El ecosistema y su único afluente, el río Suárez, viven una tragedia ambiental que, según habitantes de la región, el Estado prefirió olvidar.
Por: María Paula Rubiano
Periodista Blog El Río y El Espectador
“No hay mal que no le esté ocurriendo a la laguna”, dice Pedro Cortés, oriundo de Villa de Leyva, sobre los problemas ambientales que sufre la laguna de Fúquene, en el límite entre Cundinamarca y Boyacá.
El cuerpo de agua, que limita con 12 municipios de ambos departamentos, es hoy una mezcla de tierra sedimentada, aguas llenas de materia fecal y residuos industriales, así como kilómetros de buchón de agua que asfixian a los pocos peces que todavía viven allí.
La situación no es nueva, de hecho, en 2001, un grupo de ciudadanos puso una acción popular que en 2006 fue fallada a su favor en segunda instancia. La orden fue clara: las nueve entidades demandadas debían hacer todo lo que estuviera en sus manos para regresar a la vida a este cuerpo de agua, que para ese entonces ya había perdido el 58 % de su área, según el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá.
Pero hoy, 11 años después del fallo, la situación no mejora, denuncian los demandantes, entre ellos Pedro Cortés.
Los problemas de la laguna se remontan, literalmente, a la época de Simón Bolívar. Desde 1826, presidente tras presidente dieron permiso para desecarla. “Esa política no es gratuita: le ha permitido a los dueños de los predios aledaños, estirar sus cercas y apropiarse del suelo de forma ilegal”, dice Cortés.
Fue hasta 2006 cuando las autoridades, obligadas por el fallo judicial, decidieron ponerle un freno a la tragedia que llevaba más de un siglo cocinándose. En diciembre de ese año firmaron el documento Conpes 3451, que ordenó invertir cerca de $200.000 millones en Fúquene.
La plata, sin embargo, no se ve: la elodea, el buchón y los juncos siguen cubriendo el espejo de agua y en palabras de Cortés, la laguna sigue pareciendo, “un chocolate espeso y oscuro”. “Las montañas están peladas y el agua de los ríos Lenguazaque, Susa y Ubaté baja llena de sedimentos”. Además, dichos afluentes reciben los excrementos de municipios como Fúquene, Ubaté, Cucunuba y Palacio; y las aguas residuales de las industrias lechera, minera y ganadera que predominan en la región.
Si bien la CAR está haciendo labores para descontaminar Fúquene, las comunidades cuestionan sus métodos: “trajeron 40 volquetas, armaron un camino con piedras que atraviesa la laguna y con retoexcavadoras están sacando el material”.
Se supone que esas obras, que iniciaron en 2015, tardarían cinco meses. Sin embargo, con una adición del 48% y tres prorrogas encima, el contrato sigue vigente. Con un agravante: el contratista, Orlando Fajardo, está en líos con la justicia por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht.
El resultado es que el único río que sale en Fúquene, el Suárez, en su nacimiento ya sea una porqueriza. Tras atravesar unos cuantos kilómetros repletos de juncos, el río llega contaminado a la bocatoma, de donde se saca el agua para Chiquinquirá.
El estado del agua es tal, que en junio de este año la Procuraduría delegada para asuntos ambientales de Boyacá declaró la inviabilidad sanitaria del alcantarillado de Chiquinquirá, tras encontrar una cantidad “incontable” de bacterias en las aguas del Suárez.
Precisamente por eso, en agosto de 2016, cinco organizaciones ambientales de la región se unieron para poner una acción popular por el derecho al agua en condiciones adecuadas de disponibilidad, regularidad y continuidad.
La acción popular fue aceptada, y la semana pasada el magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá Félix Alberto Rodríguez citó a todas las partes demandadas para ver si era posible firmar un pacto de compromisos. Pero el panorama que vivieron fue, en palabras del magistrado, “decepcionante”.
Cortés, quien fue como representante del colectivo Laguna de Fúquene y cuenca del río Suárez, le contó a El Río que “primero no estaban todos los demandados, pues la Personería de Chiquinquirá no apareció. Eso es motivo suficiente para cancelar la audiencia. Pero lo peor vino después, cuando el magistrado le preguntó a cada una de las entidades -CAR, Superintendencia de Servicios Públicos, Empresa de Servicios Públicos de Chiquinquirá, Alcaldía y Consejo de Chiquinquirá- si traían alguna propuesta de pacto de cumplimiento: nadie traía nada”.
Por eso el magistrado Rodríguez declaró fallida la audiencia y, con las pruebas en mano, tomará su decisión definitiva.
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