Tomado de El Colombiano:—
Libranzas de Estraval, de atractivo negocio a descalabro denunciado
POR FERNEY ARIAS JIMÉNEZ | PUBLICADO EL 28 DE AGOSTO DE 2016
Cuatro clientes antioqueños que sumaron inversiones de 1.000 millones de pesos en la firma Estrategias en Valores (Estraval), en liquidación, fueron los primeros en denunciar penalmente a César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas Alemán, principales accionistas de esa sociedad.
La demanda interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 11 de agosto, pide abrir una investigación por la presunta comisión de varios delitos en los que habrían incurrido los demandados: captación masiva y habitual de dinero, no devolución, falsedad, concierto para delinquir y estafa en masa.
La acción legal se instauró un mes después de que la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) ordenara la liquidación de Estraval y sus firmas vinculadas Técnicas Financieras, Estrategias en Liquidez y Estradinámicas, debido a la imposibilidad de satisfacer las obligaciones adquiridas con sus acreedores.
Los demandantes, quienes pidieron omitir sus nombres, explicaron a EL COLOMBIANO que conocieron el modelo de negocio ofrecido por Estraval en 2013, mediante familiares en Cali, quienes tras ensayar el esquema y recibir los beneficios, lo sugirieron como buena alternativa de inversión.
“Vino una persona de Cali, nos presentó la propuesta, ofreció una tasa de retorno del 21 % efectivo anual por cinco años y una serie de garantías que hacían parecer que el negocio era infalible”, comentaron los denunciantes, quienes también fueron víctimas del descalabro de Factor Group.
El abogado José Luis Giraldo, apoderado de los demandantes antioqueños de Estraval, estima que junto a sus cuatro representados, hay otros 3.000 inversionistas que habrían puesto en esa firma 650 mil millones de pesos.
Entre tanto, el Gobierno reaccionó el 22 de agosto pasado con la expedición del Decreto 1348, con que pretende poner orden en el negocio de las libranzas (ver Análisis).
Algo pasó
Los incumplimientos en pagos de Estraval a comienzos de este año provocaron preocupación entre los cuatro inversionistas antioqueños, quienes se reunieron en Bogotá con Mondragón, líder de la operación: “nos dijo que el inconveniente era algo coyuntural y que todo se solucionaría en dos meses”.
Aunque desde agosto de 2015 la Supersociedades inició una serie de acciones contra Estraval, el pánico empezó a extenderse en mayo pasado, cuando la firma se sometió a un proceso de reorganización.
Finalmente, después de la orden de liquidación de Estraval, el pasado 15 de junio, la incertidumbre ha sido total. Los inversores esperan conocer el reconocimiento de acreencias, aunque esto no ha sucedido.
El esquema de libranzas
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) explicó que la libranza es un crédito de libre inversión, en que la persona autoriza al empleador o entidad pagadora para que de su salario, pensión o contrato le sean descontadas las correspondientes cuotas del préstamo.
Entre las entidades autorizadas a prestar mediante libranza figuran instituciones de fomento de desarrollo, sociedades comerciales, mutuales, cooperativas (financieras y no financieras), entidades financieras, cajas de compensación y fondos de empleados.
Según la Superintendencia Financiera, la cartera de libranzas otorgada por entidades que vigila, desde la promulgación de la Ley 1527 de 2012 o ley de libranzas, ha venido creciendo a una tasa anual promedio de 17,7 %. Al corte del primer trimestre de este año totalizó 36,4 billones de pesos (más de tres veces la cartera de microcrédito y 90 % de la total en vivienda). En cambio, la cartera de libranza de entidades no vigiladas supera 10 billones de pesos.
Pero la Asobancaria reconoció que la indebida gestión en la originación de la libranza, la venta de créditos respaldados con libranzas, por parte de entidades comerciales no vigiladas como Estraval y la falta de vigilancia y control han deteriorado la imagen del descuento directo o libranza y permitido el uso abusivo de esta figura, minando la seguridad y confianza en la actividad financiera (ver gráficos).
