«Espero que el Procurador General de la Nación nombre un buen procurador delegado para la vigilancia del cumplimiento del fallo. Un procurador que se le meta al tema.. qué haga inspecciones judiciales qué no se confíe en lo que le está diciendo un comité!»
Tribunal Administrativo de Cundinamarca/ Foto: Natalia Gónima
Magistrada Nelly Yolanda Villamizar, ponente del fallo en primera instancia (2004) que ordenó salvar el río Bogotá.
¿Cómo llegó el caso del río Bogotá a su despacho?
El caso del río Bogotá llegó el primero de agosto del 2001 cuando me posesioné. El caso venía de la justicia ordinaria, le había correspondido a los juzgados del circuito conocer una acción popular. ¿Qué ocurre? El Embalse del Muña está contaminado con las aguas del río Bogotá y sus aguas van a la cadena Guaca Paraíso y ahí se genera la energía eléctrica. Entonces la demanda la dirigía Gustavo Moña Ángel, un ciudadano del municipio de Sibaté (municipio de Cundinamarca cuya población se ha visto gravemente afectada por la contaminación de las aguas del río Bogotá) y la dirigía en contra de la EEB de ese entonces y la CAR.
Con la modificación de la ley 472 de 1998 y con la modificación de esta ley las acciones populares que estuvieran dirigidas contra entidades públicas correspondía conocerlas a la justicia contencioso administrativa.
Entonces, avoqué el conocimiento de la acción, porque estaba muy incipiente, solo había un peritazgo que no era muy técnico entonces consideré que el problema no era el embalse del Muña y tampoco se solucionaría con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) antes de trasvasar las aguas del río al embalse.
¿Por qué?
Porque el problema era el río Bogotá y sus ríos aferentes. Mientras no se solucionara aguas arriba el problema la planta sería insuficiente. En ese momento, estando en audiencia de pacto de cumplimiento con la CAR y la EEB, le solicité a la CAR que me informará qué municipios estaban en la cuenca del río Bogotá. La CAR me dio la información y ordené que se notificara a todos los representantes legales de los municipios en la cuenca del río y al Ministerio de Ambiente como parte demandada, pues en la acción que se venía tramitando ante los jueces civiles del circuito y según el código civil el Ministerio de Ambiente, era apenas un interviniente.
No se le consideraba como parte demandada y a mi me pareció que ahí había responsabilidad del ministerio por omisión ante esa catástrofe ambiental.
Consideré que no hacíamos nada si el tratamiento para descontaminar el río era únicamente lo considerado en los estudios de la EPAM del año 19992 , endonde la solución era netamente técnica y no de educación ambiental y producción más limpia.
La solución integral al problema del río, definitivamente no se solucionaría solo con la construcción de PTARS y por eso cambié el esquema que venía de los estudios de la EPAM y encontré que la mejor manera de solucionar el problema era a través del juez.
Y entonces cuando se hizo las audiencias de pacto de cumplimiento donde todas las entidades públicas me dieron piedra por convocarlas como demandas les dije, vamos a trabajar, vamos a olvidar lo que ha pasado 40 años atrás, construyamos una solución conjuntamente.Conformé unas mesas de trabajo con las entidades públicas, con la procuraduría y las organizaciones ambientales y trabajamos cerca de ocho meses escuchando cada parte demandada Construimos confianza con todos los entes que vieron que la solución era unir esfuerzos.
Pero en ese momento el problema era más económico.
Ellos celebraron unos pactos con los recursos que consideraron en donde plantean la construcción de unas obras a corto, mediano y largo plazo; entre otros, los planes maestros de alcantarillado de los diferentes municipios de la cuenca, el tema de la optimización de las plantas de tratamiento por parte de la CAR y todo lo que tiene que ver con infraestructura para que el río pueda ser un río.
¿Hubo pacto de cumplimiento?
Sí. La ley dice que el demandado presenta el pacto y el juez lo aprueba en el fallo y eso fue lo que yo hice, aprobar los pactos de cumplimiento luego de que los discutimos y luego de que la contraloría pidió que se aprobaron los pactos.
Yo dije: la sentencia es un híbrido no puede ir solo con pactos, lo que importa es salva guardar los derecho colectivos. Pero como dicen que como no hubo una solución integral entonces no hubo pacto. No señor! El tema es que nosotros podíamos salva guardar el derecho, parte con pactos y parte con una condena. Y eso fue lo que yo hice. Proferí una condena y dije, tales recursos económicos que son para el medio ambiente tienen que ir para solucionar el problema de las obras que faltan.
