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Consejo de Estado abre incidente de desacato contra entidades obligadas a descontaminar el río Bogotá

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El río Bogotá completamente negro./Foto: Tatiana Pardo 

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La medida fue tomada por el incumplimiento de las órdenes relacionadas con la construcción de la estación elevadora y la planta de tratamiento de aguas residuales  (Ptar) Canoas, que tienen como objetivo ayudar a descontaminar el río más importante de la capital que diariamente recibe los desechos de cerca de 8 millones de habitantes.

El documento advierte que durante los días 18 de septiembre y 25 de noviembre de 2015, así como el 7 y 8 de marzo del presente año se llevaron a cabo audiencias públicas para mirar cuáles habían sido los avances de la sentencia del Consejo de Estado de marzo de 2014. Las entidades involucradas advirtieron que no habían podido hacer un cierre financiero ante la subida del dólar lo que significa un retraso para recuperar el río más sucio del país.

A finales del año pasado, la magistrada Nelly Villamizar, encargada de seguirle la pista al tema, le ordenó al Distrito Capital presentar el diseño de la primera fase de la Ptar Canoas a más tardar el 28 de febrero de 2016, también le ordenó al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Hacienda presentar el cierre financiero durante el siguiente mes para que, vencido ese plazo, la Nación pudiera empezar a conseguir los recursos en la Banca Multilateral. (Leer: «Es simple: o limpian el río Bogotá o los sancionamos»)

IMG_0392 copiaLas aguas del río Bogotá llegan con espuma al Salto del Tequendama. 

De acuerdo con el documento, el 26 de febrero la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), presentó los diseños de ingeniería de la Ptar Canoas; sin embargo, «no se han presentado los diseños de ingeniería de la Estación Elevadora. Las entidades correspondientes tampoco presentaron el cierre financiero y no se encuentran las gestiones del Gobierno Nacional ante la banca internacional para la consecución de un crédito para cubrir el monto total de las obras mencionadas».

El documento señala que cualquier persona que incumpla una orden, incurrirá en multa de hasta 50 salarios mínimos mensuales, conmutables en hasta seis meses de arresto.

A la par, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, le envió un oficio al  defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, para que impulse un incidente de desacato contra el Ministerio de Ambiente por no delimitar geográficamente las zonas excluidas de minería  (donde no podrían ejecutarse trabajos y obras de explotación en la Sabana de Bogotá) cuya orden tenía un plazo de seis meses. (Leer: Piden a Defensoría iniciar incidente de desacato contra Minambiente)

“Con este incumplimiento, el ministerio pone en riesgo los derechos colectivos de quienes habitamos este territorio”, manifestó Cepeda.

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