Marine ante la justicia

Marine Le Pen ha tenido que comparecer ante la justicia por haber utilizado en el engranaje interno de su partido político en Francia los servicios de asistentes pagados por el Parlamento Europeo. Sus credenciales para competir nuevamente por la presidencia en 2027 se verán afectadas por la acusación y sobre todo por un eventual resultado adverso del proceso judicial.

Parecería que los practicantes originales de la democracia, ocupados de las cosas de fondo, no calcularon de entrada la relevancia creciente del dinero como medio de financiación de partidos y campañas políticas. Lo cierto es que pronto se vino a saber que no era simplemente cuestión de salir a la calle, o al ágora, a decir bellezas, verdades o mentiras, y a vender o frustrar ilusiones a punta de oratoria, demagogia o buenas razones. Se hacía necesario contar con fondos suficientes para hacerse ver, difundir el contenido de plataformas y animar la logística cada vez más compleja del funcionamiento de agrupaciones políticas, parlamentos, congresos, campañas en busca de votos, e inclusive recibir apoyo en el empeño de mantenerse en el poder.

Es más: en muchos casos, financiar partidos y campañas se ha llegado a convertir en “inversión” de rentabilidad política y económica, que busca asegurar decisiones públicas favorables a intereses particulares. Y la imaginación se ha agudizado en forma tal que se apela a trucos diversos para conseguir que alguna instancia pública financie el funcionamiento de equipos a cuyo cargo esté el día a día de una organización política que cuesta hacer andar.

El caso de la señora Le Pen adquiere importancia particular en este momento de la vida francesa debido al poder que tiene en la Asamblea Nacional, donde no cuenta con mayoría para gobernar, pero sí que la tiene para entorpecer lo que le parezca. Con el ítem adicional de que en casos como el de ella resulta fácil hacer circular la sospecha, fundada o no, del posible sesgo político de las acusaciones, que puede hacer carrera ante un público no siempre interesado en entender la finesa estrictamente jurídica de los argumentos que pueden llevar a una figura política ante los estrados judiciales. 

Su partido “Agrupación Nacional” obtuvo el primer lugar dentro de las formaciones políticas de Francia en las elecciones de junio pasado al Parlamento Europeo. Después de eso, en lo que parecía una marcha triunfal, tenía ya candidato a primer ministro, a juzgar por su reiterado éxito en la primera vuelta de los comicios internos que de manera sorpresiva convocó el presidente Macron en la mitad del verano, aparentemente para cerrarle el paso a Marine hacia las presidenciales de 2027. Solo que, en la segunda vuelta de esos comicios el partido de ella terminó en tercer lugar, superado por una estrategia que condujo al primer puesto al Nuevo Frente Popular, de izquierda, y al segundo a Juntos por la República, los de Macron, de centro. 

Aunque Marine aguantó el golpe electoral, ha anunciado que su fuerza en la Asamblea Nacional estará lista a derribar al nuevo gobierno francés si lo llega a estimar conveniente, cosa que puede hacer al apoyar una moción de censura, así sea en alianza con la izquierda, mientras su movimiento político sigue con la mirada puesta en las presidenciales. Marcha que se puede ver afectada precisamente por el asunto de los asistentes en Francia pagados con fondos europeos.

Con su talante de abogada y el vigor que la caracteriza, la señora Le Pen dijo ante los jueces que los asistentes parlamentarios, pagados por Bruselas, estaban naturalmente involucrados en política, que era ingenuo suponer que no estaban participando todo el tiempo en un trabajo político, y que sería una “falsa distinción” esperar que trabajaran solamente para el Parlamento Europeo, que no se puede disociar del escenario francés. Lo malo es que su asistente personal, su guardaespaldas y un diseñador gráfico, por ejemplo, estuvieron acreditados en Bruselas como si trabajaran en el seno del EuroParlamento, y sólo habrían estado contadas horas en su supuesto lugar de trabajo, mientras en realidad laboraban al servicio del partido en Francia. 

Las cosas son muy diferentes vistas desde el ángulo de la Fiscalía, que considera que se trata de funcionarios al servicio de un partido político en Francia, cuando deberían cumplir funciones en Estrasburgo y Bruselas, dentro de la maquinaria de funcionamiento del Parlamento de la Unión, que les ha pagado. 

Como suele suceder en casos judiciales que involucran a personas que tienen, o pueden llegar a tener poder, los involucrados juegan con el tiempo. Para ello buscan que los procesos se alarguen de manera que, cuando haya por fin sentencia definitiva, sus efectos sean lo más inocuos que se pueda, mientras circula la idea de que los procedimientos judiciales son maniobras políticas; argumento aceptado sin reservas entre los adictos a la jefe cuestionada y los aficionados a las teorías conspirativas. 

También suele ocurrir que los inculpados guarden en la manga sus propias alternativas ante posibles derrotas jurídicas, aunque sea para armar un desorden político de cualquier proporción que pueda resultar favorable a unos cálculos que no dejan de ocupar sus trasnochadas y sus ilusiones. 

En este caso, si Marine resulta absuelta antes de la elección presidencial de 2027, quedaría fortalecida. Si llegare a ser condenada, una interdicción de diez años para ejercer cargos públicos la sacaría de la carrera. Si el proceso subsistiera luego de la elección de ese año, y el fallo llegare a ser adverso, tendría inmunidad.

Mientras tanto, en la Asamblea Nacional tiene votos suficientes para acabar en cualquier momento con el gobierno precario de Michel Barnier. Aunque, como ya se dijo, para eso tenga que coincidir con la izquierda, también lista a aliarse con el diablo por unos minutos, si es lo que le conviene. Cosas de animales políticos aquí y allí.