Las cuentas pendientes de la Represa Ranchería

Por: Carlos Andrés Baquero
Investigador de Dejusticia

Angélica María Cuevas
Redactora de El Espectador

La idea de que se ejecute una segunda etapa de la represa El Cercado para el Distrito de Riego Ranchería, en la Guajira, vuelve a avivar la molestia de los indígenas wiwa. Creen que, por segunda vez, su opinión no ha sido tenida en cuenta dentro de los planes que tiene el gobierno de autorizar, este año, la construcción de obras para los Distritos de Adecuación de Tierras de Ranchería y San Juan del Cesar que según Ariel Borbón Ardila, gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), ascienden $546 mil millones.

Los wiwa, uno de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, dicen que se enteraron de la reactivación del proyecto por medios de comunicación locales y por una reunión informativa, pero quieren entender por qué ningún representante del estado los ha citado a concertar, para saber si están de acuerdo con que pronto vuelvan las volquetas, y los ingenieros a su territorio. “No nos han tenido en cuenta”, asegura el Pedro Loperena, coordinador de derechos humanos de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT).

Por su parte el director del Incoder asegura que por ahora lo único claro es que para el 30 de junio de 2015 se sabrá si es viable la creación de una Asociación Público Privada (APP) que permita sacar adelante la segunda fase de la represa. “De ser viable financieramente, la estructuración del APP terminaría en diciembre de 2016, la cual permitiría la contratación del operador especializado para construcción y operación del Proyecto Río Ranchería (acueductos, riego y energía)”, dice Borbón Ardila.

Es claro que los conflictos sociales que giran en torno a la represa El Cercado comenzaron hace por lo menos diez años.  En 2005, cuatro años después de haberse planteado el proyecto al país, el Incoder  obtuvo la licencia ambiental para levantar el embalse y los distritos de riego del río Ranchería y San Juan del Cesar. Una obra que fue presentada por los políticos como el camino para la reactivación económica de la Guajira pero que se ha caracterizado por su bajo desempeño.

Además, los wiwa, se han declarado afectados directos por la construcción de la represa y por años han reclamado que ésta se levantó sin su consentimiento.  denunciando que realmente no hubo un proceso de consulta previa.

Los indígenas le han pedido al gobierno que escuche sus peticiones. / Foto: Dejusticia

Aunque el Incoder ha argumentado que las consultas sí se hicieron y  “durante los meses de marzo (días 14 a 16)  y mayo (día 13) del año 2005, se socializó el proyecto multipropósito Río Ranchería y sus impactos, acatando toda la normativa”, los indígenas han sostenido que éstas no fueron más que reuniones informativas donde no se tuvieron en  sus posiciones.

La ‘megaobra’ tenía tres objetivos principales: en primer lugar el gobierno buscaba dotar de agua los acueductos de nueve municipios guajiros (Distracción, Fonseca, Manaure, Uribia, Maicao, Hato Nuevo, Barrancas, Albania y San Juan del Cesár) beneficiando a 354.900 habitantes; además se realizarían obras de infraestructura para la construcción de los Distritos en Gran Escala de Ranchería y San Juan del Cesar que servirían para alimentar 18.500 hectáreas de cultivos y por último la represa funcionaría como hidroeléctrica y así iluminaría todo el sur de la Guajira.

“Esta es una experiencia y una prueba fehaciente de que las regalías también se invierten bien, como lo ha hecho La Guajira con este proyecto”, fueron las palabras del ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo en noviembre de 2010 cuando entregó la primera etapa de las obras en compañía del entonces gerente del Incoder, Juan Manuel Ospina, y el gobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez.

Pero pasó el tiempo y la represa aún no cumple con las expectativas. El año pasado, el fuerte verano que soportó la Guajira le dejó ver a algunas autoridades que el proyecto no está funcionando. En agosto, la Procuraduría General de la Nación concluyó que la represa tan sólo cumple con uno de los cuatro objetivos para los que se construyó: aunque surte de agua los distritos de riego de la Ranchería, no se aprovecha para los otros propósitos por los cuales se creó.

