¿Cuándo sancionar a un trabajador que fume marihuana?

Un grupo de empresarios impugnó el decreto que definió cómo se implementará la ley que reguló el mercado del cannabis. Dicen que el reglamento prohíbe sancionar a un empleado bajo los efectos de la planta.

“En cierta medida es perder el control de la dirección de la empresa porque es una falta grave y no puedo sancionar al empleado”. Habla Claudio Piacenza, gerente de la Cámara de Comercio de Uruguay, al impugnar el decreto que reglamenta los 104 artículos por medio de los cuales el presidente José Mujica reguló el mercado de la marihuana. Dice Piacenza que la ley impide la aplicación de sanciones a empleados que lleguen a trabajar bajo los efectos del cannabis.

“Entendemos que el reglamento prohíbe sancionar al empleado que venga a trabajar bajo los efectos de la marihuana, lo cual nos parece un disparate”, indicó a la AFP el gerente de los comerciantes. El artículo del decreto prohíbe “fumar, mantener encendidos, consumir o ingerir productos de cannabis o a base de cannabis durante la jornada de trabajo”. Sin embargo, explica Piacenza, la norma permite al empleador implementar controles aleatorios de carácter preventivo y obligarlo a retirarse del lugar de trabajo, pero sin que proceda la aplicación de sanciones disciplinarias si el trabajador no hubiere incurrido en la comisión de alguna otra falta concreta sancionable derivada de las obligaciones que emergen del contrato de trabajo.

“O sea que si el trabajador viene drogado y me insulta sí lo puedo sancionar, pero si viene drogado, lo que para mí constituye ya una falta grave, no lo puedo sancionar”, ejemplificó Piacenza. “Se da el caso también de empresas multinacionales que tienen ya un protocolo de seguridad e higiene de trabajo que tienen previsto como causal clave venir bajo los efectos de alcohol o drogas a la empresa. Entonces, ¿cómo haces para hacerlo compatible con este nuevo marco jurídico? Esas cosas nos preocupan, como señales también hacia afuera”, sostuvo Piacenza. Un grupo de 20 empresas de cada sector se presentó ante la justicia para apelar el artículo 42. Los abogados argumentan que el decreto “lesiona el interés directo, personal y legítimo (de las compañías), al eliminar la facultad de la parte empleadora de poder sancionar a aquel trabajador que durante la jornada laboral se encuentre bajo los efectos del cannabis.

Ahora el Poder Ejecutivo tiene 150 días para pronunciarse sobre las impugnaciones. Si no lo hace o mantiene la vigencia de la disposición, la Cámara podrá pedir la nulidad del decreto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Con la reglamentación de la ley que permitió la producción y comercialización de cannabis bajo control estatal comenzó este mes a implementarse el complejo mecanismo que permitirá al Estado controlar toda la cadena de producción de la sustancia, desde la importación de las semillas hasta la venta de marihuana en farmacias.

Según el gobierno, la marihuana legal llegaría a fin de año a las farmacias, donde podrá ser comprada por mayores de 18 años residentes en el país y que se inscriban en un registro de usuarios, con un tope de 40 gramos mensuales y a un precio de entre 20 y 22 pesos por gramo (cerca de 0,9 dólares).La ley también legalizó los clubes de consumidores y el autocultivo, práctica que también deberá inscribirse en el flamante Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca) y tendrá límites de producción.

Las autoridades calculan que en el país se consumen entre 18 y 22 toneladas de marihuana al año y el propio Mujica ha advertido que el objetivo no es aumentar las cifras. “No es para fomentar que la gente fume más, sino para decirle: acá tienes una ración, pero no seas gil, cuanto antes sácate esta porquería”, declaró el mandatario.

El intento de Uruguay por combatir el tráfico de marihuana es seguido de cerca en América Latina, en donde la legalización de algunos narcóticos es considerada cada vez más como una posible alternativa contra la violencia del negocio de la droga.

Mujica ha afirmado en diversas ocasiones que el proyecto de regulación de la marihuana es una “prueba social” y ha agregado que “puede ser algo de lo que se aprenda en otros países. La represión asegura el monopolio a los pocos que están en el negocio” dice el mandatario, que defiende de esta forma la intención del gobierno de “hacer un ensayo”.

“Tratamos de arrebatar ese mercado al narcotráfico legalizando el consumo de la marihuana, pero controlándolo, es decir, dándole a la persona que es adicta una ración mensual y si se quiere pasar, entonces le decimos que la tenemos que tratar desde el punto de vista médico”, aseguró.