En un informe de 200 páginas, esta entidad señaló que el país no tiene las capacidades de conocimiento, de control ni jurídicas para implementar esta tecnología. El Río le muestra los datos clave.
Por: María Paula Rubiano
Periodista Blog El Río y El Espectador
La Contraloría General de la Nación lanzó un informe en el que, tras un exhaustivo análisis de los antecedentes y condiciones necesarias para hacer fracking en Colombia, concluye que el país todavía no cuenta con los requerimiento mínimos para permitir la controvertida técnica de extracción de petróleo «fracking» en el territorio nacional.
Si bien el informe, publicado inicialmente por La W, reconoce que el Gobierno ha hecho esfuerzos para “establecer los requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”, o fracking, concluye que “aún falta establecer condiciones adecuadas para el cumplimiento de los requisitos técnicos ambientales de nuestro país” .
Para llegar a dicha conclusión, ocho funcionarios y contratistas de la Contraloría se sentaron a analizar toda la información disponible en otros países frente a la técnica, que consiste en la inyección de enormes cantidades de agua mezclada con cócteles químicos, para “fracturar” la roca madre (de ahí su nombre, en donde el petróleo está depositado en pequeñas fisuras. De esa manera, el fracking “libera” el petróleo para su extracción.
El problema es que esas grietas que se hacen a cientos de metros de profundidad, podrían terminar llevando el petróleo –de forma involuntaria– hacia depósitos de agua subterránea, o acuíferos, o, en el peor escenario, si no hay un manejo adecuado el agua “tóxica” podría infiltrarse en cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos.
El informe llegó a 15 conclusiones generales, de las cuales, la mayor parte se dedican a un tema: el agua.
No conocemos nuestro mapa
Una de las primeras conclusiones que tiene el informe de la Contraloría es que que Colombia no tiene muy claro cómo está conformado su subsuelo. O que si hay datos, no son lo suficientemente precisos para conocer, al detalle, las particularidades geológicas de las zonas en las que hay mayor interés por implementar el fracking: el Magdalena Medio y la Cordillera Oriental. En esas dos regiones, descubrió la Contraloría, se concentran los 48 bloques para fracking que hoy oferta el país.
“Los componentes sismotectónicos y de geología estructural deben tener un muy buen nivel de detalle, para poder valorar de mejor manera la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y de acuíferos, en virtud a que la técnica del fracking tiene unos riesgos altos y la incertidumbre de los impactos ambientales sobre el recurso hídrico subterráneo en profundidad podría ser elevada”, dice una de sus conclusiones.
Para acabar de ajustar, al mirar qué tanto sabemos sobre los acuíferos subterráneos en las dos áreas de interés de los pilotos de fracking, dice la Contraloría que hay un “nulo nivel de conocimiento isotópico”, que es una rama del conocimiento que se encarga de entender cómo son los átomos del agua en un lugar determinado y que, gracias a eso, puede ayudar a entender de dónde viene esa agua, cómo y por dónde se mueve, y, lo más importante, si está contaminada o no. Sin esa información básica, será muy difícil medir si esas aguas subterráneas están contaminadas o no, en un eventual escenario de fracking.
Así, la Contraoloría asegura que si se tienen en cuenta los modelos modelos hidrogeológico, hidráulico e hidroquímico, el nivel de conocimiento para las provincias hidrogeológicas Valle Medio del Magdalena, y Cordillera Oriental es del 37% y 26%, respectivamente.
En consecuencia –dice la entidad– el Estado colombiano no tiene información suficiente ni para escribir las normas y leyes que regulen el fracking, ni para comparar y verificar si los datos que las empresas interesadas le dan son correctos, ni para, eventualmente, controlarlas y sancionarlas.
¿El agua sí alcanza para todo el mundo?
Otra de las grandes preocupaciones del informe frente al fracking se relaciona con las grandes demandas de agua que implica esta técnica (unos 14.500 m3 por pozo), y lanza las dudas sobre si el país tiene los recursos hídricos necesarios para suplir esa demanda, sin generar conflictos para otros usos, como la agricultura o el mismo consumo humano.
Sus dudas no son infundadas: el último Estudio Nacional del Agua, elaborado por el Ideam, señaló que por lo menos una cuarta parte de los municipios de Colombia sufrirá por escasez de agua en años secos, y que los acuíferos subterráneos serán una esperanza para muchos de ellos.
En una de sus conclusiones, la Contraloría recuerda que tanto para el Valle del Magdalena Medio como para la Cordillera Oriental, el país no cuenta con un mapa detallado de cuáles son las presiones sobre el agua en ambas regiones, y que, además, esas regiones no tienen ni Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos ni planes de ordenamiento y manejo de sus cuencas (POMCA).
Asimismo, recuerda que en el “cóctel” que se mezcla a las aguas que se inyecta a la roca madre, puede contener metales pesados, isótopos y elementos radiactivos, que, de terminar en acuíferos subterráneos, pondrían en jaque cualquier otro uso que se le dé a esa agua.
La entidad aclara que si bien al cruzar los mapas de acuíferos, páramos, parques nacionales naturales y parques nacionales regionales con los bloques de yacimientos no convencionales no hay intersecciones, sí se observan casos en los que ambos están peligrosamente cerca.
Sería el caso, por ejemplo, de por lo menos cuatro páramos en la cordillera Oriental que están a menos de cinco kilómetros de varios bloques para fracking: el de la Serranía de Los Yariguíes se encuentra rodeado por los bloques COR 65, COR 49 y COR 64, el de Chingaza por los bloques COR 41, COR 59, COR 2 y LLA35, el de Pisba colinda en su flanco este con el bloque COR 25 y el Páramo de Sumapaz, que limita en su flanco oeste con el bloque COR 61.
Un Estado más bien frágil
Tal como señaló la Comisión de Expertos sobre Fracking que presentó sus conclusiones hace unos meses, la Contraloría encontró que el Estado colombiano es bastante débil y que, con sus capacidades actuales, no puede hacer el control y seguimiento necesarios para una técnica de tan alto riesgo como el fracking.
De acuerdo con el informe, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, La Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Ambiente deben articularse y fortalecerse más si quieren construir “un marco regulatorio apropiado para el país”.
Por ejemplo, la Contraloría criticó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que adjudicó bloques para la exploración y producción de yacimientos no convencionales antes de que existiera en Colombia un marco que regule esta actividad, y antes de tener normas ambientales para implementarlo. Esto, dice la Contraloría, evidencia la falta de coordinación entre entidades.
Si la debilidad institucional actual continúa, advierte el documento, las consecuencias para el ambiente, y especialmente de Colombia, podrían ser “funestas”.
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