El MERIDIANO 82

Publicado el El meridiano 82

¿Y qué pasó con Caperucita?

223 es el total de casos de sobrevivientes de violencia sexual que fueron captados entre junio de 2012 y agosto de 2013 por Médicos Sin Fronteras (MSF) en Cauca, Nariño y Caquetá. El 80% de los sobrevivientes no buscó ayuda en las estructuras de salud locales. Otra entrega de la colaboración entre MSF y El Meridiano 82.

Por Ester Gutiérrez/ Responsable Asuntos Humanitarios para MSF en Colombia

Con tan sólo cinco años, un niño había sido violado en reiteradas ocasiones por su padrastro en algún lugar de Caquetá. Aunque había recibido ayuda en el hospital local, la psicóloga de la Comisaría de Familia a quien se le asignó el caso refirió que era un paciente muy difícil de tratar y que lo mejor era “dejarlo así”. Pero el niño manifestaba dificultades para restablecer su vida personal y para mantener relaciones sociales además de agresividad y disociación.

En el Cauca, una joven fue violada cuando tenía 20 años por miembros de un grupo armado y decidió acudir al hospital algunos meses después por un dolor pélvico. Una vez allí los médicos no indagaron si había sufrido alguna agresión sexual y la mujer tampoco lo contó, por temor a que sus familiares se enteraran. Pasaron varios años antes de que ella rompiera el silencio. Y así, llegamos a registrar hasta 223 cuerpos y mentes marcados por la violencia sexual en Colombia.

223 es el total de casos de sobrevivientes de violencia sexual que fueron captados entre junio de 2012 y agosto de 2013 por Médicos Sin Fronteras en Cauca, Nariño y Caquetá. Cada una de estas historias de vida aporta información muy relevante acerca de las secuelas físicas y psicológicas de la violencia sexual, así como de las barreras que han existido en Colombia para la búsqueda de atención desde hace décadas y que, desafortunadamente, continúan existiendo hoy.

Cuando la mirada está puesta en encontrar al lobo y en que se haga justicia, aunque sea una inquietud válida e importante, es legítimo preguntarse: ¿y qué pasó con Caperucita?

El 80% de los sobrevivientes de violencia sexual no buscó ayuda en las estructuras de salud locales.  Cuando les preguntamos el por qué, lo que más llama la atención es la profunda falta de información que existe en las comunidades: muchos no estaban sensibilizados sobre la importancia de buscar ayuda y desconocían que tenían derecho a recibir una valoración médica y psicológica de manera urgente; igualmente, en algunos casos, los sobrevivientes afirman que no sabían que lo que habían sufrido era violencia sexual.

A menudo los sobrevivientes anticipan que recibirán un trato poco delicado del personal de las instituciones públicas de salud, lo que se convierte en un motivo más para no acudir a estas estructuras. Una de nuestras psicólogas en Caquetá atendió a una mujer de 70 años, quien refirió cómo su marido la obligaba a tener relaciones sexuales. En sus palabras, el maltrato que recibía del esposo hizo que se le quitara “el querer”, pero nunca se lo contó esto a nadie. Al acudir al médico del hospital local por recomendación de nuestra psicóloga, lo único que recibió como respuesta fue otra pregunta: “mijita, ¿quiere cambiar de psicólogo?”. Este tipo de actitudes por parte del personal minan la confianza en las instituciones y son completamente inaceptables.

Desde hace varios años la violencia sexual en Colombia es formalmente reconocida como una urgencia médica –y psicológica- y el protocolo nacional del Ministerio de Salud lo reitera en varias ocasiones. No obstante, el que, de forma generalizada, la población urbana y rural que asiste por primera vez a una actividad de sensibilización de los equipos de MSF, no asocie la violencia sexual con la necesidad de consultar a estructuras de salud, sino con la denuncia legal, es evidencia de que algo no ha funcionado bien en los mensajes que se han transmitido a algunas comunidades. Para intentar responder al problema de la violencia sexual en Colombia es necesario ubicar en el centro al sobreviviente, a Caperucita. Y que todas estas víctimas reciban una atención integral en salud. Por lo tanto, garantizar la disponibilidad y accesibilidad de estos servicios, además de una obligación del Estado, debe ser una prioridad para que la violencia sexual sea tratada con prontitud y revelada en su magnitud.

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