Escribe Juan Diego Vélez, apoderado de víctimas de Premium:—
No es posible la devolución a ninguno de los intervenidos de ninguno de los bienes que les fueron embargados, hasta tanto no se pague el total de las acreencias reconocidas en el proceso. Este es el primer punto que se debe tener en cuenta al momento de resolver algunas de las solicitudes presentadas ante la misma Superintendencia. Además resulta absurdo, por decir lo menos, que se entreguen los bienes embargados, en común y en proindiviso, a una masa de personas que ostentan diferentes posiciones jurídicas –acreedores, proveedores, intervenidos, etc.– lo que hace absolutamente inviable el pago de las obligaciones: ¿cómo se procede a la venta de un inmueble que pertenece en común y proindiviso a más de 300 personas que deben ponerse de acuerdo en todos los términos del negocio? ¿Cómo “reunir” en un grupo amplio de personas a víctimas y victimarios? Estas preguntas tan simples justifican el calificativo de absurdo que le doy a este procedimiento.
Pero adicional a lo anterior, y más importante aún, es obligación de las autoridades, en este caso de la Superintendencia de Sociedades, establecer un mecanismos que respete los términos previstos en el Decreto 4334 de 2008, esto es, que posibilite que se pague primero a la VICTIMAS para que con el remanente se cubran otros pasivos. Si bien la figura es excepcional en el derecho colombiano, se encuentra vigente y fue declarada exequible por la Corte Constitucional.
Por tanto, la constitución de un patrimonio autónomo se convierte el mecanismo idóneo para resarcir no solo a las víctimas que salieron defraudadas en un proceso de captación ilegal, sino muy posiblemente a algunos de los acreedores que no ven hoy posibilidad alguna de recuperar las sumas de dinero que se les adeudan.
En un proceso que aunque largo tiene un recorrido alentardor para miles de inversionistas, y donde aun existen deudas insolutas por un valor superior a los 217.500 millones de pesos, esto es, cuando aún falta por pagar más del 55% del dinero ilegalmente captado, sería funesto que la Superintendencia recurriera a procedimientos que van en contra de la normatividad que rige la materia, y que la sana lógica no dudaría en desestimar.