Tercera entrega de la colaboración entre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y El Meridiano 82.
Por Alba Marcellan, Acnur Venezuela
Entre los estudiantes de uno de los Diplomados sobre Derecho Internacional de los Refugiados con los que colabora Acnur Venezuela, una joven periodista, con ocasión de un reportaje para su medio, conoció a una comunidad de colombianos indocumentados en un barrio de la Gran Misión Vivienda ubicado en las afueras de San Fernando de Apure, en la frontera con Colombia. Además de su trabajo como periodista, decidió brindar asesoría a dicha comunidad como parte de su proyecto final para el Diplomado sobre quién puede ser refugiado en Venezuela.
En este grupo de colombianos está María Gómez*, de 57 años, quien perdió en el conflicto armado interno colombiano a su padre y a su hermano. Años más tarde su esposo fue asesinado por negarse a pagar vacunas a grupos armados ilegales. María se vio forzada a desplazarse, temiendo que ella se convirtiese también en objetivo de esos grupos. Llegó a Barranquilla, donde consiguió una tierra para cultivar y obtener así recursos para sacar adelante a sus cinco hijos. Si bien pudo empezar a construir un nuevo proyecto de vida, todo se rompió en pedazos cuando un día llegaron tres hombres a su tierra y empezaron a disparar contra un árbol. “Uno de ellos al acabar me preguntó qué hacia todavía ahí, y dijo que él se hubiese ido ya. Tuve mucho miedo y empecé a buscar otro sitio donde trabajar”, cuenta María, asustada, cada vez que recuerda aquel momento.
Mientras barajaba opciones, encontró a través de un periódico de Barranquilla una agencia de trabajo en Venezuela, que le ofreció la posibilidad de irse a trabajar a un fondo en el estado venezolano Zulia. María decidió dejar a cuatro de sus hijos con una tía que vivía en Barranquilla y se fue a Zulia con la menor de sus hijas, Eva.
María trabajó en una finca cercana a Maracaibo, capital de Zulia, durante tres años. Hasta que le ofrecieron la posibilidad de irse al estado venezolano de Apure, con su hija, a trabajar en otra finca y en mejores condiciones. Durante los 9 años que trabajó en terrenos agrícolas, María no tenía prácticamente contacto con nadie de las comunidades cercanas y tuvo otros duros desafíos que no había esperado. Entre ellos, que su hija Eva quedara embarazada y, a la semana de dar a luz, se fuera de la casa, dejando a la pequeña Laura a cargo de María. A los pocos días de su ida, uno de los hijos de María la llamó para contarle que Eva había vuelto a Colombia. Con el tiempo, Eva rehízo su vida, mientras que María se terminó convirtiendo en la única madre que ha conocido Laura.
María decidió entonces dejar de trabajar en fincas, y empezó a laborar como doméstica en casas de Apure y a relacionarse con la comunidad, sobre todo cuando salía a pasear con Laura. Cuando varios de los vecinos de la zona crearon la cooperativa de Santa Lucia para desarrollar un proyecto habitacional, se inscribió para poder ser beneficiaria de una de las viviendas en perspectiva. A partir de entonces, nuevos horizontes se abrieron para ella: obtuvo su primer pasaporte colombiano (aunque no la visa venezolana) y en 2013 le fue adjudicada una de las viviendas del barrio que logró la cooperativa, donde reside actualmente con su nieta.
Después de todas las travesías que pasó, María no quiere volver a Colombia. “Sigo teniendo miedo por todo lo vivido y prefiero quedarme en Venezuela con mi nieta y regularizar mi situación: tener mi visa, una cédula…”, relata. La documentación es uno de los principales retos. Pese a haber logrado trabajo en un taller de costura creado por la propia cooperativa, María no está recibiendo ningún salario debido a que no cuenta con documentación venezolana. Cada una de sus compañeras ha decidido aportar una pequeña cantidad a final de mes para que ella reciba también un pequeño salario.
Tras conocer su historia de la mano de la joven periodista, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados se ha comprometido a realizar un registro completo sobre su caso y orientarle sobre el proceso de solicitud de la condición de refugiado en Venezuela. La integración local es la solución que eligen muchos de los refugiados colombianos que llegan a este país: el clima, el mismo idioma y la cercanía cultural son los principales elementos que valoran a la hora de quedarse allá.
En los últimos años se estima que han llegado a Venezuela cerca de 200 mil personas con necesidades de protección internacional, de las cuales más del 95% han sido de nacionalidad colombiana, que se vieron obligadas a huir de su tierra por persecuciones, amenazas de distintos grupos armados y situaciones de extrema violencia. Debido a que muchos se encuentran en zonas alejadas de las cabeceras municipales o a que desconocen la existencia del proceso de solicitud de la condición de refugiados, el número de refugiados reconocidos fue de 4,340 a finales de 2013. Es por ello que entre las prioridades del trabajo que desempeña Acur y del apoyo que brinda a las instituciones, se encuentra identificar a esa población en necesidad de protección internacional, principalmente ubicada en zonas fronterizas. Cada refugiado viene con una historia. Muchas de ellas dolorosas, pero siempre albergando la esperanza de un nuevo comienzo lleno de alegría y oportunidades.
*Nombre cambiado por razones de confidencialidad
*Artículo editado por Francesca Fontanini, Acnur Regional Americas