Lo que ha hecho la fiscal Alexandra Ladino al ordenar investigar al liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo, es una infamia contra las víctimas de esta defraudación.
La única entidad del Estado que ha defendido los intereses de las víctimas de la estafa perpetrada por Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz es la Superintendencia de Sociedades, que intervino a Premium y luego ordenó liquidarlo.
La única dependencia estatal que ha devuelto dinero a las víctimas es el liquidador nombrado por la Supersociedades.
Aquí la fiscal no solamente difama y ataca al liquidador Alejandro Revollo sino que toma partido por los bandidos del Fondo Premium y en contra de las víctimas que perdieron más de $300 mil millones.
Alejandro Revollo no es más que el representante de las víctimas, el encargado de velar por la recuperación de sus activos. Cuando se le ataca a él se ataca a las víctimas de los delitos cometidos en Premium.
Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado llevan tres años saboteando el trabajo del liquidador a punta de tutelas, incidentes de nulidad, incidentes de exclusión y ataques públicos. A su servicio se coloca ahora la fiscal Ladino que supuestamente era la funcionaria encargada de la acusación contra los autores de la defraudación.
La fiscal Ladino ha perdido toda autoridad moral. Quienes sí deberían ser investigados por prevaricato son ella, el fiscal encargado Perdomo y el anterior fiscal Montealegre, funcionarios que se han burlado de la justicia y que a casi cuatro años de la quiebra no tienen condenados a todos los responsables. Montealegre dijo que se había declarado impedido en los procesos llevados por el abogado Jaime Lombana y se demostró que había mentido.
El próximo fiscal general debería destituír a la fiscal Ladino por su actuación abyecta y abusiva.