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Las acciones pendientes para conservar los océanos en Colombia

Aunque en las últimas semanas se han hecho importantes anuncios para proteger nuestros océanos, Colombia tiene pendiente pasar de las declaraciones a las acciones para alcanzar la meta de conservar el 30% de ellos para el 2030. Varios procesos y negociaciones, de los que se conoce muy poco, pero se llevan gestando desde hace años en el país, podrían ayudar a cumplirla. 

El Pacífico colombiano es una de las zonas más importantes para la conservación de la biodiversidad. / Foto: Juan Mayorga

Por: Daniela Quintero Díaz (@Danielaquinterd / @BlogElRio)

Hace diez días, durante la celebración del Día Mundial de los Océanos, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, entregó varios anuncios importantes en materia de protección de nuestros mares. Por un lado, aseguró que Colombia invertiría en los próximos cinco años más de $111.000 millones —provenientes de cooperación internacional— en la conservación de diversos ecosistemas costeros de varios departamentos. También aseguró que, desde su cartera, se trabajaría por mejorar la gestión marino-costera en el país, con la participación de Corporaciones Autónomas Regionales, institutos de investigación, academia y ONG. (En contexto: Minambiente anunció nuevas inversiones a propósito del Día de Mundial de los Océanos)

Otro de los anuncios, tal vez el más importante, iba en línea con un compromiso que Colombia había anunciado desde hace algún tiempo, cuando manifestó su intención de proteger el 30% de su tierra y el 30% de sus océanos para 2030: informó la adhesión a la Alianza Global por los Océanos, un pacto internacional en el que gobiernos, organizaciones internacionales, grupos de la sociedad civil y gremios privados se suman para proteger el 30 % del océano global para 2030. El pacto, además, busca generar estrategias para dar respuesta a problemáticas como la sobreexplotación pesquera, la degradación del entorno marino y la pérdida de biodiversidad.

En los últimos años se ha hecho visible la importancia (y la urgencia) de conservar nuestros océanos: sin ellos, la vida en la Tierra no podría existir. Producen el 50 % de oxígeno en el mundo, son fuente de alimentos y medicinas para miles de millones de personas, son el principal regulador climático del planeta y albergan el 80 % de la biodiversidad del mundo. La mala noticia es que los estamos acabando. Según la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), el 66 % de los océanos está deteriorado. Estamos extrayendo más del océano de lo que puede reponer. El 31 % de las poblaciones de peces está sobreexplotada, el 90 % de las especies marítimas de peces se han reducido y el 50 % de arrecifes están destruidos, según la ONU. Estas cifras han impulsado a la comunidad internacional a exigir acciones urgentes desde hace más de una década.

Una de las propuestas, respaldada por varias investigaciones científicas, es la necesidad de conservar intacto el 30 % del océano. De hecho, uno de los estudios más completos y recientes, publicado en Nature, señalaba que al proteger ese porcentaje (en áreas identificadas como prioritarias) se podría salvaguardar más del 80 % de los hábitats de especies marinas en peligro de extinción, mientras que se aumentaban las capturas de pesca en el mundo en más de ocho millones de toneladas métricas. (Le recomendamos: El científico colombiano que está ayudando a conservar los océanos)

Por eso, el anuncio de Colombia de sumarse a la alianza es una buena noticia, pero también deja en evidencia los retos que tiene el país para cumplir acciones y planes de manejo y conservación. Actualmente, por ejemplo, Colombia ha protegido apenas el 12 % de su área oceánica, y un escaso 3,8 % está altamente protegido. Como señalaba hace unos días en una cátedra de la Universidad Nacional el profesor Jaime Cantera, del departamento de Biología de la U. del Valle, quien participó en el grupo la Misión de Sabios sobre océanos y recursos hidrobiológicos, “aunque la normativa y la regulación que tenemos en mares y aguas continentales en Colombia es enorme, porque somos muy buenos haciendo leyes, es muy difícil llevarlas a la práctica”. Por eso, insistía, la normativa ayuda, pero no soluciona el problema sino va acompañada de acciones concretas.

