El apelativo de “técnico” se ha usado en Colombia para denominar a aquel que se las sabe todas o cree sabérselas todas en asuntos públicos, y que posa como una figura apolítica. El trabajo de ellos, que tiene logros y fracasos, se ha convertido en otra forma de cuestionar al gobierno Petro, ahora por la jugadita ya corregida con el decreto del presupuesto de este año. Pero por el ánimo de echarle agua sucia al presidente, poco se ha cuestionado el papel poderoso y al mismo tiempo opaco que juegan estos “técnicos” a la hora de definir qué hacer con la plata de los colombianos.

En un sector del país hay revuelo por la salida del gobierno de varios de estos “técnicos” que se opusieron a deseos y peticiones del presidente, quien quería reorganizar el presupuesto para llevarles obras y proyectos a su electorado, que coincide con las regiones más vulnerables. La última de estos “técnicos” en salir fue Marcela Numa, directora del Presupuesto General de la Nación, destacada como una buena funcionaria y cuya renuncia lamentaron todos los ministros de Hacienda del pasado, que trabajaron con ella.

Por supuesto que es mucho mejor un funcionario que alerte al presidente cuando se equivoca o transgrede la ley y no otros que actúan como perrito de taxi, o para ponerlo en términos más “técnicos”, unos yesman. Pero también es entendible que Petro quiera ver reflejado en el presupuesto el programa de gobierno que ganó con el apoyo de 11 millones de votos.

Y ahí está el problema, generalmente los deseos populares riñen por muchas razones con lo que quieren o recomiendan los “técnicos”. Algunos de ellos, que operan como un gremio fundamentalista que no permite cuestionamientos, insisten en que “la tecnocracia ha sido un gran activo” para el país, sin aceptar que también cometen errores.

Si bien muchos de esos “técnicos” contribuyeron a que la pobreza en Colombia cayera del 30 al 13% en 12 años, también se les puede atribuir uno de los peores indicadores que arroja la Ocde sobre Colombia: el país que tiene la peor movilidad social, o sea, que se requiere de 11 generaciones para que una persona pobre pase a tener ingresos básicos. Así que no, los “técnicos” no tienen la lámpara de Aladino ni son infalibles.

Además, por más excelentes funcionarios que hayan sido, por todo el trabajo incansable que le hayan entregado al país, no son seres divinos ni mentes ajenas a las discusiones políticas.

Todo lo contrario, también han estado influidos por sus jefes, por los gobiernos anteriores y su ideología. Es decir, piensan diferente al presidente actual y siguen dinámicas particulares sobre cómo se debe manejar el presupuesto y a qué regiones y contratistas favorecer.

Es más, en los pasillos de oficinas técnicas del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional es conocida la relación de muchos “técnicos de confianza” con congresistas de algunas regiones, quienes saben que es a ellos, los mandos medios, a quienes deben recurrir para que pongan en la ley o en el decreto la plata para el proyecto que los favorece ante su electorado.

Incluso, los ruidos de corrupción no son ajenos a ellos. Como es el caso de Luis Alberto Rodríguez, quien llegó al gobierno Duque como un joven y reputado “técnico” y resultó involucrado en el escándalo del pago de coimas para otorgar recursos en proyectos relacionados con la implementación del acuerdo de paz.

Petro está dando la pelea con los “técnicos” y por eso lo señalan de “antitécnico” y sobre todo de autoritario. Y aunque con la primera versión del decreto del presupuesto estaba haciendo más de lo que la ley le permite, también está abriendo una discusión necesaria sobre la función que cumplen estos personajes.

Muchos critican que decisiones trascendentales, como el aborto por poner un ejemplo, las toman solo nueve magistrados, al hablar de la Corte Constitucional. Pero nadie dice nada sobre las que toman estos “técnicos” a quienes nadie eligió y que no representan a nadie.

A estos “técnicos” les disgusta la voluntad popular y por eso no es casualidad que en esa alianza subrepticia que pueda haber con congresistas, se hayan caído en el Congreso proyectos de presupuestos participativos, para que los ciudadanos decidieran cómo se invierte la plata de sus regiones. Esas iniciativas no han tenido éxito en las cuatro ocasiones que los han presentado la senadora Angélica Lozano e incluso fue uno de los temas de la consulta anticorrupción del 2018.

En todo caso, el presidente sabe que está atrapado por la que llamó “dictadura de la burocracia”, pero más importante aún, por lo que dice la ley. Así que, aunque Petro intentará dar la pelea para que los principales favorecidos con el presupuesto no sigan siendo los habitantes de El Poblado en Medellín y el norte de Bogotá, es poco el éxito inmediato que pueda tener. La mano invisible de los “técnicos” seguirá siendo difícil de doblar, por ahora.

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