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«La minería en zonas de páramo es completamente impensable»: Silvia Gómez

En el Día Mundial del Agua 

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Hablamos con la coordinadora de Greenpeace en Colombia sobre la decisión de la Corte Constitucional de prohibir la explotación minera en páramos, ecosistema que surte de agua al 70% de los colombianos, y sobre las alternativas laborales que deberían tener los campesinos que históricamente han vivido ahí.  

Por: KAREN TATIANA PARDO

Periodista blog El Río y El Espectador

Hace casi dos meses, el país celebró una decisión histórica tomada por la Sala Plena de la Corte Constitucional que pone fin a la actividad minera y de hidrocarburos en páramos, al considerar que algunos artículos del Plan Nacional de Desarrollo van en contra de la Constitución.

El alto tribunal protegió también a las comunidades desplazadas y priorizó sus derechos por encima del de los empresarios y grandes mineras. Las víctimas del conflicto armado ahora pueden obtener los predios de los que fueron despojados en un principio, sin importar si ya fueron otorgados en concesión para el desarrollo de un proyecto estratégicos de interés nacional (Pines); por lo que podrían elegir  entre una reparación económica o retornar al lugar de donde fueron sacadas a la fuerza.  (Leer: Corte Constitucional prohíbe la minería en páramos)

Frente a ese panorama quedan todavía muchos retos por delante, por ejemplo, el del Ministerio de Ambiente de delimitar los páramos tal y como lo  hizo en el 2014 con Santurbán. Aunque la tarea ha sido lenta, la cartera anunció hoy, en el Día Mundial del Agua, la delimitación de ocho nuevos complejos de páramos que ocupan más de 100.000 hectáreas y surten de agua a más de 3 millones de personas en 8 departamentos: Frontino-Urrao, Sonsón, Los Picachos, Miraflores, Belmira – Santa Inés, Farallones de Cali, Paramillo y Tatamá.
En el mundo, solo Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Costa Rica y Colombia cuentan con este preciado ecosistema, y  Colombia posee el 50% de ellos, lo que comprende casi 3 millones de hectáreas en 36 páramos.

Ante ese escenario, El blog El Río y El Espectador hablaron con la coordinadora de Greenpeace en Colombia, Silvia Gómez, para analizar los alcances que tiene la decisión de la Corte y el trabajo que vienen realizando en el país por la protección de las fuentes hídricas.

La organización internacional denunció que las plantas de carbón no sólo contaminan el aire y alimentan el cambio climático, sino que además privan a la humanidad de uno de sus más preciados recursos: el agua. De acuerdo con Greenpeace, el sector minero consume actualmente la misma cantidad de agua que necesitarían 1.000 millones de personas. (Leer: Industria de carbón está privando a humanos de agua)

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¿Qué mensaje está enviando la Corte Constitucional, en materia ambiental, con su decisión? 

La decisión de la Corte es histórica porque es la primera vez que se refiere de manera tajante a la necesidad de proteger los ecosistemas de donde se produce el agua del 70% de los colombianos y al mismo tiempo, de entender que el derecho al agua es un derecho fundamental y es deber del Estado garantizarlo.

Es un precedente no solo para Colombia, sino también para Latinoamérica y el mundo porque, la lucha por privilegiar los derechos ambientales por sobre los derechos mineros y empresariales, es reiterada en muchos otros países. Esto abre un marco de discusión y reflexión a largo plazo muy importante sobre las decisiones políticas que se están tomando sobre el desarrollo del país.

Este año, la Organización de las Naciones Unidas decidió celebrar el Día Mundial del Agua con el tema del trabajo ¿Cómo se hace para controlar la pequeña y mediana minería en páramos que son el sustento económico de cientos de familias campesinas que históricamente han vivido y trabajado ahí?