Lo mismo asegura Viviana González, abogada y subdirectora del centro sociojurídico Siembra. “El anuncio es una buena noticia, pero lo importante es que se empiecen a tomar medidas y que los compromisos que se asuman internacionalmente se traduzcan en acciones concretas aquí en Colombia”. Para ella, esta vinculación también puede ser una forma de poner atención y materializar distintas demandas sociales de protección del océano que se están dando en el país desde las comunidades y no desde el Gobierno. La más conocida, tal vez, es la conservación del Golfo de Tribugá, pero hay muchas otras que llevan muchos años de procesos y litigios, que son menos conocidas y cuya implementación ha estado plagada de retrasos.

La lucha de los pescadores artesanales en el Pacífico

En América Latina, la pesca de camarón es la segunda pesquería con mayor valor de exportación después del atún. / Foto: Juan Mayorga.

En América Latina, la pesca de camarón es la segunda pesquería con mayor valor de exportación después del atún. En Colombia, su punto más importante está en el Pacífico, donde una pequeña flota industrial emplea la pesca de arrastre para recolectarlo. Lo grave es que, como su nombre lo indica, la pesca de arrastre acaba con el fondo marino y todo lo que vaya quedando a su paso, lo que implica graves impactos en la biodiversidad, el ecosistema y la liberación de carbono de los fondos marinos al agua. Según la FAO, con la pesca de arrastre de camarón, la cantidad de fauna acompañante (o pesca incidental) puede llegar a ser hasta 25 veces superior a la cantidad de camarón recolectado. La de atún no es menos grave. Las mallas que usan tienen muy poca selectividad, y caen otras especies como delfines, tortugas o atunes que no tienen las tallas de madurez necesarias. El proceso de deterioro es intensivo y acelerado.

“Los pescadores artesanales en el Pacífico chocoano norte, principalmente en los municipios de Bahía Solano y Juradó, empezaron a articularse con sus autoridades étnicas y consejos comunitarios para proteger la biodiversidad y compensar las disparidades entre el sector industrial y el artesanal”, asegura González, quien ha acompañado un largo proceso con las comunidades. El objetivo, más allá de no permitir la pesca industrial, era limitarla, para que no se vieran afectadas las poblaciones que viven de la pesca y los ecosistemas marinos.

El proceso inició en 2008 con la petición de una Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA), en las primeras 2,5 millas náuticas, que permitiera tener una especie de reserva en la que solo se pudiera pescar con unas artes de pesca específicas. Luego de muchos años de litigio y tras una acción popular, quedó oficializada la ZEPA, y con el fallo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidió al Gobierno, al sector ambiental y pesquero implementar medidas de control y manejo de esos impactos. Específicamente pidió al Minambiente, Minagricultura, Codechocó y a la Armada Nacional que en el término de cinco meses elaboraran y adoptaran un proyecto integral y detallado donde “se estipulen las actividades concretas, idóneas y necesarias que deben llevarse a cabo con el fin de hacer cesar, mitigar, prevenir, controlar y sancionar los impactos ambientales derivados de la pesca industrial en el Pacífico colombiano”, así como asegurar el aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos pesqueros.

También se ordenaba hacer un estudio técnico que evaluara la ampliación de la ZEPA a los demás municipios de litoral y hacia mar adentro. Es decir, que se llegara más allá de las 2.5 millas actuales. Asimismo, hacer un ordenamiento pesquero y mejorar la vigilancia de la pesquería industrial y artesanal. Aunque el Ministerio de Ambiente y el Minagricultura apelaron el fallo en primera instancia, asegurando que esas eran unas medidas que no eran de su competencia, el fallo en segunda instancia, que fue en agosto de 2020, confirmó la sentencia y adicionó la orden de generar una mesa interinstitucional para coordinar la implementación de las acciones. Si bien se ha iniciado la puesta en marcha de las órdenes, asegura González, “es necesario que las instituciones aceleren la implementación, porque las respuestas no han sido las deseadas, se ha ralentizado el proceso y el tiempo sigue corriendo; podrían entrar en un desacato”. Entre tanto, las técnicas que usan los buques atuneros y camaroneros siguen deteriorando los ecosistemas del fondo marino y afectando a diferentes especies. Además, son recurrentes las denuncias de continuas violaciones de la ZEPA, la transgresión de las normas y de los límites impuestos a las flotas pesqueras industriales. “Las instituciones del Estado se han mostrado ampliamente indulgentes, pues no se han hecho efectiva las medid sancionatoria correspondientes, desconociéndose la importancia de hacer efectiva la protección de figuras como la ZEPA”, señalan los accionantes en el documento.

