Es poco probable que cuando retornen las grandes movilizaciones en enero de 2020, los nuevos alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga o Cartagena, ordenen enviar el Esmad de la misma forma que hoy lo están haciendo los actuales frente a los manifestantes. Los votantes del 27 de octubre pasado son también los que apoyan el paro, los que piden desmontar o por lo menos cambiar de raíz ese escuadrón de la Policía. Que no se les olvide a los nuevos alcaldes.
Por: Ricardo González Duque
En Twitter: @RicardoGonDuq
El Esmad sigue desatado en las calles del país. Como si no hubieran matado a Dilan Cruz, como si no estuviéramos en la era de la ‘híper-información’ en la que cualquier exceso de su parte es visto por millones de ciudadanos, como si el país no estuviera abriendo un debate sobre la pertinencia de esa fuerza de choque, que se ha vuelto más una enfermedad que una cura cuando hay manifestaciones en nuestras ciudades.
Las acciones de la Policía durante las tres semanas del paro nacional y la manera en la que sus voceros han dado explicaciones, son una contradicción a la idea que quiere vender el presidente Duque según la cual es respetuoso de la protesta pacífica. O es una desobediencia a esa instrucción, con lo cual las fuerzas estarían pasando por encima del poder ejecutivo o es la demostración de que en este Gobierno aplican –literalmente– la teoría del policía bueno y el policía malo.
No son pocos ni parecen aislados los excesos de la Policía por estos días, principalmente a través de su escuadrón antidisturbios, el cual algunos ven como un mal necesario para enfrentar el vandalismo que se infiltra a las legítimas manifestaciones ciudadanas, que por estos días brotan en el país ante la impopularidad del presidente. El Esmad es, sin embargo, una “marca” desgastada por la responsabilidad que tiene en la muerte de 34 personas, según una juiciosa investigación de la ONG Temblores, razón suficiente para que deba acabarse, como ocurrió en su momento con el DAS.
La inexplicable detención de un par de jóvenes en un carro particular ocurrida esta semana cerca de la Universidad Nacional, el allanamiento a Cartel Urbano, la “petición” para que Cero Setenta no publicara un manual sobre el Esmad, los fotógrafos barranquilleros llevados en una tanqueta de la Policía por cubrir una marcha, los jóvenes “conducidos” por llevar carteles para protestar en el aeropuerto El Dorado, la manifestación reprimida en las universidades Javeriana y Distrital que terminó con gases en el hospital San Ignacio y los operativos excesivos en Cali, Bucaramanga o Pereira, son algunos hechos que muestran abusos de autoridad de la Policía, que solo en este 2019 tiene bajo investigación a más de 2 mil integrantes por violaciones a los derechos humanos.
Todo lo anterior podría tener una importante modificación desde el 1 de enero, sin que se haya abierto la discusión del desmonte del Esmad en el Comité Nacional de Paro, pero sí por una acción ciudadana: la del voto regional del pasado 27 de octubre. La llegada de los nuevos alcaldes implicará una nueva relación de la Policía con los manifestantes. ¿Cambiará el papel del Gobierno Nacional?
La Constitución colombiana en su artículo 315 establece lo que se repite cada tanto: que el alcalde o alcaldesa es la primera autoridad de policía del municipio y por lo tanto es el superior del comandante de turno. Por eso, resultaría poco probable que cuando retornen las movilizaciones en enero de 2020, Claudia López en Bogotá, Daniel Quintero en Medellín, Jorge Iván Ospina en Cali, Juan Carlos Cárdenas en Bucaramanga o William Dau en Cartagena, ordenen enviar el Esmad de la misma forma que hoy lo hacen los alcaldes de estas ciudades.
La orden de “proceder” que recibió el agente del Esmad que asesinó a Dilan Cruz quizá se hubiera podido frenar en la administración de la alcaldesa entrante porque muy seguramente ella en medio de una situación tan compleja no estaría en Patio Bonito, sino en el Puesto de Mando Unificado, donde se podía discutir si era necesario que esa fuerza de choque de la Policía debía disolver una marcha pacífica, por las consecuencias que podría generar.
El alcalde de turno debe “conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República…” dice el mismo artículo de la Constitución, lo que implica límites para la autonomía del alcalde frente a la superioridad que tiene sobre el comandante de Policía. Sin embargo, con los nuevos mandatarios que tomarán posesión a partir del 1 de enero, le quedará más difícil al comandante del Esmad, a su superior en la Policía, al Ministerio de Defensa y hasta al Presidente, ordenar acciones que vayan en contravía del derecho a la protesta y que impliquen excesos de la autoridad.
En Chile donde se está viviendo un debate similar en medio de la represión en las protestas, organismos internacionales ya le hicieron caer en la cuenta al presidente Piñera sobre el desborde de violencia de los Carabineros. En Colombia eso ya pasó ante los oídos sordos del Gobierno Duque, así que muy probablemente ese papel lo tendrán que jugar las nuevas administraciones, que son la materialización de una expresión ciudadana en las urnas que pidió un cambio.
Los votantes del 27 de octubre pasado son también los que apoyan el paro, los que piden desmontar o por lo menos cambiar de raíz el Esmad. Que no se les olvide a los nuevos alcaldes.
UN PUNTO DE GIRO: Guardadas proporciones, la historia que vivieron los hinchas del América desde 1948 hasta 1979 -cuando el equipo obtuvo el primer campeonato- es similar a la que padecimos desde 2008 hasta este pasado 7 de diciembre los hinchas de esta generación. Con descenso incluido. «Supimos aguantar, a un equipo esperar…»