Desde cuando entró en vigencia el Decreto 1279 de 2002 que estableció el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales, ha habido como consecuencia, una transformación tanto en los salarios como en la ponderación de las actividades que realizamos los profesores universitarios.

Y antes de que el Decreto cumpla dos décadas de su expedición y ad portas de la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que absorberá a Colciencias y que de alguna manera deberá repercutir en la misión de las universidades, es conveniente saber cuáles han sido los beneficios y cuáles los perjuicios que ha causado esta norma, tanto en las instituciones como en sus profesores.

Solo abordaré en esta ocasión uno de los aspectos que a mi juicio merece una urgente revisión.

Sin duda, el Decreto 1279 estimuló la investigación al reconocer puntos salariales adicionales a los profesores por sus publicaciones, por ejemplo. Pero la norma dejó en cabeza de las universidades públicas la responsabilidad de realizar estos reconocimientos económicos que no fueron incluidos en los presupuestos que ellas reciben, de tal manera que hay un efecto perverso que parece contradictorio: por una parte la universidad quiere destacarse por las publicaciones de sus profesores y los apoya para que presenten proyectos de investigación que produzcan artículos de alto impacto, pues ese es uno de los indicadores más importantes para calificar su calidad, pero por otra parte, las universidades tienen que sufrir continuamente las consecuencias de su crecimiento en investigación por la angustia de ver afectados sus presupuestos anuales para poder cumplir con la obligación de destinar entonces una buena parte del presupuesto para pagar unos salarios por encima de los aumentos que autoriza el gobierno anualmente. 

Como tantas otras medidas, se trata de normas que traen beneficios al trabajador y que son muy bien recibidas por quienes se pueden beneficiar con ellas, pero son disposiciones que los gobiernos no asumen con responsabilidad alguna para cubrir los costos adicionales que ellas implican, dejando un problema más a sus sucesores y a las instituciones.

Una carga muy fuerte para las universidades públicas resulta el hecho de tener que incluir los estímulos económicos en la base salarial de sus profesores. Por otra parte, se ha generado una dinámica que parece increíble, como es la aparición de un sistema salarial sin techo. En efecto, un profesor puede, vía “papers”, aumentar su salario cada año proporcionalmente al número de sus publicaciones y durante toda su vida laboral futura se le debe pagar el puntaje otorgado por cada publicación. Es así como encontramos algunos profesores con salarios superiores a los 40 millones mensuales y otros, de la misma categoría y dedicación con salarios de 6 millones mensuales.

Como resultado de la implementación de este sistema, en algunas áreas, más que en otras, se ha desestimulado en los últimos años la labor docente y ha aparecido en algunos docentes el afán por publicar con el fin primordial de mejorar el salario. El valor de las categorías en la carrera profesoral y el reconocimiento al buen maestro o a las personas que se dedican principalmente a la docencia ha perdido prestigio. Los estímulos a la buena docencia o a la dirección de tesis son ínfimos comparados con los estímulos a las publicaciones, privilegiándose la investigación sobre la docencia. 

El Decreto 1279 necesita con urgencia una revisión que corrija los defectos, que como el señalado, se han identificado y que están agudizando algunos de los problemas de las universidades públicas. Por ser un decreto presidencial su modificación puede ser ágil; no obstante los gobiernos no han querido hacerlo. 

En varias ocasiones he propuesto una modificación sencilla para resolver al menos el problema del crecimiento desmedido del número de puntos salariales como resultado de publicaciones que tienen ese único fin. Es razonable que si existe un tope anual para el reconocimiento de bonificaciones por la dirección tesis y estas bonificaciones se conceden por una sola vez y no van a la base salarial del profesor, en el futuro también los puntos reconocidos por producción académica de un profesor en un año, según lo establecido en el capítulo V del decreto 1279, tengan un tope para incluirlos en la base salarial. En caso de tener una producción mayor, los demás puntos podrían ser reconocidos como bonificación por una sola vez. De esta manera no solo se disminuye la carga de las universidades, sino que se incentiva a los profesores a mantener una producción académica alta para lograr, cada año, unas bonificaciones nuevas que solo podrá sostener en forma indefinida, si continúa produciendo al mismo ritmo.

Hay medidas que son calificadas de impopulares y que los gobiernos evitan tomar, pero hay medidas que son razonables y que por lo tanto no tienen un costo político. Un ejemplo reciente es la imposición de un tope a las pensiones. Creo que en el caso que nos ocupa, sería también una decisión bien recibida poner tope a los salarios del sector público. Se me ocurre que ningún servidor público debería tener un salario mayor que el del presidente.

@MantillaIgnacio

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