Entonces así se profirió la sentencia y luego vinieron las apelaciones como la de la CAR que apeló su propio pacto y la procuraduría en ese momento avaló esa situación y de ahí viene esa demora de diez años en donde hubo diferentes magistrados en el consejo de estado hasta que el doctor Velilla se apersonó del tema.
Él pensó que lo pertinente era volver a dictar las órdenes, pero avaló el trabajo hecho por el Tribunal y el trabajo que han hecho las entidades públicas dándole cumplimiento a sus pactos. Porque el Consejo de Estado dice que no son pactos pero que sí son acuerdos. Pero sin embargo confirma la medida cautelar que yo dicté.
La ley 472 decía que para darle cumplimiento a las órdenes del fallo se debía constituir una póliza de seguro o una garantía real. Entonces, ante la magnitud del valor de las obras yo consideré que contratar por las entidades pólizas de seguro para que las aseguradoras fueran las que recibieran gran parte de los recursos, pues se iban a distraer los recursos pagando esas primas. No era conveniente que se cntituyera como medida cautelar esas pólizas entonces yo dije, hablando con Luis Camilo Restrepo, ex ministro de hacienda a quien consulte, le pregunté si podía comprometer vigencia futuras y el me dijo que sí siempre que fueran aprobadas por el CONFIS.
Qué pasó, dicté la medida cautelar. Qué tenían que hacer las entidades públicas someter a la aprobación del CONFIS el tema de la apropiación de recursos de vigencia futura. Cuando se apela una medida cautelar que está dentro del fallo, la apelación no va en el efecto suspensivo, es decir, no se suspende el cumplimiento del fallo. Va en el efecto devolutivo que quiere decir que la providencia apelada se debe cumplir y entonces en este caso lo que tenían que hacer los demandados era apropiar los recursos de las obras alas que se comprometieron en sus pactos de cumplimiento. Eso lo confirmó el Consejo de Estado. El Consejo de Estado en el fondo confirma el tema de los pacto de cumplimiento.
¿Qué entidades han cumplido sus pactos de cumplimiento ?
Hay entidades como la EAAB, entiendo que el Ministerio de minas lo ha cumplido, el Fondo Nacional de Regalías lo ha cumplido y así,todos tienen que haber apropiado los recursos para la consecución de las obras que se acordaron en los pactos de cumplimiento.
Pero los alcaldes y los representantes de cada entidad pública los están cambiando constantemente entonces lo que un alcalde prometió, o un Dir. de la CAR prometió, viene otro y lo cambia y aquí en algunos casos hicieron caso omiso a la sentencia. Y muchos dijeron apelemos.
El tema es que cada representante legal llega con su cuadrilla a mirar a ver que hace y muchos hicieron caso omiso de la sentencia y si se demoró diez años es porque el Consejo de Estado está muy congestionado. No le dieron prioridad a un asunto tan grave como este.
¿Podría volverse a hacer caso omiso de esta sentencia?
Mientras yo esté aquí y mientras esté el Dr. Marco Antonio Velilla que conoce muy bien el tema, eso no va a pasar.
Con el fallo en segunda instancia tenemos como nuevo el consejo estratégico de cuenca y el gerente de cuenca que ya lo había previsto en el fallo en primera instancia.
Hay unos órganos que crea la sentencia para facilitar el trabajo del juez y eso es bueno, pues cuando no estemos el Dr. Marco y yo, esa persona tendrá que apersonarse de cada una de las órdenes. El gerente de cuenca debe controlar los contratos públicos pues corrupción siempre la hay y pueden malgastar los dineros o llevárselo para otras obras diferentes. Para eso también tenemos la contraloría la procuraduría.
Yo espero que estas dos autoridades, que nunca habían funcionado hasta que Marco Antonio Velilla le puso el empeño, ahora después de que se dictara el fallo los veo preocupado integrando los comités de verificación del cumplimiento del fallo y espero que el procurador general de la nación nombre un buen procurador delegado para la vigilancia del cumplimiento del fallo. Un procurador que se le meta al tema. Que haga inspecciones judiciales. Que no se confíe en lo que le está diciendo un comité.
