Por el respaldo popular a la Constitución del 91

El voto de los colombianos en la segunda vuelta de la elección presidencial tendrá significación como expresión de la voluntad popular de apoyo o rechazo a la Constitución que tenemos.

Venimos de cuatro años de la secuencia más agresiva de falta de respeto a la Constitución que cada jefe del Estado jura cumplir cuando se posesiona. A lo largo del cuatrienio, y luego a manera de despedida, el presidente saliente hizo flotar el llamado a una asamblea constituyente. Y el candidato que, con su apoyo explícito, aspira a continuar su proyecto, no descartó el avance en esa dirección. El hecho de que ahora, por motivos de estrategia electoral, hayan dicho que retiran la idea, no cambia el fondo del asunto. Ya vivimos la experiencia de quien hace cuatro años prometió con escrito sobre piedra que no convocaría una constituyente. 

A lo largo del periodo presidencial que termina, las Altas Cortes y el conjunto de la Rama Judicial del Poder Público han defendido con valor el Estado Social de Derecho en medio de tempestades de insolencia. También lo han defendido diferentes sectores políticos en el seno del Legislativo. Los organismos de control del Estado han cumplido bien que mal su tarea. Y la Organización Electoral ha hecho valer su independencia respecto del gobierno, como debe ser, porque tenemos reglas claras de orden constitucional que evitan el autoritarismo del Ejecutivo. 

Al llegar el momento de la consulta ciudadana que implica la escogencia de un nuevo presidente, el apoyo a la Constitución, o a su cambio, se ha vuelto tema de la mayor importancia. Así como hay quienes estuvieron recogiendo febrilmente firmas para promover una constituyente, se ha formado a lo largo y ancho del país, y en los más diversos sectores de la sociedad colombiana, una vigorosa corriente en favor de la defensa, cumplimiento y desarrollo de los principios, derechos, y reglas de acción del Estado consagrados en la Constitución de 1991. 

Es posible que algunos ignoren, por falta de interés o por razones de edad, la forma como fue adoptada la Carta del 91, así como el contenido y alcance de sus preceptos. Por lo cual resulta infundado que apoyen su cambio sin conocerla a fondo y sin saber que es una de las más avanzadas del mundo en materia de libertades y opciones de acción democrática. 

La Constitución de 1991 fue la culminación de un largo y complejo proceso de exigencias históricas y reclamos populares, comprendidos en mayor o menor medida por diferentes gobiernos, comenzando por el de Alfonso López Michelsen, 1974-1978, “gobierno puente” entre el modelo del reparto bipartidista del poder propio del Frente Nacional y la satisfacción de las necesidades institucionales de una nación que requería entrar con solvencia en una nueva era.

Se reclamaba autonomía regional y local, democratización profunda, pluripartidismo, derechos ampliados, separación y equilibrio de poderes, estados de excepción regulados, un estatuto de la oposición, reconocimiento de los pueblos indígenas y de las comunidades negras y palenqueras, lo mismo que de comunidades de orientación sexual diferente de las tradicionales, participación ciudadana, planeación obligatoria, manejo económico confiable, controles al Estado y un sistema electoral cada vez más adecuado y transparente.

De ahí en adelante, como lo explica de manera clara y pedagógica el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar, en un afortunado video que se puede consultar en https://youtu.be/biBhLs5kX10?si=sna1CIYrDCLZpetJ, la nación y sus gobernantes, aún en medio la arremetida brutal del narcotráfico y la acción de diversos movimientos de subversión armada, que buscaban cambiar el Estado a su gusto, jamás cejaron en el empeño de realizar las reformas necesarias para dotar al país de un nuevo esquema institucional. 

El presidente Virgilio Barco, que realizó gestiones exitosas de paz con el movimiento guerrillero M19, al que pertenecía el actual presidente de Colombia, anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente, cuya elección popular se produjo, después de muchos avatares y al impulso de la juventud universitaria de la época, bajo el gobierno del presidente César Gaviria, que propició y animó con todo interés el proceso.

