Investigadores colombianos diseñaron un dispositivo portátil que podrá ser utilizado por autoridades del país para enfrentar el tráfico de tortugas matamata y ayudar a conservar la especie.
Por: Daniela Quintero Díaz – @danielaquinterd
En marzo de 2020, mientras buena parte del país empezaba a quedarse en su casa por cuenta de las cuarentenas y el coronavirus, miles de tortugas matamata fueron sacadas de sus ríos, lagunas y pantanos para ser comercializadas ilegalmente en el exterior. Cerca de 2.200 neonatos de esta especie llegaron al Aeropuerto Alfredo Vázquez Cobo, de Leticia, entre bolsas llenas de agua y cajas, con el fin de ser llevadas hasta Perú a través del río Amazonas; pero las autoridades las confiscaron. (Lea: Estas son las 10 especies de tortuga más amenazadas en Colombia)
Aunque en Colombia está prohibido el comercio de especies de fauna salvaje, cada día sigue ocurriendo este delito. Según datos no publicados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), el tráfico de las tortugas matamata ha ido creciendo exponencialmente en los últimos cinco años. Mientras que en 2015 se incautaron 250 individuos, en el 2016 fueron 1.000, en el 2017 y 2018 fueron 1.500 y en el 2020 fueron más de 2.000. ¿El motivo? En mercados de mascotas de lugares como Estados Unidos, Europa y Asia, estas tortugas nativas de América del Sur son muy apetecidas por su rareza, y se venden legalmente en más de US$300 cada una.
“Colombia, siendo uno de los países más biodiversos del mundo, es realmente vulnerable al tráfico ilegal de muchos animales”, asegura Diego Cardeñosa, científico colombiano que lleva años usando herramientas moleculares y pruebas de ADN para combatir el comercio ilegal de tiburones, anguilas y tortugas en el mundo. Aunque gran parte de su trabajo ha estado enfocado en ayudar a las autoridades de Hong Kong a enfrentar el multimillonario mercado ilegal de aletas de tiburón, ahora está aplicando sus conocimientos para conservar a esta extraña tortuga endémica, de cabeza triangular, plana y alargada, cuya nariz parece un snorkel.
“El tráfico ilegal es uno de los principales impulsores de la extinción de especies en el planeta. Y las autoridades tienen muchos desafíos para lograr protegerlas realmente”, explica. La investigación forense de la vida silvestre —en otras palabras, la aplicación del conocimiento científico a cuestiones legales para conservar la vida silvestre— se está convirtiendo en una buena alternativa para ayudar a conservarlas. (Puede leer: De Vietnam a Huila: los miedos de la producción del pez basa)
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Aunque de las tortugas matamata todavía se conoce muy poco en el país, cuando fueron incautadas por las autoridades no se necesitaron pruebas de ADN para confirmar que se trataba de crías que iban a ser comercializadas ilegalmente. Sin embargo, en Colombia existen dos especies distintas que, aunque parecen idénticas, provienen de lugares muy diferentes. La Chelus orinocensis vive exclusivamente en la cuenca del río Orinoco, mientras que la Chelus fimbriata se encuentra solo en la cuenca del río Amazonas.
Por eso, cuando se decomisa un cargamento de estas tortugas, uno de los pasos más importantes es identificar rápidamente de qué especie se trata y de dónde provienen, pues solo así podrán ser devueltas al lugar correcto. No hacerlo, en cambio, podría tener graves implicaciones en los animales, su proceso evolutivo y su descendencia.
“Estas tortugas se separaron hace mucho tiempo. Más de diez millones de años. Entonces, lo más probable es que cada una haya alcanzado unas adaptaciones especiales para su ambiente particular”, asegura Susana Caballero, directora del Laboratorio de Ecología Molecular de Vertebrados Acuáticos (LEMVA), de la Universidad de los Andes, y una de las investigadoras que describió la especie de matamata del Orinoco, cuando se descubrió que en el país habitaban dos especies distintas, y no una, como se creía.
