En el programa Semana en Vivo de María Jimena Duzán del 19 de julio, el abogado Jaime Lombana, defensor de Tomás Jaramillo, formuló tres ataques contra el liquidador del Fondo Premium.
El abogado Lombana no goza de autoridad moral en el país. Adicionalmente, no tiene ninguna credibilidad ante las víctimas de Premium. Solamente con el fin de dejar constancia de que no tienen fundamento sus afirmaciones se analizan a continuación los puntos que planteó:
PRIMER PUNTO: El liquidador ha recibido $53.000 millones de los cuales ha gastado $10.000 millones.
RESPUESTA: El liquidador sí ha devuelto a las víctimas $53.000 millones de pesos; adicionalmente, sí se han pagado gastos, desde el inicio del proceso de intervención, por $10.000 millones. Lo que no comenta el abogado Lombana es que:
a) Los gastos generados en la primera fase del proceso fueron cubiertos por el Ministerio de Hacienda;
b) Los gastos restantes han sido autorizados por la Superintendencia de Sociedades mediante autos que no han merecido reparo alguno de parte de las víctimas y sus abogados e, incluso, de parte de los propios intervenidos.
Tampoco menciona el abogado Lombana que estos gastos en su inmensa mayoría corresponden a impuestos prediales de los inmuebles, impuesto de rodamiento de los vehículos, servicios públicos, cuotas de administración y nómina del personal destacado en los bienes inmuebles para vigilancia, aseo y mantenimiento, es decir, han sido gastos para la preservación de los bienes.
SEGUNDO PUNTO: Según el abogado Lombana existe una comunicación enviada por el liquidador Alejandro Revollo a Supersociedades en la que se evidencia que el liquidador tenía diz que un negocio privado para la venta de Archie’s y que «curiosamente» resultó en un proceso de venta público.
RESPUESTA: Lo que sería sospechoso es que un proceso de venta público hubiera resultado en un «negocio privado».
En cualquier caso la comunicación a la que se refiere el abogado Lombana data de finales del año 2014 y en ella el liquidador advierte a la Superintendencia el deterioro que estaba viviendo Archie´s como consecuencia de la negativa del señor Maldonado para vender las acciones que le pertenecían y que no se encuentran intervenidas; incluso, esta comunicación fue reiterada a principios del año 2015, advirtiendo la necesidad de encontrar alternativas para salir a vender el activo a través del mecanismo excepcional que trae la ley y que le permite al liquidador vender directamente aquellos bienes que sufran deterioro.
En respuesta a esas comunicaciones la Superintendencia señaló que la facultad extraordinaria que contempla la ley es de total responsabilidad del liquidador, pero en cualquier caso dio instrucciones a la liquidación para que se realizara la valoración de Archie’s, para lo cual autorizó contratar los servicios de la banca de inversión Invercor S.A.
Con base en lo anterior, la liquidación decidió prorrogar el mandato de venta que se tenía con la firma HBI, a quien se le dio la instrucción de desarrollar un proceso público en el que se invitara a todos aquellos potenciales inversionistas interesados en el proceso, como efectivamente se hizo, y sobre la base de unos reglamentos escritos para participar en el proceso, como efectivamente también se hizo.
TERCER PUNTO: El liquidador levantó unas garantías existentes sobre unas acciones del Hotel Santa Clara, gracias a lo cual la inversión en el hotel se deterioró en un 30%.
RESPUESTA: Accor, principal accionista del hotel, tomó la decisión de adquirir todas las participaciones accionarias en el Hotel Santa Clara, exceptuando las pertenecientes al señor Maldonado. Cuando estaban realizando la operación encontraron que uno de los accionistas había pignorado sus acciones a la sociedad Andean Capital Market, perteneciente al Fondo Premium, para garantizar una obligación que Víctor Maldonado tenía con esta sociedad de Panamá por valor de capital de USD$2’500.000.
Tanto el accionista que había pignorado sus acciones como los representantes de Accor preguntaron al liquidador qué se podía hacer. El liquidador dio la respuesta legal, es decir, que la prenda sobre las acciones se podía levantar cuando se pagara la totalidad del crédito, lo cual sucedió en diciembre de 2015 con el pago de una suma aproximada a los $14.000 millones. Estos recursos, junto con otros que fueron producto de recuperaciones de cartera, fueron entregados a las víctimas en diciembre de 2015 y enero de 2016.
Es importante mencionar que este crédito era totalmente incobrable por dos razones: 1. El acreedor era Andean, sociedad domiciliada en Panamá y bajo control de Eric Andersen; 2. El deudor era una sociedad intervenida de Victor Maldonado que tiene que responder por el valor total de las reclamaciones y no sólo por créditos individuales.