La discusión sobre el contenido de la nueva constitución no se llevó a cabo solamente en el seno de la Asamblea, sino que previamente, en su gestación, tuvo lugar una discusión amplia y abierta desde lo más profundo de Colombia, con mesas de discusión destinadas a acopiar todo tipo de sugerencias, con participación de actores tradicionales, innovadores, revolucionarios de salón, exguerrilleros, juristas, economistas, sociólogos y estudiantes creativos, con el ánimo de contar con un texto constitucional que fuese patrimonio de la nación colombiana y no un etéreo “canto a la bandera” o algo de lo que se deban ocupar solamente juristas, políticos y gobernantes. 

En la nueva Carta se estableció un Estado social de derecho guiado por principios democráticos y garante de una amplísima gama de derechos individuales y colectivos, así como de medidas de protección ambiental, y garantías y deberes para todas las personas, sin que importe cuál sea su etnia, condición, creencia religiosa, orientación sexual o identidad de género. Y aparecieron mecanismos de protección de esos derechos, como la acción de tutela, y todo un catálogo de medios de defensa ciudadana, e instituciones como la Defensoría del Pueblo. Además, se adoptaron principios relacionados con la paz como valor, principio y derecho fundamental colectivo, con la obligación estatal de garantizarla.

Se adoptó una estructura del Estado con auténtica separación de poderes propia de una democracia avanzada. De manera que los presidentes no pueden considerarse omnipotentes, ni intérpretes únicos e indiscutibles de la voluntad popular, ni tomadores exclusivos de las decisiones públicas. 

Se adoptó la posibilidad de Moción de Censura por parte de las corporaciones públicas contra ministros y otros funcionarios, cuando la gestión de los asuntos a su cargo sea deficiente, o cuando no acaten las citaciones para responder inquietudes de control político. 

Se fortaleció la independencia de la Rama Judicial, con administración y autoridad de disciplina propias, y apareció, como modelo para muchos otros países, una Jurisdicción Constitucional encargada de mantener la integridad y darle vida a la constitución política, a través de interpretaciones de su contenido que profundicen el sentido de sus principios en el ámbito de la vida real de nuestra sociedad. Se creó además la Fiscalía General de la Nación, encargada de darle vida y efectividad al sistema penal acusatorio, para luchar de manera más efectiva contra el delito.

Para conseguir una descentralización efectiva del poder y del ordenamiento del territorio, se ratificó la elección popular de alcaldes, hasta entonces la principal transformación de la democracia colombiana, adoptada en 1986, y se estableció la elección popular de gobernadores. Además, se estableció el voto programático como exigencia de cumplimiento de sus programas de campaña a alcaldes y gobernadores, para que sometan a la decisión popular proyectos realizables y respondan por su ejecución. 

Se establecieron los Territorios Indígenas como entidades territoriales, a la par de Municipios, Distritos y Departamentos. Y se abrió la posibilidad de que existan nuevas entidades territoriales como las Provincias, que agruparían varios municipios, y las Regiones, que agruparían varios departamentos. Además, se refinó el sistema de irrigación de recursos hacia todas esas entidades. 

Otra cosa es que las comunidades indígenas no hayan logrado ponerse de acuerdo sobre la forma de organizarse como Entidades Territoriales, ni ha habido partido ni gobierno capaz de ayudarles a conseguir ese propósito. Tampoco ha habido, salvo intentos de avance como el de los departamentos del Caribe, quien tenga la audacia de aprovechar el espacio constitucional para la creación de Provincias y Regiones, que facilitarían una gestión más adecuada del territorio y una mejor protección de nuestros recursos. 

Por todos lados aparecen en el texto opciones verdaderas de participación democrática, desde las instancias de la planeación del desarrollo hasta el control ciudadano de los actos de la administración del Estado. 

