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¿Derechos para los ríos? Una idea no tan loca

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Hace tres semanas, Nueva Zelanda decidió darle los mismos derechos de una persona a uno de sus ríos más importantes. Días más tarde, un tribunal en India hizo lo mismo con el Ganges.

Por: María Paula Rubiano

Periodista Blog El Río y El Espectador

Cuando los 72 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente firmaron la Constitución que hoy rige a Colombia, estaban firmando uno de los textos más “verdes” que hasta entonces se habían redactado. De acuerdo con análisis hechos por la misma Corte Constitucional, el 10 % de las normas en la Carta Magna están relacionadas con el medio ambiente.

La Constitución reconoció el derecho de los colombianos a crecer en ambiente sanos y disfrutar de la biodiversidad. En últimas, habló del tan nombrado “desarrollo sostenible”. Pero ni las propuestas más disparatadas de ese entonces pensaron en darles derechos a los ríos, las montañas, los bosques o los animales. No obstante, en menos de tres décadas, hablar de los derechos para los recursos naturales y los seres vivos que no son humanos, es ya una realidad.

Los casos más recientes ocurrieron en Nueva Zelanda e India, donde les reconocieron derechos a fuentes hídricas de vital importancia para cada país. En el caso neozelandés, el parlamento firmó un acuerdo para que el río Whanganui, el tercero más importante de ese país, tenga los mismos derechos que una persona jurídica. Cinco días más tarde, el 20 de marzo, el Alto Tribunal de Uttarakhand declaró a los ríos Ganges y Yamuna (el afluente más grande del Ganges) como entidades vivas con derechos legales.

La decisión tiene peso: sería como si el río Magdalena y el río Cauca, los más importantes de Colombia, pero también con serios problemas de contaminación, fueran considerados personas jurídicas. “Las implicaciones legales de estas decisiones todavía están por verse, pero es importante que abramos esta conversación en nuestro país”, le dijo a El Espectador Gloria Amparo Rodríguez, directora de la línea de investigación y de la especialización en derecho ambiental de la Universidad del Rosario.

Si bien las comunidades indígenas alrededor del mundo han pedido un reconocimiento distinto de la naturaleza desde que la cultura occidental empezó a entrar en contacto con ellos y sus territorios, fue apenas en 2008 cuando se materializaron por primera vez. Ecuador reconoció en el artículo 71 de su nueva constitución que “la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.

Para la profesora Gloria Amparo Rodríguez, este tipo de innovaciones legislativas sacuden de forma significativa cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. “Significa dejar de pensarnos como especie y empezar a tener una visión holística que incluya las necesidades y los valores intrínsecos de la naturaleza”, dice. Para el profesor e investigador de la Universidad de Antioquia Germán Alberto Villa, implica superar la mirada antropocéntrica y utilitarista que Occidente tiene sobre los recursos naturales.

Ambos docentes consideran que este tipo de cambios no hubieran sido posibles si las voces de las comunidades ancestrales o indígenas siguieran ocultas de la esfera pública. La profesora Gloria Amparo Rodríguez cuenta que alguna vez le preguntó a un mamo de la Sierra Nevada de Santa Marta cuáles eran sus derechos. La respuesta del indígena la dejó sorprendida: “No, no tengo derechos, pero tienen derecho el río, el viento, la montaña. Nosotros solo tenemos los deberes de protegerlos a ellos”.

“El hecho de reconocer poco a poco la validez de otras formas de conocimiento de la realidad obviamente influye en que un movimiento así florezca. Que se reconozcan por ejemplo las formas de sanación de culturas ancestrales o afros, abre la puerta. En el pasado queríamos occidentalizarlos, pretendíamos imponer nuestros valores culturales, pero ahora no”, expresa Germán Alberto Villa.

Para el expresidente de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas, este tipo de decisiones jurídicas tienen “muchísimas más ventajas que desventajas”. Para él, es de aplaudir que se den este tipo de reconocimientos y de hecho cree necesario que en un escenario como el colombiano, donde el desarrollo ha intentado pasar por encima de la naturaleza, empiece a hablarse de esta tema.

Pero, ¿quién podría generar estos cambios legales en el país? Para Vargas, “lo ideal y lo más ajustado a la Constitución sería que lo hiciera el Congreso. Solamente cuando el Congreso no quiere regular un determinado tema, es cuando a la Corte Constitucional le ha tocado ejercer su competencia”. Eso es lo que ocurrió con el tema de los derechos de los animales: esa entidad exhortó al Senado a legislar sobre ese tema puntual y, como los senadores no lo hicieron, la Corte decidió hacer lo que le correspondía por ley.

El investigador Germán Alberto Villa cree en cambio que este tipo de cambios no deben hacerse país por país, sino que deben darse producto de nuevos acuerdos internacionales, aunque reconoce que la realidad hace que esa opción todavía sea una utopía en el horizonte. “No es fácil, pues sería ir en contra del sistema económico. Hasta ahora lo más lejos a lo que se ha llegado es el reconocimiento de que la explotación de la naturaleza debe hacerse en unas condiciones de sostenibilidad, pero en ellos, la conservación es interesante para garantizar la vida futura de la especie humana”, explica.

Para los tres expertos en el tema, si bien es incipiente, la conversación ya comenzó en Colombia. El docente Villa explica que por ejemplo en la Universidad de Antioquia ya existe una licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, cuya malla curricular y metodología fue diseñada por comunidades ancestrales. “Lo importante es que se hable de estos temas de forma ética y participativa”, dice Gloria Amparo Rodríguez. En cualquier caso, el panorama global parece indicar que ríos, montañas, bosques y selvas empiezan a tener una voz que cuenta.

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