Detrás de Interbolsa

Publicado el Alberto Donadio

Colegio de Cáqueza: ¿préstamo o donación?

Tomado de El Espectador:——Un colegio en el caso Interbolsa
Instituto de Cáqueza recibió $172 millones en cheques de la comisionista. Encargados del colegio dicen que era una donación; empresa que dio el dinero asegura que era préstamo.
Por: Diana Carolina Durán Núñez

El colegio Santiago Gutiérrez, ubicado en Cáqueza (Cundinamarca), encerraba el sueño de una viuda millonaria llamada Alejandrina Gutiérrez, que había nacido en ese municipio, nunca tuvo hijos y quiso perpetuar la memoria de su padre Santiago, educando a “la juventud masculina dentro de las normas de la moral cristiana”. Doña Alejandrina, así lo consignó en su testamento, hizo del colegio su heredero universal y le dejó todo lo que poseía. De ese sueño, sin embargo, hoy no quedan más que una hipoteca, unos pagarés, un proceso ante jueces, una acción haciendo cola en la Corte Suprema y dos hermanos que pelearon, literalmente, hasta la muerte.
Se trata de José Joaquín y Carlos Ortiz Perdomo, quienes, además, son tío y padre de Juan Carlos Ortiz Zárate, uno de los señalados ‘cerebros’ del escándalo de del Fondo Premium. Carlos Ortiz, confirmó su familia, falleció hace unos cuatro años y desde entonces una de sus empresas, Intendencia Empresarial, entró en liquidación. Y es relevante para la historia porque, a menos de que la Corte Suprema de Justicia ordene lo contrario, ésta podría terminar siendo la dueña del colegio Santiago Gutiérrez. Todo por cuenta de los documentos que la rectora y representante legal del colegio, la religiosa Leovigilda Ballesteros, firmó en favor de Intendencia —cuyo gerente era Carlos Perdomo— en 2007.
Uno: la crisis
Los hermanos Ortiz Perdomo, familiares de doña Alejandrina, resultaron en orillas opuestas por un asunto de plata. A comienzos de 2006, el grupo que dirigía el colegio (llamados consiliarios, presididos por José Joaquín Ortiz) tenían claro que la situación financiera del colegio era una mirada al abismo: la Gobernación de Cundinamarca había retirado los auxilios económicos que le daba a la institución. En Cáqueza cuentan que la rivalidad política que surgió entre José Joaquín Ortiz y Pablo Ardila en 2003, cuando ambos se lanzaron a la Gobernación, fue el detonante de tal decisión.
“José Joaquín le contó a su hermano que iban a cerrar el colegio. Luego todos hablamos con él, pues él sabía que si las empresas ayudaban a fundaciones como la del colegio, podían reducir sus impuestos”, le contó a este diario otro de los consiliarios de la época, el arquitecto Héctor Morales. A inicios de 2006, tal como se lee en el acta del 8 de febrero, la Junta de Consiliarios se reunió en la oficina de Carlos Ortiz Perdomo y se discutió que el colegio, si quería sobrevivir, debía buscar un crédito financiero. Ya en abril de ese mismo año, en otra acta, se lee que Carlos Ortiz “ofreció generosamente, frente a todos los miembros de la Junta, una donación mensual de $12 millones”.
Era la cantidad que necesitaba el colegio para cubrir sus gastos. Entonces uno de los consiliarios, el ingeniero Hernando Gutiérrez Pabón, le preguntó a Ortiz: “¿Tenemos que devolver este dinero?”. Ortiz, dice el acta, respondió que no. “Sí, porque nosotros no estamos en condiciones de devolver ese dinero. Y el colegio menos”, indicó en ese momento Héctor Morales. “De repente demandaron al colegio por esa plata, y empezó el problemonón tan grande. Carlos después salió diciendo que nadie regalaba plata, nos metió en la vaca loca y ya llevamos como seis años en estas”, recuerda hoy Morales. Y agrega: “A la hermanita (Leovigilda) la hicieron firmar esos pagarés en un acto de mala fe”.
Dos: enredos con el dinero
Como se evidencia en el expediente, conocido en su totalidad por este diario, la rectora del colegio Leovigilda Ballesteros firmó ocho pagarés, un acuerdo en el que se afirmaba que eran “préstamos” para “proveer recursos urgentes” y una hipoteca a nombre de Intendencia Empresarial en caso de que el colegio no pudiera pagar sus deudas, para ese momento llegaban a los $399 millones con intereses. Se hipotecaron cuatro lotes y, precisamente, los consiliarios del Santiago Gutiérrez se enteraron de todo cuando Intendencia Empresarial decidió hacer efectiva la hipoteca.
En abril de 2008, Héctor Morales y Héctor Gutiérrez Pabón, consiliarios del colegio, le mandaron una carta a Carlos Ortiz. El documento también llevaba la firma de monseñor Héctor Gutiérrez Pabón, otro consiliario de la entidad, quien es hoy obispo de la Diócesis de Engativá (Bogotá) y es conocido especialmente por su papel en el fin de la Guerra Verde y por su amistad con el esmeraldero Víctor Carranza, a quien despidió en su funeral en junio de 2013 como un hombre que “encarnaba esa fe en el amor al prójimo”. En la carta, le manifestaron a Carlos Ortiz que, según habían entendido, los dineros aportados en 2006 y 2007 eran donaciones y nada más.