Se dejó atrás el bipartidismo, que había animado con exclusividad la vida política, para abrir espacios a nuevos partidos y movimientos, que deben funcionar conforme a principios democráticos. También se abandonó el confesionalismo y se dejó espacio para la coexistencia de diferentes creencias y religiones. 

Se establecieron reglas y garantías para el ejercicio de la oposición, anteriormente desprotegida, como factor indispensable de una controversia civilizada y además leal con los principios constitucionales y los propósitos que ellos representan para la nación colombiana.   

Se adoptó el sistema de Banca Central para el manejo de la política monetaria, como en los países más avanzados, en busca de que se pueda disfrutar de moneda sana y estabilidad monetaria. De manera que ese crucial asunto no quede en manos del gobernante de turno, que puede ser proclive al retrógrado caudillismo latinoamericano en el que un cacique adopta a su gusto y conveniencia medidas monetarias y después se larga dejando endeudada a la nación, cuando no se perpetúa en el poder para obrar como padrecito bondadoso de millones de menesterosos a los que, con ayuda de la represión, mantiene ilusionados con algún discurso pseudo-poético que garantice su fidelidad.

Para garantizar la conversión límpida de la soberana voluntad popular en poder conferido a servidores públicos elegidos, se estableció una Organización Electoral autónoma, por fuera de las Ramas del Poder Público. De manera que la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizadora de todos los comicios, no depende para nada del gobierno de turno, ni éste tiene facultad de aprobar o rechazar los resultados electorales, porque no es de su incumbencia. 

Una nación del Siglo XXI, que cuenta ya con un ordenamiento constitucional tan refinado que otros países estudian cuando sienten la obligación de ponerse al día en materia de derechos, separación de poderes, controles adecuados, manejo monetario responsable y elecciones libres, tiene que sentir preocupación ante los anuncios enredados y nebulosos de llamado a una constituyente. 

Semejante llamado resulta preocupante, pues el concepto de asamblea constituyente significa que el cuerpo colegiado que se ocupe de ella tendría plenos poderes para cambiar la constitución en su totalidad, y reemplazarla por una con orientación completamente diferente. Y es que, en medio del entusiasmo enigmático de los promotores de la idea, se ha omitido la distinción fundamental entre una “asamblea constituyente”, que es la que piden, que permitiría la abolición de la del 91, y una “asamblea constitucional”, que conceptualmente es aquella que se reuniría para realizar unos pocos cambios puntuales. 

De manera que el riesgo resulta justificado, porque no es que carezcamos de principios y mucho menos de derechos y organización estatal democrática, ni de controles a los gobiernos, ni de garantías para nadie por diverso, ni opositor que sea, ni de medios para defender el medio ambiente, ni de controles al Estado, ni de libertades de acción en el campo que se quiera. 

No se sabe a ciencia cierta qué es lo que desean cambiar los promotores de una constituyente, en pausa ahora por la conveniencia electoral de no insistir en el tema. 

Por si acaso, pensar en “asamblea constituyente”, con todo lo que ello implica, para cambiar el sistema de salud o el de pensiones, es huir hacia adelante ante la impotencia política para impulsar esos cambios en uso de las opciones que existen dentro de la constitución que tenemos. Salvo que se busque en su momento armar una algarabía para obtener el giro de un cheque en blanco que permita a quienes han demostrado sobresaliente insuficiencia en el respeto por las instituciones y el manejo del gobierno, echar por la borda lo que tenemos y producir una chapuza que cambie radicalmente el ordenamiento constitucional, que el mismo M19 ayudó en su momento a adoptar.  

Colombia no es una nación desgraciada, aunque no faltan quienes insisten en convencernos de lo contrario. Mientras ellos insisten, con un discurso importado que nos pone a la par de países que llegaron al concierto de las naciones libres muchas décadas después de nosotros, aquí se han hecho esfuerzos enormes, a veces desordenados, otras veces infructuosos, pero la mayoría de un éxito asombroso, por salir adelante. De manera que el panorama de la Colombia de hoy no se puede comparar con el de hace medio siglo.

