Otra vez la pena de muerte es erróneamente aplicada en EE.UU. Joseph Wood agonizó durante dos horas después de que se le aplicarán las inyecciones letales.
Por Daniel Salgar Antolínez / @DanielSalgar1
La errónea aplicación de la pena de muerte en EE.UU. genera cada vez más consternación. Ha pasado una semana desde que Joseph Rudolph Wood, condenado por doble asesinato en Arizona, agonizó durante dos horas antes de morir, resoplando y tomando bocanadas de aire cientos de veces, después de que se le aplicara la inyección letal. Se supone que un reo debería morir 10 minutos después de que se le apliquen las inyecciones y sin agonizar.
Wood se convirtió en el segundo preso que tarda dos horas en morir en Ohio. El primero fue Christopher Newton, que pesaba 120 kilos. En 2007, los médicos tuvieron que aplicarle más de 10 inyecciones para provocarle la muerte.
Antes de la ejecución de Wood, sus abogados expresaron a los tribunales estatales y federales sus preocupaciones acerca de la combinación de compuestos químicos y la negativa del Departamento de Correcciones de Arizona a dar información sobre las partidas específicas de las cuales se obtuvieron las drogas para el procedimiento. A Wood se le aplicaron los sedantes Midalozan e Hydromorphone. Los mismos que se le suministraron en enero a Dennis McGuire, condenado a muerte por la violación y asesinato en 1989, quien agonizó durante media hora antes de morir.
Los errores en la aplicación de la pena de muerte son comunes. Esto se debe, en parte, a ciertos problemas con los fármacos que son utilizados. En los estados que aplican la pena de muerte en EE.UU. se han empleado tres inyecciones letales diferentes durante las últimas décadas, pero las empresas farmacéuticas han dejado de vender esas drogas en los últimos años. Los fabricantes europeos se han negado a proveer el anestésico más común, el pentobarbital, para ejecuciones humanas.
El pentobarbital es un sedante utilizado para sacrificar animales. Empezó a utilizarse en EE.UU. en humanos a falta de pentotal sódico o tiopentato de sodio, el anestésico normalmente utilizado para aplicar la pena de muerte. El mes pasado una compañía llamada Hospira, la única con permiso para fabricar el narcótico en EE.UU., anunció que no lo produciría después de una campaña global movilizada por los adversarios de la pena de muerte.
Algunos estados han optado por suspender la aplicación de la pena de muerte en vez de utilizar el pentobarbital, puesto que se ha demostrado que éste puede generar complicaciones en el proceso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –organismo que en los últimos dos años ha emitido al menos cinco medidas cautelares para evitar que los condenados sean ejecutados-, ha indicado que en varios estados de EE.UU. el tipo de fármacos utilizados, así como su fuente, no están en el dominio público. Además, dado que la escasez ha dificultado la obtención de las drogas utilizadas en las inyecciones letales, algunos estados recurren a fuentes desconocidas, en particular a farmacias de compuestos. En algunos estados también es secreto el protocolo de ejecución por inyección letal.
«Estados Unidos está llegando al punto en que las ejecuciones sin problemas son las que sorprenden», dice a este diario Antonio Ginatta, director de defensa para el programa de EE.UU. de Human Rights Watch (HRW). «Hace poco el estado de Oklahoma tuvo la misma experiencia con una ejecución barbárica. En abril, Clayton Lockett recuperó la conciencia en medio de una ejecución y se puso a hablar. Dennis McGuire fue ejecutado en Ohio en enero después de luchar y emitir resoplidos y sonidos de ahogo por 15 minutos», agrega.
La ejecución fallida de Clayton Lockett, el 29 de abril en Oklahoma, reavivó el debate sobre la contradicción entre la pena capital y el respeto a los derechos humanos en el país norteamericano. Lockett, condenado por la violación y asesinato de Stephanie Neiman, murió como resultado de un ataque cardíaco casi una hora después de que se le administrara una combinación de tres químicos, incluido Midazolam (uno de los que se le administró a Joseph Wood).
