1]: que vienen siendo más bien derechos del productor o del editor (por eso la palabra gringa es mejor: copyrights, derechos de copia).
[2]: que pagan, si es que pagan, cifras mínimas a los artistas que no están de moda.
[3]: que le cobran a los científicos por divulgar sus resultados.
Comentario: La cuestión de los derechos de autor y el acceso a la cultura, que ligeramente toco acá por su similitud con el tema de la política de drogas, es un tema largo que daría para un blog entero. Al que le interese, como al que le interese el tema de las drogas, no puedo hacer más que recomendarle informase al respecto. Información abunda en Internet, que por el momento no es censurada. Por otro lado, mucho activista que aboga por la reforma de la política de drogas manifiesta simpatía por el candidato Republicano Ron Paul por su denuncia de la guerra de las drogas. A ellos les recomendaría más bien familiarizarse con el candidato libertario Gary Jhonson.