Un general en Defensa: una apuesta realista ante la crisis de seguridad

Por: Sergio Enrique Mosquera Córdoba (@semcordoba)

La reciente designación del general retirado Pedro Sánchez como ministro de Defensa representa un cambio importante en la política de seguridad del país. La incorporación de un militar en servicio pasivo a esta cartera –por primera vez en más de treinta años– responde a una realidad innegable: el deterioro de la seguridad ha alcanzado niveles alarmantes, con amplios territorios bajo el control de grupos armados y un aumento de la violencia.

Aunque el gobierno ha apostado desde el principio por el diálogo con actores ilegales, el aumento de los enfrentamientos y el debilitamiento de la presencia estatal en varias regiones han demostrado que esta estrategia, sin una capacidad efectiva de respuesta, ha sido insuficiente. Ante esta situación, el nombramiento de un ministro con formación operativa y conocimiento del terreno es un intento de corregir el rumbo con pragmatismo y firmeza.

Pedro Sánchez no es un militar cualquiera. Su liderazgo en la Operación Esperanza, que permitió el rescate de cuatro niños indígenas en la selva colombiana, lo presentó ante la opinión pública como un oficial con capacidad de gestión, visión estratégica y cercanía con la comunidad. Su perfil equilibra la experiencia táctica con un enfoque humanitario, lo que lo convierte en una figura clave para dirigir una estrategia que combine el fortalecimiento de la seguridad con la protección de los derechos humanos.

Históricamente, sectores de izquierda han rechazado la idea de que un militar dirija el Ministerio de Defensa, y este nombramiento no ha sido la excepción. Su postura se basa en una desconfianza arraigada en el papel que las Fuerzas Armadas han desempeñado en diferentes momentos de la historia de Colombia. Desde la Doctrina de Seguridad Nacional hasta la implementación de estrategias contrainsurgentes en el conflicto armado, la izquierda ha visto a la institución castrense como un actor más alineado con la defensa del statu quo que con la transformación social que promueven sus agendas políticas.

Durante los últimos treinta años, la tradición de liderazgo civil en esta cartera se ha consolidado con el argumento de que es necesario un control externo sobre las Fuerzas Militares y de Policía. La presencia de civiles en el Ministerio se ha interpretado como una garantía de que la estrategia de seguridad no quedará exclusivamente en manos de la cúpula militar, sino que responderá a lineamientos políticos definidos por el gobierno de turno.

El temor de la izquierda radica en que la designación de un general retirado pueda llevar a una visión exclusivamente militarista del problema de seguridad, dejando en un segundo plano los esfuerzos por abordar las causas estructurales de la violencia. También existe la preocupación de que esta decisión refuerce la idea de que la única respuesta efectiva frente a los grupos armados ilegales es la confrontación, en lugar de buscar estrategias más integrales que incluyan el diálogo y la inversión social en los territorios más afectados por el conflicto.

Sin embargo, ignorar la realidad del momento actual sería un error. El país enfrenta un resurgimiento de la violencia, donde grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo han desafiado abiertamente la autoridad del Estado, expandiendo su control territorial y afectando a las comunidades con desplazamientos forzados, confinamientos y extorsión. En este contexto, más que rechazar la designación de un militar en abstracto, la discusión debería centrarse en qué tipo de liderazgo ejercerá Pedro Sánchez y cómo su gestión equilibrará el uso de la fuerza con estrategias de seguridad ciudadana y justicia.

Defender la designación de Sánchez no implica ignorar los riesgos que conlleva militarizar la política de seguridad. Sin embargo, sí significa reconocer que, dadas las circunstancias actuales, contar con un ministro que comprenda el funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas y que tenga la confianza de la tropa puede ser una ventaja.

El deterioro de la seguridad no se soluciona únicamente con discursos o acuerdos en la mesa de negociación. Se necesita liderazgo en el terreno, decisiones bien fundamentadas y una estrategia coordinada para detener la expansión del crimen organizado y las estructuras armadas ilegales. La experiencia de Sánchez en operaciones especiales y su conocimiento de la inteligencia militar pueden facilitar una respuesta más efectiva a estos desafíos.

Más allá de su perfil, su nombramiento también transmite un mensaje de flexibilidad por parte del gobierno. La inclusión de un militar en el gabinete de un presidente que históricamente ha sido crítico de las Fuerzas Armadas refleja una capacidad de adaptación ante las circunstancias. Al tomarle juramento, Gustavo Petro dejó claro que esta decisión no implica una renuncia a la paz, sino una reafirmación del compromiso de proteger la vida y la tranquilidad de los colombianos.

A pesar de los aciertos de esta decisión, también es importante señalar sus desafíos. La respuesta militar, por sí sola, no garantiza una paz duradera. El Estado debe complementar la estrategia de seguridad con inversión social, acceso a la justicia y fortalecimiento institucional en las regiones más afectadas.

Uno de los principales riesgos de este cambio en la política de defensa es que se le otorgue un peso desproporcionado a la acción militar, en detrimento de los mecanismos políticos y sociales para abordar el conflicto. Si bien es esencial frenar el avance de los grupos armados y recuperar el control territorial, una estrategia basada exclusivamente en la fuerza podría resultar en nuevas tensiones o en la radicalización de ciertos sectores.

Sánchez enfrenta el desafío de demostrar que su liderazgo no se limitará a las operaciones militares, sino que también será capaz de articular esfuerzos entre diferentes sectores del gobierno para abordar las causas profundas de la inseguridad. Su éxito dependerá de su habilidad para equilibrar el uso legítimo de la fuerza con medidas de estabilización y desarrollo en las comunidades afectadas por la violencia.

El nombramiento de Pedro Sánchez como ministro de Defensa es una decisión pragmática que responde a la necesidad urgente de fortalecer la seguridad en el país. Este cambio se basa en las necesidades actuales, más que en dogmas o discursos ideológicos. Sin embargo, su gestión debe ser evaluada de manera constante para asegurar que el enfoque adoptado no se desvíe hacia excesos o una visión exclusivamente militar del problema.

Más que una concesión a sectores conservadores, este nombramiento debe interpretarse como una oportunidad para construir una estrategia de seguridad más efectiva, donde la acción de la Fuerza Pública se complemente con la presencia integral del Estado. Si se logra este equilibrio, el país podría estar ante un punto de inflexión positivo en la lucha por la estabilidad y la paz. El gobierno ha dado un paso audaz y necesario. Ahora, la gran pregunta es si podrá mantener el equilibrio entre la firmeza y las soluciones de fondo. En esta ecuación se juega no solo el éxito del nuevo ministro, sino también el futuro de la seguridad en Colombia.