Si el comité se va a volver parte de la entidad que va a vigilar ¿a dónde vamos allegar?. Yo necesito que estas entidades que se crean actúen de verdad.
Al alcalde le suspenden el POT que le improvó el Consejo de Bogotá y ahora nuevamente pretenden construir vivienda de interés social en el centro de Bogotá, cuando las redes de acueducto no alcanzan a soportar el volumen de aguas residuales que va a tener que transportar…es una situación preocupante.
El fallo en segunda instancia le mete la mano al tema de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y de ahí parte el tema de que el río se descontamine.
Aquí todo el mundo quiere hacer lo que le provoca y va con palancas y obtiene lo que quiere y nadie respeta el medio ambiente porque cada uno está buscando la protección de sus interés pero no el interés general.
Veo cómo han pasado diez años y el matadero de Guadalupe sigue igual contaminando el río Bogotá. Entonces acá, dónde estála Procuraduría cuando sigue es contaminación a cielo abierto.
¿Cuál es su opinión sobre el último fallo del Consejo de Estado para salvar el río?
El fallo es muy completo. Más que el mío porque el doctor tuvo un gran equipo y tuvo apoyo de la misma Contraloría y la Procuraduría. Él construyó un fallo desde la realidad. A mi me parece el fallo es excelente, pero solo cuando lo ejecuté sabré qué me puede causar… digamos inquietudes. Eso es como la ley, se dicta con un interés general, pero cuando se va a aplicar aparecen espacios negros y uno no dabe para donde coger.
Lo único es el tema de la contratación ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se van a ejecutar?. Pero lo importante es que se vea la voluntad política de nombrar gente competente en las entidades públicas.Mire el problema con el Ministerio de Medio Ambiente. Cuántos años llevamos diciéndole que alindere las zonas de exclusión acá y hasta la fecha no hay ningún decreto no resolución donde hayan hecho la linderación y todas las zonas de exclusión y las zonas de reserva forestal y cada vez que los cito me dicen que dentro de tantos meses y por qué? Porque cambian el personal a cada rato.
¿En qué se avanzó estos diez años?
Yo veo con preocupación el tema de Villa Pinzón, donde el alcalde sale a decir después de que el doctor Velilla dicta la sentencia, que cómo así que le dieron dos años para cumplirla, cuando han tenido diez y ellos mismo celebraron unos pactos.
El problema es de la conciencia de las personas. Cada uno necesita un policía. Todos somos responsables del medio ambiente. Yo no vea que la procuraduría haga procesos disciplinarios a los alcaldes o a las autoridades encargadas del problema ambiental.
Yo sigo viendo que en la carera séptima por Bosques de Medina están construyendo muchos más edificios sin importar la sentencia de Cerros Orientales. ¿Dónde está la autoridad ambiental?
¿Ahora qué sigue?
La sentencia está ejecutoriándose, falta que llegue al Trinbunal y me toca ver qué órdenes voy a dictar, el obedezcase y cumplace. Hay que mirar con la sala qué órdenes se van a dictar. Haré una gran audiencia en donde estén todos los comités y todos laspartes paraorganizar le sistema de trabajo.
Porque aquí es el juez el que le da cumplimimiento al fallo. Los comitñés son auxiliares.
El tema de la protección del agua con el fenómeno del niño. Mosquera ahora tiene un problema con la empresa filial de la EAAB que parece que no ha hecho nada. Consumo de agua necesario.
El tema de los vertimientos. Tengo a Guadalupe en los ojos, cómo está y sino dictar el desacato correspondiente. El tema de los mataderos, las curtiembres, urbanización en chía, la PTAR de all´ña está colmatada y es grave pues siguen consttuyendo. EN Sopo mirar el tema de urbanización. Se están dando licencias de urbanismo en zonas de reserva. El tema minero en Tocancipa y lo mismo el tema de laa protección del pàramo de Guerrero. EL tema de los cerros orientales.
La Procuraduría hizo una preinstalación de los comités pero yo tengo una visión diferente. Menos macro de lo que hacen ellos. Yo soy más de campo. Prefiero ir yo misma a constatar y ver que se estén haciendo las cosas. Si hay desacatos abrirlo procesos para que la gente se acostumbre que hay que hacerle caso a los jueces.
Nota: La entrevista data de la última semana de agosto de este año.
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