La distorsión
Juan Camilo Berrío, director de Inclusión Financiera de la Asobancaria, sostuvo que el esquema de libranzas está sujeto a hechos que pueden afectar su cancelación y frenar el flujo de recursos como el despido, renuncia o muerte del empleado que tomó el crédito.
“Esos son riesgos asociados al negocio se cubren, generalmente, con algún tipo de seguro. Lo claro es que la legislación permite que cualquier persona puede prestar plata y cobrar un interés. Lo que está prohibido es captar recursos masivamente”, añadió.
Berrío comentó que la Ley 1527 abrió la posibilidad para que sea el empleado quien escoja la entidad con que tomará el crédito, así que la empresa empleadora lo único que puede hacer es aceptar su rol de pagador directo.
Desde entonces, la situación del sistema financiero se volvió compleja por el ingreso de múltiples operadores de libranzas, lo que tornó agresiva la competencia. “Esto llevó a que el término de las libranzas que tenían un periodo prudencial de un año fuera más extenso, aumentando el riesgo de no pago”, añadió Berrío.
Entre las malas prácticas detectadas están los operadores o intermediarios que ofrecen pagarés de libranzas que ya fueron cancelados.
Adicionalmente, “algunos operadores arman paquetes de diez o doce deudores, con información falsa, en que indican que el tomador del préstamo gana más de lo que realmente le paga la empresa, lo que al final deja al inversor (comprador de esa libranza) con una acreencia por cobrar, al deudor con una cuenta impagable y al originador de crédito inmerso en un proceso complejo para salvar su responsabilidad”, anotó.
Para el abogado Giraldo, muchas de estas malas prácticas se emplearon para defraudar a sus clientes, y aseguró que para ello se montó una red de 14 entidades originadoras (cooperativas).
“Encontramos que las cooperativas funcionaban en algunos casos en las mismas direcciones, en una de ellas (Jota Emilio’s) la dirección no existe y de solo ver la ubicación y las oficinas donde funcionan, a nadie se le ocurriría hacer inversiones en estos sitios”, declaró Giraldo.
Para el defensor, se trata de “cooperativas de garaje”, cuya existencia, vinculadas como suministradoras de pagarés y libranzas, ponen en entredicho la legalidad de las operaciones de Estraval.
Para soportar su afirmación, Giraldo precisó que una mujer identificada comoSandra Lucía Santana Palomo aparece como directiva en varias de esas entidades: Realcoop, Coopsanse, Cooppijao, Cooprosol y Conalrecaudos, las tres primeras en liquidación.
Desde Fecolfín (gremio de cooperativas de ahorro y crédito y financieras), su presidente, Enrique Valderrama, afirmó que en Estraval hay unos responsables de montar la empresa, que utilizaron a los originadores de libranza, para que consiguieran a las personas que necesitaban dinero, de una forma similar a como opera una pirámide.
“Aquí cabe toda responsabilidad al Gobierno, que con la expedición de la ley de libranzas quitó exclusividad que sobre la originación de libranzas tenían las cooperativas de ahorro y crédito y la entregó a particulares inescrupulosos”, replicó (ver Polémica).
¿Más líos?
El mes pasado se conoció que la compañía de libranzas Elite, con cinco años en el mercado, no podría cumplir con sus obligaciones en corto plazo, resultado de que operadores se quedaron sin capital de trabajo para anticipar los pagos.
En un comunicado, esa firma admitió que sí debió reprogramar los pagos a sus clientes y aseguró contar con el respaldo patrimonial para garantizar su sostenibilidad (ver informe).
Lo cierto es que casos como Estraval, Factor Group, Interbolsa, Goldex y DMG, por decir algunos, dejan lecciones para sus clientes: que de eso tan bueno no dan tanto y que los avivatos apelan a esquemas cada vez más sofisticados para aprovecharse de los inversionistas.