Detrás de Interbolsa

Publicado el Alberto Donadio

Juan Diego Vélez se opuso a beneficios

Comunicado Número 30

Una importante noticia registraron en la mañana de hoy los principales diarios del país: “Suspenden principio de oportunidad para Juan Carlos Ortiz”, quien ya fue condenado por tres delitos: estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies. Esperemos que pase lo mismo con Tomás Jaramillo Botero y las demás personas vinculadas a este desfalco financiero.

En su debida oportunidad nos opusimos a que se otorgara este principio de oportunidad:

Medellín, 21 de abril de 2016

Señor
JUEZ DE GARANTIAS
Bogotá

Referencia: PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
Beneficiarios: Tomas Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz Zarrate

Juan Diego Vélez Maya, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.085.650, abogado, identificado con la tarjeta profesional 31.704 del C.S. de la J., actuando en mi propio nombre en calidad de VÍCTIMA DEL FONDO PREMIUM, y en representación de más de 330 víctimas por cuyo mandato adelanto ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una Acción de Grupo contra la Superintendencia Financiera de Colombia, me permito pronunciarme sobre el PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD que se someterá a su aprobación, producto de la negociación adelantada por la Fiscalía General de la Nación con Tomas Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz Zarrate.

En una publicación de los doctores Luis Fernando Bedoya Sierra, Carlos Andrés Guzmán Díaz y Claudia Patricia Vanegas Peña, titulada “Principio de Oportunidad, Bases Conceptuales para su aplicación”, financiada por el el pueblo y el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Justicia, y presentada por la Fiscalía General de la Nación, se lee:

“Luego de arduos debates en el Congreso de la República, el Principio de Oportunidad fue incluido en el ordenamiento jurídico procesal que entró en vigencia a partir del acto legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004. Aunque existían reparos sobre la manera como la Fiscalía General de la Nación podría hacer uso de la posibilidad de renunciar, suspender o interrumpir el ejercicio de la acción penal, finalmente se incluyó el Principio de Oportunidad como una importante herramienta para lograr la solución alternativa de conflictos derivados de conductas punibles de poca monta, impulsar la justicia restaurativa como mecanismo de re-construcción del tejido social, evitar la imposición de penas innecesarias, lograr la colaboración de personas involucradas en conductas punibles para lograr la desarticulación de bandas de delincuencia organizada, en tre otros fines que serán abordados a lo largo de este trabajo.

Sin embargo, después de la entrada en vigencia del sistema acusatorio en Colombia, el Principio de Oportunidad no ha tenido la aplicación esperada, por lo que no se ha convertido aún en la “válvula de escape” del proceso penal. Por ello, uno de los fundamentos de la Ley 1312 de 2009 fue precisamente impulsar la aplicación y fomentar el desarrollo de di- cha figura jurídica”.

Leido lo anterior, resulta sorprendente que la Fiscalia General de la Nación llegue a un acuerdo con TOMAS JARAMILLO BOTERO y JUAN CARLOS ORTIZ ZARRATE, quienes aceptaron los cargos que les impuso el mismo ente estatal por los delitos de manipulación fraudulenta de especie, estafa y concierto para delinquir, y que suspendería la acción penal que se adelanta por el delito de CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO, y podría debilitar en juicio el proceso penal por el delito de NO REINTEGRO DE DINEROS, lo obviamente los beneficaría con reducidas penas carcelarias, no obstante estar comprometidos en uno de los mayores descalabros financieras ocurridos en Colombia.

Al momento de considerar la solicitud de aprobación presentada por la Fiscalía, el Despacho debería tener presente, entre otros, los siguientes hechos:

1.- De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, los beneficiados con el Principio de Oportunidad son lo cerebros de una organización que dio al traste con la principal comisionista de bolsa del país. En consecuencia, su colaboración con la justicia irá en contra de la misma, esto es, antes que castigar a los responsables directos, estos serán exonerados por la confesión que realicen del hecho imputado. Más adelante volveré sobre este argumento.

2.- No es de poca monta las conducta punible que cobija el Principio de Oportunidad sometido a su aprobación: se trata de captación masiva y habitual de dinero que afectó la confianza inversionista de los colombianos.