Y continuaron: “También acogimos su recomendación de que, para evitar expropiaciones, embargos o liquidaciones de la Fundación por parte de terceros, era conveniente hipotecar el colegio a favor del ente donante (…) El revisor fiscal también entendió en las reuniones que estuvo presente, que siempre se habló de una donación (…) Estamos muy preocupados ahora, por cuanto nos informan que los dineros que recibimos realmente eran préstamos, que la hipoteca es real”. En interrogatorio durante el juicio, y en un documento privado, Carlos Ortiz les respondió que estaban equivocados. A monseñor Gutiérrez, incluso, le dijo: “Sabe que una mentirita piadosa tiene indulto canónico”.
Tres: ‘Sí, era préstamo’
“Era obvio y de elemental comprensión que la empresa financiera (Intendencia Empresarial) suministraría recursos en términos comerciales —señaló Carlos Ortiz—. Jamás se dijo que este dinero se entregaba con carácter gratuito”. Cuestionó que tantos adultos hubieran asumido que se entregarían millones a cambio de nada. Y añadió que esos dineros se los habían entregado a “unos intereses nada atractivos”. Los cheques, además, fueron emitidos por Interbolsa, con la cual tenía cuenta la empresa de Carlos Ortiz. En el radar de la Superintendencia de Sociedades ya está Intendencia Empresarial, pero en principio parece que Juan Carlos Ortiz no tiene nada que ver con esta historia.
Monseñor Gutiérrez Pabón y su hermano se reunieron con Carlos Ortiz. Nada cambió. La demanda siguió su curso, y en julio de 2008 el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza señaló que ni los pagarés, ni el acuerdo ni la hipoteca podían considerarse válidos porque la hermana Leovigilda Ballesteros, aunque era la representante legal, no podía comprometer el patrimonio del colegio sin expresa autorización de la Junta de Consiliarios. La jueza señaló que así lo había determinado doña Alejandrina Gutiérrez en los estatutos del colegio. El abogado de la entidad educativa, José Luis Cáceres, murió de cáncer antes de conocer el fallo.
Intendencia Empresarial apeló. En marzo de 2012, el Tribunal Superior de Bogotá sostuvo que no era posible, como alegaba el colegio, que la hermana Leovigilda ignorara qué estaba firmando: “Cuando una persona suscribe un pagaré entiende que se trata de un título de contenido crediticio”. Agregó que la rectora Leovigilda, como representante legal del colegio, tenía “autoridad suprema en el instituto” y le dio la razón a Intendencia Empresarial: o el Santiago Gutiérrez pagaba la deuda o la hipoteca se ejecutaba. En junio de 2012, el Juzgado de Cáqueza hizo una liquidación del crédito con base en los pagarés firmados y en las tasas de interés: la deuda iba en ese entonces en $920 millones. Carlos Ortiz no alcanzó a conocer ese fallo.
Cuatro: el epílogo
Después de buscarla en Cáqueza, El Espectador llamó a la hermana Leovigilda para preguntarle por qué había firmado esos pagarés sin autorización de la Junta —como quedó plenamente demostrado en el proceso—, pero ella sólo atinó a decir que no estaba autorizada para hablar del caso y colgó el teléfono. Los registros de libertad y tradición de los predios del colegio muestran que desde junio de este año pesa sobre ellos una medida cautelar impuesta por la Corte Suprema, a la cual el colegio le pidió que revisara nuevamente el expediente. La familia de Carlos Ortiz asegura que éste siempre los mantuvo al margen del tema y que al compás del reloj la deuda crece. Los encargados del colegio, por su parte, insisten: “Siempre nos dijeron que era una donación”.
¿Qué dicen los estatutos?
Toda la disputa legal estuvo centrada, en buena parte, en una pregunta elemental: ¿podía la hermana Leovigilda Ballesteros firmar esos pagarés y acuerdos comerciales? Los artículos 3 y 4 del colegio dicen que “para enajenar algún bien del Instituto se necesitará en consentimiento unánime del rector, el vicerrector y los consiliarios”, así como que “la administración del patrimonio del Instituto estará a cargo de los consiliarios, quienes tomarán sus decisiones al respecto por mayoría absoluta de votos”. El Tribunal Superior de Bogotá, sin embargo, basó su decisión en el artículo 12: “El rector tendrá la suprema autoridad en el Instituto para toda clase de efectos legales, ante cualesquiera autoridades de la República”.
Ortiz Perdomo vs. Ortiz Perdomo
egún quedó consignado en el pleito, José Joaquín Ortiz, presidente de la Junta de Consiliarios del colegio Santiago Gutiérrez, se vino a enterar de que la rectora Leovigilda Ballesteros había firmado pagarés en favor de la empresa de su hermano cuando “el señor revisor fiscal nos (lo) puso de presente (…) pagarés que yo nunca jamás conocí”.
En juicio, Carlos Ortiz dijo: “El doctor José Joaquín Ortiz, a quien he admirado, respetado y querido mucho como hermano, se dejó infeccionar de la libido de la política y no reconoce que ya perdió todo poder ante las autoridades para conseguir favores en beneficio del colegio (…) me dolió ver que sus beneficiados le habían hecho un entierro simbólico por las calles de Cáqueza”.
Carlos Ortiz Perdomo falleció hace cuatro años. Su familia asegura que siempre los mantuvo totalmente al margen de las diferencias con su hermano.

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