Para González, el anuncio del Minambiente también es una muestra de que se debe escuchar a las comunidades locales. “Es como si se escuchara los escenarios hacia afuera, pero se les diera la espalda a las solicitudes o reclamos que se hacen desde los propios territorios, de quienes viven día a día los impactos”, asegura. “Genial que se establezcan esos compromisos, pero si se escucharan los procesos locales, seguro iríamos más avanzados en la conservación de nuestros océanos”.

Las oportunidades que quedan

Detrás de la Alianza Global por los Océanos, a la que Colombia se adhirió, hay un tratado que viene negociándose desde hace mucho tiempo, pero que ha pasado casi desapercibido. / Foto: Juan Mayorga

Detrás de la Alianza Global por los Océanos, a la que Colombia se adhirió, hay un tratado que viene negociándose desde hace mucho tiempo, pero que ha pasado casi desapercibido. Se trata de un instrumento para la conservación de la biodiversidad en Alta Mar, conocido como BBNJ, por sus siglas en inglés, que básicamente busca crear un marco jurídico que regule las actividades productivas y los usos del océano en esa “tierra de nadie”, que se extiende más allá de las 200 millas náuticas de las jurisdicciones nacionales y que, hasta ahora, no cuenta con una regulación que sea vinculante y global.

Esta iniciativa, que empezó a gestarse desde hace más de una década desde las Naciones Unidas, cuando empezaron a hacerse evidentes todas las presiones que enfrenta el océano, está siendo negociada oficialmente desde el 2018 en cuatro puntos centrales: la implementación de evaluaciones de impacto ambiental, herramientas de manejo espacial, uso de recursos genéticos marinos y la transferencia de capacidades y tecnología. Colombia, bajo la dirección de la Cancillería y el ministerio de Ambiente, junto con otras instituciones, hace parte de un grupo de 14 países Latinoamericanos y del Caribe que están en las negociaciones. Sin embargo, es poco lo que se conoce públicamente en el país sobre este proceso, que debía concluir el año pasado, pero que por la pandemia la negociación final se aplazó para el primer semestre de 2022.

Actualmente hay discusiones en las que los países siguen estando muy distantes. Los pequeños estados insulares, que son los que se ven más afectados por los cambios en el océano, han impulsado un tratado que sea más ambicioso ambientalmente. Sin embargo, las grandes potencias pesqueras como Japón, China, Corea y España no quieren ver afectada su industria.

Para algunos expertos que han seguido de cerca la negociación, Colombia debería llevar posturas más ambiciosas, principalmente, en uno de los temas críticos: la discusión sobre la pesca. Algunos países piden que la pesca esté exenta de cualquiera de las medidas (incluidas las áreas marinas protegidas y otras herramientas de gestión), lo que reduciría el alcance del tratado y minaría la efectividad de las medidas. “La pesca es uno de los principales motores de pérdida de biodiversidad en el océano, y como país no podemos ignorar ese hecho. Las fronteras en el océano son una ficción y todo lo que se afecte en un lado nos afecta a nosotros también como territorio costero”, señala una fuente que ha seguido de cerca las negociaciones.

Colombia ya se ha sumado a otras iniciativas. La High Ambition Coalition for Nature and People, el proceso de negociación del BBNJ, la Alianza Global por los Océanos y la negociación del Marco 2020 para la Biodiversidad son una muestra de que el país está interesado en formar parte de las negociaciones para conservar los océanos.  La materia pendiente sigue siendo, sin embargo, la implementación de acciones de conservación locales y de los nuevos compromisos que empieza a adquirir.

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