3.- Los beneficiados con el Principio de Oportunidad no solo no han reparado a las victimas del descalabro financiero en el que ellos participaron, sino que han impedido que los procesos liquidatorios avancen con la celeridad que les imprime la ley, interponiendo toda clase de recursos contra las diferentes decisiones que se han adoptado por parte de los auxiliares de la justicia designados por la Superintendencia de Sociedades. Como prueba de esta afirmación anexo copia algunas de diligencias adelantadas por Tomas Jaramillo Botero, quien a la fecha ha presentado propuestas de resarcimiento que cubre sumas ridículas frente a lo que fue la captación que dio origen al proceso. No desconozco el derecho del imputado en interponer los recursos que considere convenientes o necesarios, cuestiono, eso si, que los mismos sean indicativos de la buena voluntad que tiene Jaramillo Botero de que las víctimas sean efectivamente resarcidas.

4.- El doctor Francisco Bernate, apoderado de Juan Carlos Ortiz, justifica el principio de oportunidad, señalando que el mismo puede concederse “ cuando la persona puede dar informaciónon valiosa para el proceso” [1] Olvida el doctor Bernate que en este caso en particular, lo que hacen Tomas Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, señalados como los principales responsables del desfalco financiero, y dueños de las acciones con derecho a voto en el Fondo Premium, es confesar el delito e informando al operador jurídico las circunstancias de lugar, tiempo y modo en el que el mismo se cometió. Luego, no puede admitirse que los efectos de la confesión sean los mismo efectos previstos por la ley penal para quienes se acojan al Principio de Oportunidad.

Pero es otra falacia del doctor Bernate es pretender suspender la acción penal por el delito de captación masiva y habitual de dinero, por la dificultad que existe de encontrar la verdad si se tiene presente que hay que leer en juicio más de cien mil correo y practicar más de 1500 pruebas técnicas.[2] Que se hayan logrado obtener más de cien mil correo no significa que los cien mil correos deban ser leídos y que a los mismos se les tenga que practicar prueba técnica para poder obtener plena prueba. Cien, doscientos o trescientos correos de esos cien mil son suficientes para probar los hechos que se investigan y establecer la responsabilidad plena en los mismos de los sujetos a quienes se les imputan los delitos.

Jaramillo y Ortiz darán a conocer los hechos para que se suspenda la acción penal sobre un delito que se les imputa porque supuestamente no se logrará conocer toda la situación! Esto es: ¡No habrá pena porque se concede un principio de oportunidad debido a que no habrá pena porque no se podrán conocer los hechos! ¿Es este el sentido de oportunidad consagrado en la legislación penal colombiana?

Por último, se aceptan tres delitos, se suspende la acción penal porque se colabora en el esclarecimiento de un cuarto delito que es el de la captación masiva y habitual de dinero – si se aclara es porque existió – y se va a juicio a discutir el delito de no reintegro de dineros. ¿Cómo se explica esto cuando ocurre en el proceso donde se investiga a los principales actores y controladores de un desfalco que a través de Interbolsa SCB se hizo con el Fondo Premium?

5.- Con el otorgamiento del principio de oportunidad no se logra la solución de los conflictos derivados de la conducta cobijada por este, ya que los imputados no han presentado fórmulas viables de solución de la situación de las víctimas.

El principio de oportunidad debe conciliar los interes de los imputados con los de las víctimas, y en ningún caso ir en contra de estas. ¿Cómo se explica esto en la situación planteada por la fiscalia con los imputados Jaramillo Botero y Ortiz Zarrate?

Por todo lo anterior, muy respetuosamente le solicito no aprobar el principio de oportunidad acordado entre la Fiscalia General de la Nación y los imputados TOMAS JARAMILLO BOTERO y JUAN CARLOS ORTIZ ZARRATE.

Del señor juez,

JUAN DIEGO VÉLEZ MAYA
C.C. NO. 70.085.650
TP. NO. 31.704 DEL C.S. E LA J.

Por el momento les informamos que sigue adelante el trámite de la Acción de Grupo que se adelanta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra la Superintendencia Financiera de Colombia.

Un resumen del estado actual del proceso es el siguiente:

(i) El H. Tribunal ha recibido respuesta a los diferentes oficios en los que se pedía a dependencia públicas documentos relacionados con las investigaciones adelantadas contra Interbolsa SCB y sus directivos. Estamos a la espera de que la Procuraduría General de la Nación remita copia auténtica del expediente que contiene la investigaciuón contra el Superintendente Financiero, doctor Gerardo Hernandez. Este expediente consta de once mil folios y contiene toda la prueba recogida a lo largo de la investigación.

(ii) Se encuentra a Despacho en el Consejo de Estado, para ser resuelto, un recurso de apelación contra un auto del Tribunal que negó la práctica de algunas pruebas.

(iii) Esperamos que recibida la prueba documental solicitada, se cierre el período probatorio y se de traslado para presentar alegatos de conclusión ante el H. Tribunal.

Cordial saludo,

Juan Carlos Arango
Coordinador Logístico.

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