La discusión no radica en si la minería es pequeña, mediana o a gran escala, sino en que la minería en zonas de páramo es completamente impensable porque son ecosistemas de recarga hídrica y de importancia  ecológica.  Entonces hay que mirar cómo se hace un  proceso transitorio y de acople para aquellas personas que dependen económicamente de dicha actividad, porque lo que decidamos ahora tendrá consecuencias en unos años, así que hay que tener una visión a largo plazo para luego no lamentarnos tal y como lo hacemos ahora con el caso de La Guajira y la decisión de explotar Cerrejón y desviar el río Ranchería.

Es impensable que con todos los estudios, datos y ejemplos que tenemos sobre los efectos del cambio climático,  tomemos medias que privilegien el bienestar económico de unos cuantos por sobre el agua de todos.

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 Pero esas alternativas de las que usted habla no son ni sencillas ni rápidas, sobretodo cuando hablamos de comunidades campesinas que ven cómo su opción más rentable la minería…

Claro, pero no hay que tomar acciones extremistas frente a la conservación, sino comprender que la riqueza está en nuestras fuentes hídricas y su protección, y no en el subsuelo y las actividades de gran extensión que impactan directamente sobre el ecosistema. El reto es hacer cumplir la sentencia para que la gente pueda vivir dignamente de cuidar el agua, por lo que hay que fortalecer el ecoturismo, el pago por servicios ambientales y la actividad agropecuaria a baja escala.

El agua cada vez va a ser más escasa así que solo las comunidades que garanticen su protección se verán beneficiadas. Es un cambio de mentalidad que es muy lento y que va a requerir una transición y reconversión de actividades para que la gente entienda que ahí está la principal fuente de ingreso y la misma vida. Es la única manera de garantizarle a nuestros hijos, agua y energía en los próximos años.

¿Qué proyectos está adelantando Greenpeace en Colombia?

Desde el 2013  nuestro trabajo ha estado enfocado en la protección de páramos y ecosistemas de alta montaña, especialmente en Cundinamarca, Santander y Boyacá, cuya principal amenaza es la minería de carbón, porque creemos que son vitales para proteger el recurso hídrico. Poco a poco hemos entendido por qué la minería es tan nociva en términos de contaminación de agua subterránea y superficial, por qué la actividad minera genera tanta acidificación en las fuentes de agua, por qué genera inestabilidad en las montañas y derrumbes, por qué destroza de manera irreversible el ecosistema y la capa vegetal, y cómo impacta sobre la vida de las comunidades locales en todos los aspectos: laboral, ambiental, económico y de salud.

En el páramo de Pisba, por ejemplo, hay una relación directa entre la actividad minera y la contaminación de riachuelos, ríos y manantiales; así como con la disminución de los niveles de agua en las lagunas y la contaminación del agua que va del páramo a los acueductos. Tenemos datos que revelan altos niveles de sulfatos y acidez que son preocupantes para la salud de las plantas y animales y, eventualmente, podrían contener metales pesados disueltos o metaloides tóxicos como el arsénico.

¿Qué logros han tenido? 

Después de muchas peticiones y de demostrarle a la autoridad ambiental de Boyacá, Corpoboyacá, de que las licencias ambientales fueron otorgadas de manera irregular a la multinacional minera Hunza Coal, se revocó el plan de manejo ambiental de uno de los títulos que pretendía sacar más de 800.000 toneladas de carbón al año del páramo Pisba. Este fue un triunfo colectivo entre Greepeace y la comunidad de Tasco que viene luchando por la protección de este ecosistema desde hace 13 años.

El otro, sin duda alguna, fue el de la decisión de la Corte Constitucional que responde a una demanda del Polo Democrático que contó con el asesoramiento de varias organizaciones como Dejusticia, Greenpeace, AIDA, entre otros para que se  tuvieran los argumentos suficientes para tomar esa importante decisión en el país.

Por ahora, nos vamos a centrar en garantizar que el proceso de delimitación de los páramos se haga de la mejor manera bajo criterios de conservación y no de intereses políticos o mineros.

Paramo de Pisba

*Fotos: cortesía de Greenpeace

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