La venta de la cadena de pizzerías Archie´s es una gran noticia para las víctimas del Fondo Premium y un gran éxito para la Superintendencia de Sociedades y para la liquidación del fondo.
La venta se hizo por $51.275 millones de pesos, suma que será destinada a una ulterior devolución a los acreedores reconocidos.
Esta negociación es el resultado de un largo y complejo proceso adelantado por el liquidador Alejandro Revollo y por el superintendente de sociedades Francisco Reyes Villamizar. Contra viento y marea ambos funcionarios lograron llevar a buen puerto la venta de la cadena de pizzerías que fue intervenida por orden de Supersociedades hace casi tres años, en julio de 2013.
Pese a todas las tutelas, incidentes, recursos y ataques por algún medio de comunicación contra la intervención, contra el liquidador y contra la Supersociedades, se logró concluir esta fase muy importante en la venta de los activos del Fondo Premium.
El doctor Francisco Reyes Villamizar, el doctor Alejandro Revollo, y el doctor Nicolás Polanía Tello, superintendente delegado para procedimientos de insolvencia, se hacen merecedores al reconocimiento de las víctimas de Premium. Sin la constancia y perseverancia de esos funcionarios y de sus antecesores, el ex superintendente Luis Guillermo Vélez y la ex delegada Angela María Echeverri, que han obrado aplicando las normas propias de la intervención, no se habría llegado al hito que se ha alcanzado hoy.
En 2014 Víctor Maldonado ofreció la cadena de pizzerías para saldar su deuda de capital. Entonces se estimó por la banca de inversión Nogal que podría valer entre 38 mil y 50 mil millones de pesos. La cadena se deterioró por no contar con crédito bancario y la última valoración giraba alrededor de 20 mil millones de pesos. Pero fue vendida por más de 51 mil millones de pesos.
Una gestión del superintendente y del liquidador que merece el aplauso de la opinión pública. No siempre las entidades gubernamentales mantienen el mismo tesón para alcanzar un objetivo año tras año. Es más raro todavía que lo hagan para cumplir las normas legales destinadas a no olvidar a las víctimas de defraudaciones financieras.