Lo importante es que los protagonistas de esos esfuerzos y de esos éxitos hemos sido los colombianos, y no ha sido obra de ningún jefecito iluminado. La gente que aquí acostumbran todavía a llamar “de a pie”, como en la época colonial. Esos millones de familias que, lideradas por madres o padres heroicos, han sabido salir adelante en toda circunstancia, en nuestro territorio y por todo el mundo, y hoy viven una realidad mucho mejor que la de sus abuelos. 

Llevamos el lastre de una desigualdad que no es solo posible sino obligatorio desmontar. Para eso tenemos a la mano los elementos reales y además los propósitos y mandatos de la solidaridad, la dignidad humana, el trabajo, los deberes sociales del Estado y la prevalencia del interés general, consagrados en los dos primeros artículos de la Constitución de 1991.

La “apertura económica”, adoptada por la misma época de la Asamblea Constituyente del 91, nos sacó de una típica tradición latinoamericana de andar dando tumbos y nos metió de frente, con realismo audaz, en el difícil y azaroso mundo del capitalismo. 

Esto vino a servir de base para que el país supiera afrontar, mejor que otros en nuestra América, la realidad de un modelo hegemónico en todo el mundo, que, como lo reconoce la socialdemocracia, es navegable con voluntad, creatividad y esfuerzo. De manera que todo dependa de una ciudadanía visionaria, que haga uso de su ADN de luchadora, en lugar de declararse vencida y esperar que sus enemigos la socorran.

Todo esto de ninguna manera exime al Estado de obligaciones ineludibles en materia económica y social, que no puede dejar en manos de particulares que obran con una lógica diferente de la del servicio público. Porque en muchos escenarios de un país enorme y variado, multicultural y afectado en ciertos parajes por injusticias ancestrales, no se puede dejar todo a un juego abierto que profundice diferencias y abusos. 

A la cabeza del Estado requerimos de alguien que comprenda todo esto y llegue a cumplir el juramento que hacen los presidentes de defender la constitución y las leyes, que son parámetros de la vida social y no asunto de especuladores bizantinos. De alguien que gobierne para todos y no para favorecer caprichosamente a sus amigos y perjudicar a sus enemigos. Alquien que no llegue al poder a ejercer la oposición desde dentro del sistema, para degenerarlo y crear las condiciones de un desmonte, gradual o explosivo, del país que tenemos, que es el único que tenemos. 

No merecemos un caudillo del siglo antepasado que llegue a dictar su voluntad “inspirada”, ni un lector de discursos que nos obligue a devolvernos a propósitos y modelos fracasados de hace sesenta años. Debemos tener un presidente que presida y al tiempo contar con un equipo amplio de facilitadores honestos para que esta nación de emprendedores, desde fabricantes de empanadas y repartidores en motocicleta que se meten por todas partes, hasta empresarios de nivel internacional, pueda dar rienda suelta a su creatividad y su deseo de progreso, con una actitud optimista que nos sacaría adelante si todos la asumiéramos, en lugar de actuar innecesariamente con el odio y el resentimiento de quien se está ahogando en la inmundicia y desea que alguien lo saque con helicóptero.

Para que todo esto sea posible, el voto del 21 de junio servirá de manifestación de apoyo a la constitución Política de 1991, que se adelantó a su tiempo para establecer las bases de un país democrático del Siglo XXI. Del respaldo que obtenga, a través de ese voto, la institucionalidad allí consagrada, depende en gran medida la claridad de nuestro futuro.

Tal vez si estuviera vivo Gabriel García Márquez, el escritor colombiano más grande de todos los tiempos, podría decir, desde la altura de su centenario, como solía decirlo respecto de gente que era excelente, pero obraba como caminando a tientas: “ustedes son unos berracos y no se han dado cuenta”.