Las universidades colombianas han tenido una transformación silenciosa, lenta, pero sumamente importante en los últimos 30 años, gracias a la aparición de los programas de posgrado y especialmente a partir de la creación de los primeros programas de doctorado en Ciencias y en Ciencias Humanas en 1986.
El sistema universitario identifica hoy con toda claridad los diferentes niveles de formación en sus justas proporciones, exigencias, alcances y así mismo califica a las instituciones de educación superior con criterios diferentes a la mera cobertura o tasa de graduación de sus estudiantes de pregrado.
Pero es la investigación, el arte de investigar, la investigación como oficio, la que ha transformado nuestras universidades y la que ha facilitado la oferta de programas de doctorado, escenario natural para adelantar esa investigación.
La investigación la han realizado principalmente los profesores con sus estudiantes de posgrado; así que sin duda es gracias a nuestros profesores que las universidades se han transformado. No obstante, a pesar de este reconocimiento hay que alertar sobre las dificultades y los riesgos que trae la concentración exclusiva de los mejores profesores en sus proyectos de investigación.
El trabajo académico actual de los profesores universitarios está distribuido entre las actividades de docencia, de investigación, de administración y de extensión; aun cuando la última es generalmente una actividad de investigación contratada que aporta para la asesoría o la consultoría de interés y origen principalmente externo.
El Decreto 1279 de 2002, expedido por el presidente Pastrana, creó estímulos para las publicaciones y otros productos académicos resultantes de la investigación, que claramente impulsó el desarrollo de proyectos que incidieron en los indicadores de calidad de las universidades públicas. Infortunadamnente los estímulos económicos para la investigación, en su mayoría traducidos en puntos salariales para el profesor e investigador, no fueron ni han sido considerados por los gobiernos de turno en los presupuestos asignados para el funcionamiento de las universidades y han quedado exclusivamente a cargo de las universidades, apareciendo así otro costo permanente difícil de cubrir, que desvela a los rectores, obligados a estimular la investigación, pero al mismo tiempo frenados para poder pagar a los investigadores los estímulos que legalmente merecen.
Al interior de las universidades, los decanos y directores de unidades académicas han tenido que reglamentar la dedicación de sus profesores en las diferentes actividades antes señaladas porque el estímulo a la investigación, la apertura de múltiples programas de posgrado y la presión para publicar estableció también una especie de categoría adicional de profesores investigadores que aumentan considerablente sus salarios y que cada vez exigen que se les reconozca más tiempo de su programa de trabajo para dedicarlo a la investigación, reduciendo su dedicación a la docencia.
Como resultado de esta situación podría decirse que el Decreto 1279 paradójicamete fortaleció la investigación pero debilitó la docencia. Y es que en algunos casos los estímulos para la investigación han producido efectos perversos: profesores que empezaron a esquivar los cursos obligatorios de pregrado, a rechazar la dirección de estudiantes o a utilizarlos principalmente con el fin de incrementar sus publicaciones y consultorías, mas no de formarles, a cambio de tiempo para dedicarse a producir “papers”.
Por otra parte se desestimuló y no se reconoció suficientemente la buena docencia, se privilegió la investigación sobre la docencia llegando al extremo de menospreciarla en algunos casos y se creó por lo tanto una estratificación docente que desconoció la carrera profesoral y sus categorías acordes con el tiempo de servicio y otros méritos. Se aumentó también la contratación de docentes ocasionales para suplir a profesores dedicados a la investigación, sacrificando como es natural la calidad de la docencia.
En la mayoría de universidades del exterior, contrario a lo que ocurre en las nuestras, la producción académica, así como la dirección de trabajos de grado y tesis de estudiantes en diferentes niveles de formación, es un requisito para la renovación de contrato, especialmente en los primeros años de la carrera profesoral. No es común que las universidades otorguen estímulos económicos por las publicaciones derivadas de la investigación; menos aún, que éstos se acumulen en la base salarial del profesor.
El balance entre docencia e investigación es una tarea aún pendiente en prácticamente todas las universidades, pero especialmente en las universidades públicas; y creo que solamente una modificación del Decreto 1279 será efectivo para tal fin.
Hoy en día, cuando la mayoría de convocatorias para la vinculación de profesores exige entre los requisitos el título de doctorado, podría ofrecerse un mejor salario de enganche que pueda llegar a duplicarse (en pesos constantes) durante la vida laboral del profesor, mediante reconocimientos contemplados en la carrera profesoral, tanto por la calidad de la investigación como por la docencia. Pero la presión para publicar como único mecanismo para aumentar el salario afecta también la calidad de lo que se publica.
Sobre esto comparto una anécdota: proponía un colega, que ahora no sé si lo decía en broma o en serio, que cuando a un profesor se le vincule a la universidad debe contratársele con el salario más alto, pero que cada vez que publique un artículo debería disminuírsele el suledo; sólo así garantizaríamos que deje de publicarse basura, pues cualquiera estaría dispuesto a que le rebajen el sueldo, pero únicamente cuando esté seguro de tener algo realmente importante o trascendente para publicar.
La atención de los cursos obligatorios y electivos de un área determinada para las diferentes carreras podría estar bajo la responsabilidad de los mismos grupos de investigación que conforman los profesores con los mejores pergaminos, por ejemplo, y no en cabeza de un decano que se vea obligado a contratar profersores temporales para reemplazarles. Una ventaja de un esquema así es que los estudiantes de doctorado pueden, bajo la orientación y vigilancia de sus profesores, directores y tutores, formarse también como docentes en los grupos de investigación que ya no serían solo de investigación, sino de docencia e investigación. Por otra parte esa docencia que realizarían los estudiantes de doctorado en los pregrados se reconocería con un pago y una rebaja o exención de matrícula que ayuda a resolver el problema de la financiación de los doctorandos. Este es un esquema común en universidades europeas y norteamericanas que otorgan plazas convocadas por los grupos de investigación para “Teaching Assistant Jobs” y que se complementa con las posiciones posdoctorales para recién graduados de doctorado que buscan un empleo en el medio universitario.
Pero debe ser claro que las universidades contratan profesores que tienen dentro de sus funciones la de investigar y no investigadores sin la obligación de hacer docencia y de formar estudiantes. No concibo un profesor universitario que reniegue de la docencia, que rechace a los estudiantes y que solo se dedique a su investigación aislada. Aceptar ese comportamiento, como lo decía un colega, es como criar ovejas alérgicas a la lana.
Lo cierto es que para encontrar un sano y necesario equilibrio entre la docencia y la investigación que debemos realizar los profesores universitarios, urge la modificación del Decreto 1279 de 2002. Ojalá este gobierno se tome el trabajo de hacerlo, aprovechando la mesa permanente que se ha instalado desde el Ministerio de Educación con voceros de estudiantes y profesores, y se apoye en los rectores y el CESU para tal fin.
@MantillaIgnacio