Panorámica de las zonas de vegetación que fueron inundadas. /Foto:Dejusticia

“Los diferentes municipios que se beneficiarían con el proyecto no han realizado sus conexiones a la presa para surtirse del preciado líquido para sus pobladores, además es evidente la falta de control por parte de Corpoguajira en la vigilancia de las concesiones de agua otorgadas”, fue el balance del ente de control. Desde 2010, la falta de recursos hizo que la puesta en marcha de la segunda fase se retrasara, generándole al país pérdidas anuales que han sido calculadas por la Contraloría General de la República en $22 mil millones.

En El Caney muchos de los habitantes piensan El Cercado es otro elefante blanco de la Guajira que además estuvo marcado por la presión de grupos armados. Según informes publicados por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en el 2002, los paramilitares atravesaron los primeros retenes en la misma zona donde después se construyeron los muros que dividieron el río Ranchería. “Los ataques paramilitares llevaron  al desplazamiento de 1.500 personas, entre las que se encontraban familias indígenas y campesinas”, dice el informe. Ese traslape de la zona de la represa con la de expansión militar del bloque Norte de la AUC ha sido denunciado en distintas ocasiones por el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), ente de representación política de los wiwa, arhuacos, kankuamo y koguis.

“Con la llegada de los paras a Caracolí, nos tocó recoger nuestras cosas y desplazarnos a San Juan (…) eso fue por ahí en el 2006”, recuerda una de las víctimas de la represa que pidió mantenerse en el anonimato por miedo a un segundo ataque.

“Antes de la represa yo tenía un pequeño cultivo de yuca que me daba para mantener a mis hijos”, contó Julio Vega, un indígena que tuvo que trasladarse con toda su familia para ese lugar después de que el agua arrasara con su casa y su cultivo. Debajo del agua también quedaron los animales que tenían para su subsistencia y más de treinta sitios sagrados, lugares de pagamento y ritos ceremoniales de los pueblos wiwa, kankuamo, arhuaco y kogui; cuidadores ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Nos habían dicho que el agua no llegaría a mi casa porque estaba alta, que la inundación duraría tres años pero en pocos meses la represa se llenó y así inundó nuestras casas y todos los cultivos” es lo que recuerda otra de las afectadas.  Esta situación fue confirmada por la Contraloría, que en uno de sus informes reveló cómo el acelerado proceso de llenado de la represa, que estaba planeado a 3 años y se hizo en 3 meses (entre agosto y diciembre de 2010), causó serios impactos ambientales y socioeconómicos.

Pedro Loperena, coordinador de derechos humanos de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT)./Foto:Dejusticia

Ahora, mientras caminamos por el borde del embalse, Pedro Loperena se queda viendo el bosque muerto que fue inundado por la represa. “Esta es la cara del desarrollo que muestra el hermano menor, lo que para ellos es desarrollo, para nosotros es muerte. Qué hace la autoridad ambiental, otorga permisos para destruir porque esto es lo que han hecho” dice.

“La enfermedad que nosotros sufrimos fue la del dengue y nosotros no sabíamos lo que era eso”, narró uno de los habitantes de Caracolí quien cuenta que una de las víctimas más recordadas fue un vecino que dejó huérfanos a ocho hijos. Medios como La Silla Vacía registraron la muerte de un soldado del ejército, y los habitantes Nelson Turizo y Oriso Bonilla. En respuesta, el Incoder ha afirmado que ha realizado los estudios epidemiológicos pertinentes y  hasta la fecha no se han registrado epidemias que hayan afectado a la población vecina al  embalse por efecto de su llenado y operación.

Los medios de comunicación local reseñaron la aparición de nuevos casos de dengue. /Foto:Dejusticia

La lucha por ser escuchados llevó a los indígenas de la Sierra, organizados en el Consejo Territorial de Cabildos (CTC), a presentar una  tutela por violación del derecho a la consulta previa, que fue negada  tres oportunidades, incluida la Corte Constitucional, al considerar que los indígenas se tardaron mucho en exigir la realización de las consultas.

Como un último recurso judicial, en 2013, el CTC, junto al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, acudieron a instancias internacionales para buscar la protección de su derecho a la consulta y la reparación por los daños generados en sus vidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún no se ha pronunciado sobre la denuncia que presentaron contra del Estado colombiano.

Ahora que se anuncia una segunda etapa del proyecto, los habitantes de El Caney, Caracolí y toda la parte baja de la Guajira siguen esperando que la represa funcione en algún momento, mientras que los pueblos indígenas continúan esperando que se les tenga en cuenta.

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