La trágica muerte de Locket se convirtió en un referente de las violaciones a los derechos humanos en la aplicación de la pena de muerte en EE.UU. Como ha dicho Ginatta, la ejecución de Lockett muestra que la pena de muerte debe considerarse una tortura. «Esa ejecución requería tres inyecciones, la primera era para sedarlo y matar el dolor, la segunda y tercera para parar la respiración y el corazón. Falló la primera, pero siguieron con las otras. Lockett luchó contra el dolor, habló cuando debía estar inconsciente y dijo que algo andaba mal. Se murió después de 40 minutos de esta lucha, por un ataque cardíaco masivo. Si eso no es tortura, no sé lo que es».
La muerte de Joseph Wood es una tragedia que se suma al creciente debate. Ginetta explica que «hay una protección en la Constitución de los Estados Unidos contra castigos crueles y raros. Pero la Corte Suprema todavía no ha tomado la posición de que estas ejecuciones están violando la Constitución. Para Human Rights Watch, la protección es todavía más clara. Las ejecuciones violan la dignidad de un ser humano y deben cesar totalmente. Lo que disgusta es leer el comentario de la Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien dice que no sufrió Joseph Wood. Hay solo una persona que sabe definitivamente si el sufrió o no, y el estado de Arizona lo mató”.
Además de Lockett y Wood, en el país norteamericano se han presentado una multiplicidad de casos de este tipo. Sólo para citar uno muy impactante, el de Rommell Broom, quien debía ser ejecutado el 15 de septiembre de 2009, pero su ejecución fue suspendida después de que el cuerpo médico realizará 18 intentos por encontrar una vena para aplicarle la inyección letal.
En su testimonio sobre los hechos, días después de que se suspendiera su ejecución, Broom narró: «…Empecé a llorar porque me dolía todo y mis brazos estaban inflamándose. Los enfermeros estaban pinchando agujas en zonas que ya estaban inflamadas y con hematomas. Pedí que interrumpieran el proceso y pedí hablar con mi abogada… El jefe de los funcionarios encargados de la ejecución me pidió que me sentara para que la sangre circulase mejor. Entonces entró en la habitación la enfermera jefe, una mujer asiática…La enfermera jefe intentó acceder a las venas en mi tobillo derecho. Pidió que alguien le diera «un veinte» y alguien le entregó una aguja. Durante ese intento, la aguja me pinchó en el hueso y fue muy doloroso. Grité. Al mismo tiempo que la enfermera jefe intentaba acceder a una vena en la parte inferior de mi pierna izquierda, el enfermero intentó acceder a una vena en mi tobillo derecho. Después de esos intentos fallidos, la enfermera jefe cogió la aguja y salió de la habitación…».
Después de la ejecución de Clayton Lockett, el presidente de EE.UU., Barack Obama, definió el caso como «inhumano» y «preocupante». Ordenó al secretario de Justicia, Eric Holder, revisar los métodos de ejecución que se están aplicando. Además, el jefe de Estado admitió que la aplicación de la pena de muerte en su país es problemática y que existen pruebas sobre prejuicios raciales y casos en que condenados a pena de muerte resultaron ser inocentes.
En EE.UU., al menos 18 estados y el Distrito de Columbia ya decidieron abolir la pena de muerte y otros han impuesto una moratoria a su aplicación. El pasado 17 de julio California se sumó a los que no aplican ya esta pena: un juez la declaró inconstitucional por violar la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe la crueldad y la desproporción en el castigo.
Sin embargo, hay 32 estados donde aún se aplica. Es muy poco lo que el gobierno federal puede hacer para impulsar una moratoria en las aplicaciones de la pena de muerte a nivel nacional o para cumplir con las medidas cautelares de la CIDH, porque la aplicación de este castigo depende sobre todo de la autonomía de cada estado. En el país, cuatro estados son responsables por la mayoría de ejecuciones en los Estados Unidos: Texas, Florida, Oklahoma, y Missouri. Desde 1976, cuando esta pena fue restablecida por el Tribunal Supremo de Justicia, se ha ejecutado a 1.385 personas y hay actualmente 3.070 condenados. Según Ginetta, «el país camina en la dirección de la abolición total, pero el paso sigue lento».
Foto: AFP