Si en Colombia la situación de las mujeres es preocupante, existen dos sectores de la población femenina que llevan la peor parte. Un reporte de Oxfam titulado “Violencia sexual en Colombia: Un instrumento de Guerra”, revela la cruda realidad de estos dos grupos.
Según Oxfam, “dentro de los distintos grupos de la población, las mujeres y niñas afrocolombianas e indígenas enfrentan la mayor vulnerabilidad a la violencia sexual dada la triple discriminación que sufren debido a su sexo, origen étnico y la pobreza en la que generalmente viven”.
La vulnerabilidad de las mujeres radica en la falta de recursos que poseen para reportar abusos y crímenes.
Lo que hace más preocupante la situación son las cifras de pobreza de los dos segmentos de la población. Las mujeres afrocolombianas componen aproximadamente el 26 por ciento de la población nacional y el 72 por ciento de ellas están en los dos estratos socioeconómicos más bajos, tal como lo define el gobierno.
Una parte importante de la difícil situación de las afrocolombianas es la discriminación que sufren al ser desplazadas o al buscar ayuda por fuera de sus comunidades.
Para poner en perspectiva la situación de las mujeres indígenas es necesario mirar las cifras: Colombia tiene 84 grupos indígenas distintos, cuyos miembros representan el 2% de la población total del país y se distribuyen en 31 de los 32 departamentos del país.
Los indígenas representan el 12 por ciento de la población desplazada, lo cual agrava la situación de pobreza y marginalización de las mujeres indígenas.
La pobreza y la falta de recursos para denunciar crean un círculo vicioso donde prima la impunidad de los abusos y la violencia de género.
A las mujeres afrocolombianas e indígenas de nada les sirve que se fortalezcan los recursos en las grandes ciudades si su condición de vida y el lugar donde viven, impiden que puedan tener acceso a los recursos a los cuales tienen derecho.
Es evidente que el gobierno es el principal responsable de la vulnerabilidad a la cual están sometidos estos grupos de mujeres; más aún cuando quienes quieren proteger los derechos de las mujeres no reciben el respaldo requerido. Basta con enunciar los esfuerzos de la congresista Gilma Jiménez, a quien los mismos senadores le truncaron la ley para proteger a los niños de los violadores. Otro claro ejemplo de la negligencia del gobierno es la congelación del proyecto de ley «Rosa Elvira Cely».
En Colombia es más importante mandar a los altos funcionarios del gobierno a trabajar en cruceros que invertir en oficinas que faciliten el acceso a la justicia. En Colombia, las prioridades están claras.