La Universidad Nacional de Colombia: Entre el Capricho Político y el Estado de Derecho

Por ser del interés de muchos de mis lectores, comparto esta reflexión que me ha hecho llegar un egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional, sobre la situación por la que atraviesa nuestra Alma Mater.

Digamos ahora lo obvio; lo que se ha manifestado en distintos espacios a lo largo de semanas y meses, pero en unas pocas líneas que traten de motivar el retorno al cumplimiento de la constitución y el espíritu académico, sin renunciar a los caminos de cambio que se considere que deben ser discutidos y emprendidos.

El fallo del Consejo de Estado, que ratificó la legalidad de la elección de José Ismael Peña como rector, para no hablar del fallo del juez de tutela que ordenó hacer efectivo el ejercicio del cargo, no es una sugerencia ni un punto de partida para una asamblea; es una verdad jurídica de obligatorio cumplimiento. En una democracia, las instituciones no son legítimas solo cuando el resultado nos favorece; son legítimas porque emanan de procesos reglados y autoridades competentes. Desconocer un fallo del máximo tribunal de lo contencioso administrativo es, sencillamente, promover la anarquía bajo el disfraz de la “autonomía”.

La doble moral de las urnas

Llama poderosamente la atención la asimetría con la que ciertos sectores miden la democracia. Se exige respeto absoluto por una consulta previa de rectoría que, aunque masiva, es estatutariamente no vinculante; esa es la realidad de las reglas de juego vigentes. Sin embargo, esos mismos sectores celebran como un mandato popular los resultados de la Mesa Constituyente Universitaria (MECUN), a pesar de registrar una  participación ínfima en comparación con el censo total de la Universidad.

¿Cómo puede una minoría ruidosa arrogarse la representación de 60,000 estudiantes para detener la vida académica? Es hora de medir con el mismo rasero: si la participación es el termómetro de la legitimidad, la parálisis actual carece de ella. La verdadera democracia universitaria se ejerce en las aulas, en los laboratorios y en los canales institucionales de reforma, no en el bloqueo sistemático del derecho ajeno a la educación. La democracia son las reglas de juego válidamente establecidas y democracia, es también, cambiarlas a través de los mecanismos que respeten esas mismas reglas de juego (los estatutos que en su momento fueron objeto de debates, disensos y consensos). Por algo, la propia Constitución Política puede cambiarse, pero a través de los mecanismos que ella misma estableció por consenso.

El retorno a la razón

El camino para las reformas que la comunidad aspira –como la modificación del sistema de elección de rector, entre otras— existe y está trazado en la ley. Se llama trámite institucional (iniciativa de reforma) ante el Consejo Superior Universitario. Utilizar el paro como mecanismo de extorsión para saltarse los procedimientos legales solo debilita la institucionalidad que los mismos manifestantes dicen proteger de “intervenciones externas”.

El vacío que llena el radicalismo

Es innegable que la estrategia del paro prolongado no busca el consenso, sino la dispersión. Al cerrar las aulas, la inmensa mayoría de la comunidad universitaria —esa que entiende la educación como un proyecto de vida y no como un campo de batalla ideológico (por lo menos, no como una batalla de argumentos y construcción desde la diferencia)— se ve obligada a retirarse a sus casas, dejando los campus físicamente vacíos, pero políticamente capturados. En ese silencio de la mayoría, el debate queda a merced de los sectores más radicales, quienes encuentran en la anarquía el ecosistema ideal para imponer su visión como la única verdad absoluta.

Este fenómeno es, en esencia, una forma de intimidación intelectual y física. El discurso violento y excluyente que emana de las asambleas a puerta cerrada – porque, aunque se muestran como abiertas, se difama y estigmatiza a quien expresa su disenso y deseo de debatir con dinámicas académicas normales de clase-, se erige sobre un falso dilema: o se está con el paro, o se es un “traidor a la causa”. Ante esta polarización extrema, el estudiante o profesor que desea la normalidad académica termina replegado, silenciado por el temor a la estigmatización o a la confrontación directa. Así, lo que se vende como una “gesta democrática” termina siendo el secuestro de la voluntad colectiva por parte de una minoría que, al vaciar la universidad de su pluralidad natural, convierte el campus en un feudo de pensamiento único donde la razón es sustituida por la consigna.

Un ejercicio de honestidad: ¿y si el gobierno fuera otro?

Resulta imperativo plantear un escenario hipotético pero revelador: ¿Cuál sería la narrativa si el Gobierno Nacional actual fuera de derecha y no de izquierda? Probablemente, el discurso de la “resistencia” denunciaría con ferocidad cualquier intento del Ejecutivo por dilatar la posesión de un rector legalmente elegido o por asfixiar financieramente a la institución como medida de presión. Veríamos carteles hablando de “dictadura” y “violación a la separación de poderes”. Hoy, ante un gobierno afín a las tesis del paro, el silencio o la complicidad frente al desacato judicial es ensordecedor. La ley no puede ser un traje a la medida del gobernante de turno o de la ideología predominante en la plaza pública.

La Universidad Nacional debe abrir sus puertas ya. La normalización académica no es una derrota para nadie, sino una victoria para el país que financia, con el esfuerzo de todos los contribuyentes, una educación que hoy está secuestrada por el sesgo.

Señor Rector, profesores, representantes y estudiantes: el respeto a la ley es el único camino. Lo demás es el abismo de la arbitrariedad.

OJF