LA DOBLE CARA DE LAS PENSIONES

Los recursos de las pensiones son un elemento clave para el desarrollo de una sociedad, en
términos tanto de las condiciones de vida de las personas, como de los recursos con que cuenta su
economía para progresar. Son un importante componente de la vida social y económica, tanto
para la economía personal y familiar, como para la social o macroeconómica.
Constituyen el principal generador de ahorro en la economía, con recursos de los ciudadanos. Esto
les da la condición de ser un activo privado que juega un papel socialmente estratégico, como
principal fuente del ahorro de la economía que financia la inversión y les garantiza un ingreso a
quienes alcanzan el tiempo y la edad para pensionarse. Esta doble realidad hace que sea crítica
garantizarles a quienes cumplan las condiciones establecidas, el correspondiente ingreso para
jubilarse, cosa que en nuestro país sigue siendo un derecho al cual muchos no acceden, dado el
nivel de informalidad, rebusque y precariedad laboral imperante; por ello, muchos colombianos
que viven en medio de la inseguridad laboral tienen, además, la incertidumbre de no contar en el
futuro, con un ingreso, aún precario.
Esa realidad que es pública y privada, exige una política y un régimen de pensiones que coordine
los dos componentes. Es decir, el origen privado de los recursos pensionales y su manejo con una
política pública que vele por su uso para el cumplimiento del objetivo para el cual fueron
establecidos. La política pública, como sucede, puede limitarse a establecer las normas y
procedimientos para su manejo, en cabeza de entidades privadas creadas u organizadas para el
efecto, que deben operar en el marco de las disposiciones establecidas y sujetas a control por la
entidad estatal asignada, como lo establece la ley 100. O bien, se puede regresar al período inicial,
vigente durante los años de existencia del Seguro Social, que terminó ineficiente, burocratizado y
corrupto. En la discusión de entonces, jugó un papel central la definición del uso de los recursos
recaudados con las cotizaciones de los cuales solo una fracción, creciente en el tiempo, era
empleada en el pago de las pensiones; en esas primeras décadas eran más los cotizantes que los
pensionados, generándose un volumen creciente de recursos disponibles para ser invertidos. El
Seguro Social lo podía hacer en papeles del Estado. Una de las causas del desmonte del Seguro
Social, además de su creciente corrupción, fue el interés de destinar esos recursos de liquidez a
inversiones productivas privadas, colocándolos en fondos internacionales y en la financiación de
operaciones económicas nacionales.
Indudablemente, el sistema exigía ser revisado, pero conservando su espíritu. El Presidente Petro
se montó en esa necesidad de revisión y ajuste para buscar regresar al esquema inicial, ya
superado. El Presidente además ha pretendido que puedan ser utilizados, al menos parcialmente,
para cubrir un déficit presupuestal desbordado, exponiendo a un enorme enorme riesgo, a un
dinero que no es del gobierno, sino de los ciudadanos, fruto del ahorro, que han realizado
durante el transcurso de su vida laboral, para financiar sus años de pensionado.
Esa pretensión populista e irresponsable de Petro expropia a los ahorradores de sus dineros y va
en contra vía del sentido de las cotizaciones pensionales , pretendiendo tapar, con recursos
privados, un enorme y creciente hueco fiscal, al desviar los recursos aportados por los ciudadanos
para su pensión. En su desespero, el Presidente pretende comerse de un bocado, el fruto de años
de ahorro de los ciudadanos, para no hacer el ajuste presupuestal que le correspondería hacer, si

fuera un gobernante responsable, cosa que no es. En la agonía de su gobierno busca salir del
paso, dejando a su sucesor y al país, engrampado: en déficit, sobre endeudado y con la caja vacía.