EL SALARIO MÍNIMO POSIBLE

El debate en curso, por el aumento decretado por el gobierno del salario mínimo, hoy llamado
vital, muestra que el salario tiene varios rostros, varios componentes. Es una variable económica,
mejor diría socioeconómica que, además de relacionar la oferta y demanda de trabajo, es central
en la estructuración de las relaciones sociales y de poder entre las clases sociales y factor esencial
en la distribución de la riqueza que se genera en la sociedad. Se encuentra en el cruce de muchos
caminos de la realidad de la economía del país: la productividad del trabajo, las relaciones entre el
capital y el trabajo, la política pública de desarrollo. Es componente fundamental del ingreso de los
ciudadanos, pero no solo eso. Su modificación, por consiguiente, necesita ser realizada no como
fruto de una decisión autónoma y aún caprichosa del gobernante, sino sustentada en un análisis
de las circunstancias y perspectivas de la economía y del mercado y de sus impactos en el empleo.
Nadie en su sano juicio va a defender salarios “de hambre” o aumentos tales que “fundan la
economía”.
La decisión del ajuste salarial para 2026, por falta de acuerdo entre gremios y sindicatos, quedó
en manos del Presidente y su decisión parece que la hubiera sacado del cubilete del mago. El
Consejo de Estado, con toda razón y justificación, lo puso a justificarla, la cual debe estar ceñida al
procedimiento legal establecido.
Además, el ajuste del salario mínimo decretado no se compadece con las posibilidades actuales de
la economía, por lo que tendría fuertes consecuencias negativas sobre ella, empezando por el
aumento de la ya enorme informalidad laboral, que hoy representa cerca del 60% del empleo en el
país, un tema que al gobierno no parece interesarle. A las organizaciones sindicales, presentes e
influyentes en el gobierno y cuyos afiliados y representados son formales, obviamente apoyan el
aumento salarial decretado. El desempleo no es asunto ni preocupación suya. Y mientras tanto, los
informales, que son una mayoría creciente, siguen condenados al rebusque del sancocho.
La fundamental e inaplazable tarea del próximo gobierno es, con toda su complejidad e
implicaciones, atender la realidad del mundo del trabajo, que va más allá de los periódicos ajustes
salariales. Sin duda, uno de los asuntos más importantes, que han sido sistemáticamente
olvidados por los anteriores gobiernos. Sin trabajo y sin apoyos al emprendimiento, los potenciales
y posibilidades del país a pesar de su gente y su cultura, de su riqueza natural y sus instituciones e
inserción en el mundo, seguirán siendo solo posibilidades, asediadas por los países y economías
que sí han desarrollado las suyas y que buscan aprovechar las de los países que no las han
aprovechado, como Colombia; simplemente les ocupan sus espacios, beneficiándose de sus
posibilidades económicas.
El trabajo, una vieja verdad sabida, debe ser el eje estructurador de una política de desarrollo y
transformación de largo plazo, comprensiva e integral; con sus características propias, debe ser
estructurada y ejecutada con y desde las regiones, donde el sector privado y las iniciativas y
organizaciones ciudadanas, no sean pasivas frente a la tarea, sino sus coejecutoras en los espacios
regionales y locales definidos para ello. Repitamos algo que mucho se ha predicado a través de los
años, pero que poco o nada se ha aplicado: que el desarrollo no cae del cielo o de la capital del
país o del departamento; que surge, nace en los territorios, dada su naturaleza territorial, bajo el

impulso y el compromiso de las comunidades y de organizaciones e iniciativas ciudadanas
múltiples, que deben articularse, sin fundirse, con las iniciativas oficiales. Unidos, pero no
confundidos.