Detrás de Interbolsa

Publicado el Alberto Donadio

Moore Stephens SCAI, revisores intervenidos

Tomado de El Espectador:—

A RAÍZ DE LIQUIDACIÓN DE LA FIRMA DE LIBRANZAS ELITE

Pulso entre Supersociedades y revisores fiscales

Maria Alejandra Medina

El gremio de contadores públicos afirma que, al enviar a liquidación a tres firmas, el ente de control desconoce una sentencia de la Corte Constitucional. La Supersociedades apela a un debido proceso.

Una verdadera discrepancia se ha generado entre la Superintendencia de Sociedades y el gremio de los contadores públicos, a causa de una decisión que tomó el ente de control y que, según los intervenidos, siembra temor en los revisores fiscales a la hora de ejercer sus funciones. Entretanto, la Supersociedades defiende la legalidad de sus determinaciones.

En diciembre pasado, la Superintendencia de Sociedades concluyó que la firma de libranzas Elite International Americas S.A.S. captó ilegalmente recursos del público. Algunos de los pagarés que se vendieron a los inversionistas se transaron sin un respaldo o lo que se vendía al inversionista no coincidía con lo que se descontaba al deudor origen del pagaré. Elite fue enviada a liquidación como medida de intervención, junto con otras 16 personas naturales.

En febrero, el ente de control fue un paso más allá: intervino por captación ilegal a los generadores de la cartera de libranzas que Elite vendía a los inversionistas. En uno de los casos, el de Credimend del Caribe, la Supersociedades informó que esta sociedad “vendió cartera a la sociedad Elite International Américas S.A.S. por las sumas incorporadas en los títulos valores, cuando, en el mejor de los casos, el recaudo correspondiente a cada uno de ellos era inferior al vendido o incluso, inexistente”, es decir, la plata para retornarle al inversionista no existía.

Pero la decisión cobijó a tres firmas de revisoría fiscal: Coveg Auditores S.A.S., Global Consultant Group S.A.S. y Moore Stephens SCAI S.A., por lo que al paso han salido actores como el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), defendiendo que los revisores fiscales “actuaron de buena fe y en el entendimiento” de la ley que establece que “el contador público en ejercicio de las funciones de revisor fiscal y/o auditor externo, no es responsable de los actos administrativos de las empresas o personas a las cuales presta sus servicios”, según la Ley 43 de 1990.

Al tomar su decisión, la Superintendencia se valió del artículo 5 del Decreto 4334 de 2008, que establece que son sujetos de intervención los revisores fiscales de la persona que llevó a cabo operaciones de captación masiva no autorizada de dineros del público. El INCP, por su parte, recordó que una sentencia de la Corte Constitucional, la C-145 de 2009, condicionó que el apartado en el que se basó la Superintendencia se podría aplicar “en el entendido de que no abarca a terceros proveedores de bienes y servicios que hayan procedido de buena fe, en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias y habituales”.

Ante la discrepancia, una de las firmas en liquidación, Moore Stephens SCAI, interpuso una acción de tutela. Mientras la revisora fiscal advirtió que, en efecto, la Superintendencia se había pasado por alto lo dicho por la Corte, la Supersociedades respondió advirtiendo que “actualmente se encuentra en trámite una solicitud de exclusión de los intervenidos que formularon los accionantes, la cual aún no ha sido resuelta” porque quedan pendientes etapas del proceso ordenadas por la ley.

El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela porque la Supersociedades aún tiene la competencia para decidir en este caso, es decir, si excluye o no a Moore Stephens de la liquidación. La firma, por su parte, advierte que, en caso de ser excluida de la liquidación, los “daños” ya estarán hechos, pues hoy las cuentas se encuentran congeladas y la reputación de Moore Stephens está en juego. Ahora, será la Corte Suprema de Justicia la que se pronuncie al respecto, mientras el proceso sigue en la Superintendencia, ante la cual, pruebas en mano, quienes consideren que no deben ser intervenidos deben demostrarlo.

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