Detrás de Interbolsa

Publicado el Alberto Donadio

Estupiñán no fue veraz al posesionarse en entidad de víctimas de Interbolsa

En la Bolsa Mercantil de Colombia, cuyos principales dueños son las víctimas de Interbolsa, su actual presidente Francisco Estupiñán se posesionó sin informar que simultáneamente ejerce como liquidador de La Polar. Como presidente de la BMC devenga $40 millones al mes y por la liquidación de La Polar le autorizaron honorarios de $912 millones.

Este es el oficio 2015088381-004-000 del 7 de septiembre de 2015 en que Superfinanciera señala que el doctor Estupiñán no informó sobre su condición de liquidador de La Polar:

«Es necesario advertir que dentro del trámite de posesión como Presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, el doctor Estupiñán Heredia no informó a esta Agencia Estatal acerca de su condición como Liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades en el proceso concursal que esa Autoridad adelanta respecto de la sociedad Empresas La Polar S.A.S.

Así las cosas, esta Superintendencia agradece la información suministrada, la cual ha sido tomada como insumo para iniciar la actuación administrativa correspondiente.»

Los funcionarios de las entidades financieras que se posesionan ante Superfinanciera firman un formulario que dice:

«Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que toda la información que he suministrado en este formulario es veraz.»

Además, el formulario advierte lo siguiente a quienes se van a posesionar:

«Teniendo en cuenta la presunción de la buena fe de la que trata el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, se presume que toda la información que el postulado suministrará es veraz. Cualquier falsedad o fraude en la información suministrada, dará lugar a las acciones penales, civiles y administrativas a que haya lugar.

La información suministrada se entiende presentada bajo la gravedad de juramento.»

Los administradores de las entidades vigiladas por la Superfinanciera deben obrar «no sólo dentro del marco de la ley sino dentro del principio de la buena fe y de servicio al interés público», según el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. (art. 72)

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