Escándalos de corrupción. Una crisis familiar. Encuestas que van en picada. Este es el panorama de una Presidenta escrutada por una ciudadanía empoderada que castiga y reclama. Pero que por sobre todo espera mucho de ella.
Por Martín Echenique / @martinechenique
Chile es el país con menor índice de percepción de la corrupción en América Latina junto con Uruguay, según Transparencia Internacional. Está en la posición 21 y supera a países europeos y primermundistas como Austria, Estonia, Portugal, Francia o España. Sin embargo, hoy, la situación es distinta: toda la clase política chilena –tanto de derechas como izquierdas– se encuentra sumida en la mayor crisis desde el regreso a la democracia en 1990.
En septiembre de 2014, los medios de comunicación hicieron públicas unas declaraciones donde se dio a conocer que políticos de la Unión Demócrata Independiente (UDI) –el partido de derecha más grande de Chile– pedían dinero a las Empresas Penta para financiar de manera ilegal, a través de boletas de honorarios, las campañas políticas de algunos de sus candidatos en el marco de las elecciones legislativas de noviembre 2013. El denominado Caso Penta derivó en seis individuos que, por orden judicial, terminaron en prisión preventiva –entre ellos un viceministro del ex Presidente Piñera, los controladores de Penta, entre otros– mientras se investiga el caso. Por otro lado, parlamentarios de la coalición de Bachelet también se han visto involucrados en estas mismas prácticas a través de la empresa SQM, la Sociedad Química y Minera de Chile, cuya investigación sigue en proceso por parte de la Fiscalía. Para rematar, la nuera y el hijo de la Presidenta se han visto involucrados en un escándalo de tráfico de influencias de grandes proporciones, conocido como Caso Caval. Ambos están siendo indagados por un préstamo de casi 10 millones de dólares, pedido al Banco de Chile, para comprar terrenos cuyo precio subiría luego de la aprobación de un nuevo plan regulador a 200 kilómetros al sur de Santiago. Era el plan de un negocio redondo.
En tan solo ocho meses, el gobierno, la oposición y la familia cercana de Bachelet se han visto golpeados por los escándalos de corrupción, cohecho y financiamiento ilegal de campañas políticas.
Y la ciudadanía lo ha hecho saber.
La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), uno de las más respetadas en Chile, cifra en un 29% la aprobación a Bachelet y en un histórico 56% el rechazo de la ciudadanía en relación a su gestión. Con estos números, la Presidenta alcanzó su máximo histórico de desaprobación ciudadana.
¿Medidas drásticas? Claro. En una entrevista con Don Francisco la semana pasada, Bachelet se sinceró en televisión abierta y declaró que en 72 horas tendría un nuevo gabinete. Dicho y hecho. Aunque se demoró un poco más de lo prometido, el primer ajuste ministerial –donde se removió al ministro del Interior– ocurrió el lunes 11 de mayo y la conclusión es clara: la llegada a la jefatura del gabinete del demócratacristiano Jorge Burgos, exministro de Defensa, es una clara señal de que Bachelet buscará acuerdos para cumplir con sus promesas de campaña. La prudencia y trayectoria de un peso pesado de la vieja Concertación, esa que gobernaba en las administraciones anteriores como la del expresidente Ricardo Lagos, prueba que la apuesta inicial de Bachelet por un recambio generacional en su gabinete fue un fracaso. Es prueba de que la revolución institucional –reformas profundas, un gabinete para muchos inexperto y un segundo mandato cargado de promesas– fue mucho, al menos por ahora.
El llamado ‘segundo tiempo’ del gobierno comenzó este lunes. Y el salvavidas de Bachelet será, sin lugar a dudas, el cumplir con sus promesas. Cumplir con todas y cada una de esas mismas promesas que la llevaron a alcanzar un histórico 62% en la última elección presidencial y que aún son esperadas por la ciudadanía.
FOTO: AFP