“Si coges a una y la pones en la cuenca que no es, se pueden generar muchos problemas, principalmente a escala evolutiva. Al aparearse con las de esa cuenca pueden resultar híbridos inviables o descendencias que no están adaptadas a ese lugar. También puede darse un aumento en la susceptibilidad a enfermedades infecciosas. Eso, incluso, podría llevar al colapso o extinción de las poblaciones”, explica Cardeñosa. (Le puede interesar: Las acciones pendientes para conservar los océanos en Colombia)
Hasta el momento de esa incautación, en 2020, las muestras de ADN de las tortugas (para identificar si eran de la especie del Orinoco o del Amazonas, y devolverlas a su cuenca correcta) tenían que ser enviadas hasta el LEMVA, en Bogotá. Era un procedimiento laborioso y costoso, que podría tardar entre dos semanas y un mes. Mientras se esperaban los resultados, las autoridades intentaban mantener vivas a cientos de tortugas incautadas que llegaban en condiciones paupérrimas: hacinamiento, sin comida y sin el agua ni la temperatura adecuada, así que muchas morían.
Desde hace unos años, Cardeñosa diseñó un laboratorio portátil de análisis rápido de ADN, que permite hacer pruebas moleculares de PCR en tiempo real (parecidas a esas que se han vuelto tan comunes durante la pandemia) para detectar qué especies de animales amenazados vienen en contenedores, maletas y cargamentos internacionales. Es un kit fácil de usar, preciso en su identificación y solo tarda dos horas. Además, es muy económico: cada muestra cuesta menos de US$1. Solo necesita electricidad, pipetas y los reactivos adecuados para funcionar, así que puede adecuarse en cualquier aeropuerto o punto de control.
Con participación de la Dijín, Caballero, Cardeñosa y otros investigadores lograron adaptarlo para que identificara rápidamente la especie de cada tortuga matamata y, así, facilitar el proceso de su regreso al lugar adecuado. El primer ensayo fue aplicado en un escenario real: la incautación de las 2.200 crías hace más de un año.
Lo ideal, señala Cardeñosa, sería que las autoridades colombianas, como la Dijín, pudieran tener estas herramientas para identificar con rapidez las especies en las incautaciones, reducir costos logísticos, mantener a los animales vivos durante un menor tiempo de cautiverio y devolverlos a su cuenca de origen lo más pronto posible. “Esa es una gran ganancia que se logra al trabajar conjuntamente”, explica. “Lo que nos queda es que el país destine mayor financiación para que estas herramientas se puedan expandir a esos ámbitos en donde los crímenes contra la vida salvaje son mucho mayores”. (Le puede interesar: Con el agua al cuello: la tragedia de los ríos que se desbordan)
Necesitamos acuerdos regionales
Aunque en Colombia el comercio de fauna silvestre está prohibido, en otros países de la región, como Perú, no. Solo en 2013, por ejemplo, el estado de Loreto, en ese país, reportó un total de un millón de dólares solo del comercio de tortugas. “Por eso, no es sorprendente que las tortugas colombianas capturadas en la Orinoquía sean transportadas al Amazonas para entrar a Perú”, aseguran los investigadores en un artículo con los resultados de este trabajo, publicado en la revista científica Aquatic Conservation. “Esta situación hace necesario que todas las autoridades ambientales de los territorios donde se distribuyen estas especies mejoren los protocolos de inspección para detectar el comercio ilegal de tortugas matamata”, agregan.
Para Susana Caballero, es necesario impulsar acuerdos regionales. “Tenemos la experiencia. Colombia ha liderado ya, a nivel regional, un plan de conservación para los delfines de río con todos los países amazónicos. Con las matamata es necesario hacer algo similar”, explica. “Además, yo creo que la gente no sabe que la forma en la que estas tortugas se defienden de los depredadores es tirándose pedos. Y huelen inmundo. ¿Quién va a querer en el acuario de la sala eso? Yo, de ellos, las dejo mejor quietas en su lugar de origen”.