Foto tomada del Facebook de Ocupa MinC RJ. Acto en la sede del Ministerio de Cultura de Rio de Janeiro.
En las últimas semanas se ha venido materializando un golpe de Estado en Brasil que ya significó el distanciamiento temporal de la presidenta Dilma Rousseff de su cargo, que a pesar de haberse dado por vías institucionales contiene fuertes vicios de legalidad y legitimidad, incluyendo la escaza claridad (y demostración) en la acusación del delito de responsabilidad fiscal a Rousseff y el carácter fuertemente ideológico de este proceso presentado a la opinión pública como un juicio parlamentario (impeachment). Los gestores del golpe en curso (remover una presidenta democráticamente electa sin haber cometido un delito difícilmente merezca otra denominación), han difundido la idea de un cambio político en contra de la crisis económica y la corrupción del caso Petrobras, que involucró a la mayoría de partidos políticos. Sin embargo, esta supuesta gesta heroica esconde que el gobierno interino y sus aliados comparten la responsabilidad de estas problemáticas, agregándole los audios revelados que establecen una relación entre la destitución de Dilma y el estancamiento de investigaciones por corrupción en favor de sectores próximos al gobierno interino.
La remoción de Dilma y la irrupción de un nuevo gobierno en el fondo representa una tentativa por redefinir la vida política, económica y cultural de Brasil: se trata de dos proyectos de sociedad antagónicos. Esta disputa alrededor del modelo de Estado y su relación con la sociedad también afecta el lugar de la cultura en una sociedad diversa y compleja; Brasil es reconocido por su abundante riqueza artística, su autenticidad y la variedad de su patrimonio inmaterial. En los últimos años, se implementaron una serie de políticas públicas que reconocieron y fortalecieron esta diversidad cultural, apoyaron la actividad artística y valoraron el lugar de la cultura en la construcción de sociedades democráticas. El país se posicionó como un referente en términos de apoyo, gestión y equipamiento cultural, contando con políticas como Cultura Viva que ha sido replicada en América Latina.
Sin embargo, la mezcla entre un conservadurismo infantil y las demandas de ajuste fiscal por parte de los sectores que respaldan el gobierno interino de Michel Temer han ubicado a la cultura como un área problemática cuyo respaldo institucional debe ser desmontado, iniciando con un inicial cierre del Ministerio de Cultura, decisión que fue revertida el fin de semana pasado ante la fuerte movilización social. Desde el punto de vista fiscal, se alega la necesidad de acabar entidades y reducir programas, sin embargo, en la práctica estos efectos serían mínimos: en el presupuesto federal de 2014 la cultura representó el 0,04% del total de recursos gastados, mientras que los intereses y amortización de deuda pública representaron el 43% [1]. Se trata más de una pretensión política sobre la reducción de la gestión pública que niega otras medidas con mayor efectividad en la activación económica.
El debate va más allá de lo económico. Hay una ola conservadora infantil que hace de la cultura un enemigo público; son sectores que acuden a argumentos bastante débiles y estereotipos para contraponer el quehacer artístico y su dimensión social a la defensa de posturas retardatarias. Dentro de sus premisas, se reproduce la tendencia a situar al artista como vagabundo, ver en la actividad cultural una amenaza a privilegios arcaicos, limitar el arte al entrenamiento vaciado de contenido, diferenciar entre el arte “noble y vulgar” como reflejo de una sociedad segregada, y negar el papel de la cultura en la definición de valores y prácticas que transforman contextos.
Esta serie de falacias, que no son nuevas, desconocen la naturaleza y complejidad de la actividad cultural y artística. Quienes trabajan en el medio artístico saben que no es una actividad fácil, saben que es pasar por trabajos poco agradables para pagar la producción de un disco o comprar equipo audiovisual, saben que es luchar por acceder a espacios de difusión condicionados por intereses comerciales bastante influyentes. Detrás de esta actividad hay años de formación y experiencia, de apuestas por valorizar un patrimonio colectivo. Al trabajar en el medio cultural se sabe que significa el sacrificio de producir un festival, conseguir patrocinios éticos, cumplir expectativas y darle continuidad a una actividad cuyo valor es difícilmente mensurable.
Las reivindicaciones no son por mantener simplemente una estructura burocrática o apoyos económicos específicos, la movilización del sector cultural busca posicionar el arte y la cultura como dimensiones necesarias en la generación de actitudes y relaciones que construyen sociedades equitativas, libres y pacíficas, que promueven patrimonios y saberes constituidos históricamente, y que desarrollan habilidades cognitivas e interpersonales que fortalecen proyectos individuales y colectivos. La disputa es por el reconocimiento efectivo de estas dimensiones, todas ellas de relevancia pública. Para que éstas se tornen efectivas no sólo se necesitan actividades artísticas esporádicas, es necesario contar con infraestructura, equipamiento cultural y procesos de formación que desde el punto de vista particular son poco accesibles, principalmente para los sectores más excluidos. En este sentido, se necesitan políticas públicas amplias que den continuidad a procesos culturales, fortalezcan la actividad artística y promuevan patrimonios inmateriales.
La lucha que hoy dan sectores culturales en Brasil remite a lucha del movimiento de la reforma sanitaria en este país a mediados de la década de 1980 durante el cierne de la dictadura militar. No fue un movimiento que apuntaba únicamente a la reforma del sistema de salud, fue un movimiento que luchó por la democratización del país. Hoy el sector cultural puede ser partícipe de un proceso semejante, rechazando el golpe en curso, pensándose una sociedad que no renuncia a los derechos adquiridos y posicionando la voz de múltiples sectores históricamente negados en la construcción de una sociedad realmente democrática.
Francisco Abreu
[1] Fatorelli, M. L. & Ávila, R. (2015). Gastos com a Dívida Pública em 2014 superaram 45% do Orçamento Federal Executado. Auditoria Cidadã da dívida. Disponible en: http://www.auditoriacidada.org.br/e-por-direitos-auditoria-da-divida-ja-confira-o-grafico-do-orcamento-de-2012/. Consultado el 22 de mayo de 2016.