Quedaron sin voz

Mientras el mundo miraba, atónito y angustiado, el desarrollo de un nuevo episodio de confrontación en Oriente Medio, bajo el impulso obsesionado del “ojo por ojo” que conduce a la ceguera, contra leyes y principios del derecho internacional y de obligaciones humanitarias, en Australia se consumaba un proceso que significó para unos la consolidación de una injusticia histórica y para otros la seguridad de un dominio importado.

A diferencia de la América Latina, donde hace 531 años se inició un complejo y enriquecedor proceso de mestizaje, que sigue en marcha, la presencia europea en Australia no ha dejado de ser, a pesar de las credenciales democráticas de ese país, una apropiación foránea, e irreversible, del continente, que ha implicado el marginamiento, o al menos la insatisfacción de su población aborigen y la aparente insuficiencia de su poder institucional.

Dentro de los asuntos por definir, luego de la independencia respecto del orden colonial británico, en Australia siguen pendientes dos temas respecto de los cuáles los ciudadanos han sido en ocasiones llamados a reflexionar y tomar decisiones por la vía de la consulta popular. Uno es el de la adopción del modelo republicano, que daría por terminado el vínculo con el Reino Unido, cuyo rey sigue siendo jefe del estado australiano. El otro es el de una cuota especial de poder, o al menos de expresión particular de voluntad, de los pueblos aborígenes, que habitan ese país desde hace miles de años.

Totalmente respetables como son los resultados de las consultas realizadas, y siendo el marco institucional australiano plenamente democrático, la idea de cambio hacia una república tiene más que todo valor simbólico. Pero no sucede lo mismo con el asunto de la vocería y el reconocimiento de una cuota particular de representación para los primeros habitantes y dueños originales del territorio llamado ahora australiano.

El 14 de octubre de 2023 se llevó a cabo un referendo dedicado a consultar si los australianos estaban de acuerdo en modificar la constitución para hacer un reconocimiento a los “primeros pueblos” mediante el establecimiento de una “Voz” ante el parlamento y el ejecutivo para los “aborígenes e isleños del Estrecho de Torres” en los asuntos que tengan relación con ellos. Cerca de un 60% de los votantes se manifestó en contra del cambio, que había figurado dentro de los propósitos del gobierno laborista de Anthony Albanese.

Los aborígenes australianos y los isleños del Estrecho de Torres constituyen, con cerca de un millón de personas, el 3.3% por ciento de la población del país. El 40% vive en grandes ciudades, y el resto en ciudades pequeñas y regiones remotas. Una tercera parte son menores de 15 años y una minoría se encuentra en la tercera edad. El De Torres es un estrecho marino que separa a la isla australiana de la de Nueva Guinea y lleva ese nombre en honor del descubridor español Luis Váez de Torres, que lo navegó y dio cuenta de sus islas en 1606.

El resultado del referendo es el más reciente suceso de una serie que comenzó con la toma del territorio por parte de los británicos, el establecimiento de su poder y la segregación de los aborígenes. Modelo de dominación que estuvo acompañado de diferentes formas de “organización” impuesta a las comunidades originales, como la separación familiar de niños indígenas con el objetivo de “formar”, o “deformar”, según el ángulo desde el cuál se vea, generaciones que debían asimilar de manera forzada la cultura de los colonizadores. Práctica que existió hasta bien entrado el Siglo XX.

Cuando, en 1901, surgió la Commonwealth de Australia, que nació con su propia constitución, los pueblos indígenas quedaron excluidos de toda referencia. Momento desde el cual se inició una lucha por el reconocimiento de su ciudadanía, sus derechos, su inclusión social, la opción de controlar sus propios asuntos locales y poner fin a la práctica de separación forzosa de los hijos de familias aborígenes.

Diferentes reformas llegaron a consolidar instancias institucionales favorables a la incorporación paulatina de aborígenes e isleños a la corriente principal de la vida australiana, con derechos y obligaciones que, en todo caso, no han sido suficientes para el logro de una integración aceptable y practicable para todos.

En 1999, cuando ad portas del nuevo milenio se convocó a referéndum para decidir si Australia se convertiría en república, se preguntó también si los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres fueran adicionados en el preámbulo de la constitución, como “pueblos de la primera nación”. La mayoría rechazó el conjunto de la propuesta.

En 2007, John Howard, candidato liberal a primer ministro, prometió en campaña realizar un referendo que incorporase una “Declaración de Reconciliación” con los pueblos aborígenes en el preámbulo de la constitución, pero perdió las elecciones. En 2008, Kevin Rudd, laborista, presentó excusas en el parlamento por las “Generaciones Robadas”, pero todo quedó ahí, como una de esas declaraciones tipo Pilatos, que no tienen consecuencias más allá del siguiente brindis.

Un Acuerdo de Reforma Nacional Indígena pactado con el gobierno en 2008 señaló las pautas, propósitos y estrategias para cerrar la brecha entre los aborígenes y el resto de la sociedad australiana. En 2013 una ley hizo por fin el reconocimiento de los indígenas como primeros habitantes de Australia y estableció un calendario para que el gobierno pusiera las cosas a punto para el reconocimiento constitucional correspondiente.

En 2017 los aborígenes produjeron la “Declaración de Uluru desde el Corazón” en la cual pedían tener “una voz en el parlamento” con fundamento en la constitución nacional, una “comisión de la verdad” y un proceso conducente a una especie de nuevo tratado entre las “Primeras Naciones” y el gobierno.

La idea del referendo del 14 de octubre de 2023 era simplemente la de que los pueblos indígenas australianos pudieran opinar, en una instancia institucional garantizada por la constitución, no modificable por uno u otro gobierno, sobre los asuntos que les pudiesen afectar.  No se trataba de una instancia con poder legislativo ni de veto sobre decisiones gubernamentales. El Parlamento se encargaría de reglamentar el funcionamiento del sistema. Eso era todo.

Los argumentos a favor de “la Voz” resaltaban la significación emblemática del reconocimiento constitucional a los primeros pueblos, además de facilitar los procesos de desarrollo de una comunidad que vive problemas sociales suscitados, entre otros motivos, por su marginalidad estructural. De manera que la suma de reconocimiento y opciones de desarrollo podrían converger en una reconciliación con el pasado y con el resto de la sociedad australiana.

Resulta interesante, por supuesto, conocer los argumentos mayoritarios, que dan la impresión de una sociedad poco interesada en el destino de esos pueblos que, a pesar de haber estado en el territorio desde épocas inmemoriales, son vistos como remanentes de un pasado que a nadie interesa. Lo cual se refleja en el argumento de que “la Voz” podría ser un riesgo para el buen funcionamiento del sistema de gobierno, representaría una división formal del país en favor de un grupo de ciudadanos en un país de iguales, y no serviría por sí sola para cerrar la brecha con el resto de la sociedad.

Ante el fracaso del referendo australiano, resulta interesante contrastar el continuado marginamiento de las primeras naciones en el seno de esa democracia elegante y admirada, con el proceso nuestro, que tiene como premisa fundamental la fuerza extraordinaria del mestizaje, incluye las “leyes de Indias”, que se adelantaron a tratados fundamentales del derecho internacional humanitario, y remata con la letra y el espíritu de nuestra constitución contemporánea. Que debemos poner en práctica.